Vivas tilda de “intransigentes” las peticiones de dimisión solicitadas

La reacción política a la comparecencia del ministro de Interior ha dado a una serie de reacciones en cadena que tienen en común algo: todas piden el cese del titular del Ministerio, Jorge Fernández Díaz, del director general de la Benemérita, Arsenio Fernández de Mesa, y hasta del propio delegado del Gobierno, Francisco Antonio González. Ya en la comparecencia del ministro, los grupos de la oposición hicieron estas peticiones. Ayer a las mismas se sumaron los partidos locales. Pues bien, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha manifestado en declaraciones recogidas por El Faro, que tales peticiones carecen de fundamento, insistiendo en el apoyo que, como máximo representante de la institución en la ciudad, da a los actores políticos que han tenido algo que ver en la gestión de este drama migratorio.
“Creo que es una actitud absolutamente inapropiada. Es la actitud de quienes se comportan de manera intransigente y arrogante, que consiste en que todo aquel que no piensa como ellos y no defiende lo que ellos defienden, tiene que dimitir, abandonar, aún cuando ampare la legitimación de haber actuado de manera inmediata y transparente y aún cuando ampare también la legislación vigente. No se ha hecho otra cosa que cumplir la ley. Llamé al ministro para decirle que el Gobierno de la Ciudad está con el ministro y con la Guardia Civil”, expresó el presidente Vivas, criticando la actitud de los partidos que, de forma genérica, se han subido al carro de esta ristra de peticiones de ceses.
“La labor de vigilante y de centinela que ejerce la Guardia Civil no es una labor que a todo el mundo le guste pero hay que hacerla, porque hay que preservar nuestras fronteras. Esto en absoluto se corresponde con una actitud insensible ante el drama humano de la inmigración. Es compatible sentirse dolido, apenado y conmovido ante esto y defender el trabajo que la Guardia Civil realiza, que va en beneficio de todos, de España; que se lleva a cabo en condiciones de alta exigencia y que no todo el mundo, desgraciadamente, comprende; un trabajo sometido a presión y que hacen de forma correcta, consecuente y proporcional a las necesidades que se presentan”, significó Vivas.
“La Guardia Civil salva muchísimas vidas en el mar y son los primeros en lamentar el drama de estas personas. No son los culpables ni la Guardia Civil ni el ministro. Lo culpables son las mafias que se dedican a traficar con las personas en una nueva versión dramática y reprobable de la esclavitud”, apuntilló.
El propio ministro alertó ayer del punto de mira que las mafias tienen sobre las fronteras de Ceuta y Melilla, advirtiendo sobre la peligrosidad de mostrar una vulnerabilidad hacia esas mafias que quieren explotar los pases de inmigrantes, de forma masiva, por las puertas fronterizas de las dos hermanas.
De hecho Marruecos frenó solo en 2013 hasta 41 intentos de entrada masivos. En este año ha habido ya una decena, siendo el más trágico el ocurrido el pasado 6 de febrero con las muertes causadas en territorio marroquí.

Carracao cree que la Guardia Civil puede
ser “el chivo expiatorio”

El secretario general del PSOE de Ceuta, José Antonio Carracao, tachó ayer de “grave” que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, hiciese el jueves en su comparecencia en el Congreso de los Diputados “referencia expresa al capitán y al jefe de la Compañía responsables de la impermeabilización” de la frontera. A su juicio, “que todo un ministro” les “señale directamente huele muy mucho a que están buscando chivos expiatorios”. Tras insistir en solicitar las dimisiones del director general de la Guardia Civil y del delegado del Gobierno en Ceuta, Carracao acusó a la cúpula del ministerio y a Francisco Antonio González de “traten de cubrirse las espaldas a costa de los funcionarios”, algo de lo que aseguró que “hay pocos precedentes en un asunto tan grave y delicado”.
“Esto puede ser la antesala de buscar culpables que puedan servir para eludir la responsabilidad política del delegado del Gobierno, del ministro y del director general, que vino a Ceuta a amenazar a todo el mundo y a imponer la ley del silencio”, insistió el líder de los socialistas. La resolución de los sucesos del pasado jueves han tenido, según su criterio, graves repercusiones, entre las que citó que las relaciones con Marruecos se hayan visto “perjudicadas”. También anunció que su grupo parlamentario en el Congreso impulsará la próxima semana una iniciativa para reclamar a la UE más implicación en el control migratorio.

Las oenegés reclaman que Europa investigue “las muertes y devoluciones”

Las oenegés Cear, Accem y Ecre han firmado un comunicado conjunto para pedir a Europa que investigue las “devoluciones” de inmigrantes que se están llevando a cabo así como las “muertes” ocurridas. En base a la comparecencia del ministro, las oenegés aluden a la entrega a Marruecos de 23 subsaharianos, dato reconocido por el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz. “Estas personas formaban parte de un grupo de  unas  200 que intentaba entrar a la ciudad”, señalan. “El ministro ha negado que la devolución de esas 23 personas fuera una devolución en caliente que violase la legislación internacional de derechos humanos. Aunque admitió que los migrantes alcanzaron la playa”, matizando que esto no significaba que hubieran llegado a “territorio español” al no haber rebasado a los guardias civiles que estaban en la playa, “justificando de esta manera la no aplicación de la legislación nacional e internacional vigente”, apuntan.
Las tres entidades cuestionan, en este comunicado conjunto remitido a los medios, esta interpretación del ámbito territorial en el  que es aplicable la legislación española y europea basada en un “concepto operativo de control de fronteras”, como dijo el ministro que se hacía desde el año 2005. “Las personas que acceden al territorio español deben ser tratadas conforme a la legislación española y europea de asilo y extranjería. Si se confirma que estas personas fueron devueltas a las autoridades marroquíes sin tener en consideración sus circunstancias individuales o sus necesidades de protección internacional, esto constituiría muy probablemente una violación del principio de no devolución establecido en la Convención para de Refugiados de 1951, de la normativa europea de migración y asilo y de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que obligan a las autoridades españolas a garantizar el acceso a la protección internacional y a respetar el principio de no devolución a países donde puedan ser víctimas de persecución o de trato inhumano y/o degradante”, denuncian.
Ecre, Accem y Cear solicitan al Gobierno el cese inmediato de cualquier práctica que pueda poner en peligro la vida de las personas y que impida su acceso a la protección internacional así como “una completa e independiente” investigación por parte de las autoridades españolas competentes.
Las tres organizaciones han pedido a la Comisión Europea a que investigue de forma inmediata las posibles vulneraciones de las disposiciones contenidas en la Directiva sobre procedimiento de asilo y en la Directiva de retorno y el Código de fronteras Schengen, especialmente en lo referido al acceso al procedimiento de protección internacional y al acceso a un recurso efectivo.
“La Unión Europea no puede dar la espalda a tan graves violaciones de los derechos humanos en sus fronteras exteriores”, añaden.