Frontera e Inmigración

Vivas advierte del riesgo para Ceuta ante las entradas constantes de inmigrantes

Que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, haga mención a la presión de los inmigrantes llegados a Ceuta no es noticia. Lleva haciéndolo meses. Pero sí lo es el tono empleado este lunes porque ha sonado como un ultimátum, como un basta ya sustentado en cifras preñadas de temores en torno a lo que debe soportar una ciudad sin ser competente en materia migratoria.

Vivas advierte del riesgo al que se enfrenta Ceuta si el nivel de entradas irregulares sigue siendo el de ahora, con una media de entre 20 y 25 personas cada semana. No ha hablado solo de consecuencias económicas sino también “sociales” y de “seguridad ciudadana” que afectan al “tipo de ciudad que queremos y que los ceutíes se merecen”.

“No estoy alarmando pero es un asunto de mucho calado, de trascendencia, de verdadera supervivencia y no exagero. Si entran a razón de entre 20 o 25 marroquíes a la semana estando la frontera cerrada… si seguimos así tendremos 1.500 al año. Y así ¿hasta cuántos?”, se ha preguntado. “Nadie responde sobre el límite y es un asunto insostenible, insoportable, que se tiene que atajar de raíz, de manera contundente y enérgica, también decidida por quien tiene facultades y medios, por quien tiene competencias que es la Administración General del Estado”, ha denunciado.

Vivas ha enumerado los gastos que asume la Ciudad en materia migratoria “porque nos hemos hecho cargo de necesidades que no son competencia nuestra a requerimiento del Estado”. Entre ellas, el albergue y manutención no solo de los marroquíes atrapados sino también de los que van llegando a nado. Además la institución municipal ha tenido que asumir su aislamiento sanitario y habilitar recursos extra para atender la necesidad derivada de la llegada masiva menores en los meses previos al estado de alarma.

“Sobran palabras, los datos ponen en evidencia la envergadura. Atendemos 700 marroquíes que llegaron de manera regular o irregular, adultos y menores. Desde el 26 de julio han entrado 162 marroquíes. Y entre el 1 agosto de 2019 al 15 marzo, la presencia de los menores ha aumentado el 90%”, ha cifrado el presidente. Y esto se traduce no solo en presión asistencial sino también en coste comprometido, que hasta fin de año se cifra en 5 millones. “Es la quinta parte de lo que recibe del fondo Covid que se va a repartir entre todas las comunidades autónomas. El déficit es de 10 millones entre lo que gastamos y recibimos. Algo mas del 20% de lo que la Ciudad recibe para atender las transferencias. Si no se pone remedio a esto puede terminar con la asfixia de la ciudad”, ha reseñado.

Peticiones de socorro y un viejo hospital que da problemas

Vivas ha insistido en que estamos ante un asunto de inmigración, por el que “le hemos pedido socorro a través de distintas actuaciones” al Estado sin obtener respuesta. Porque se le ha pedido que se hagan cargo de los marroquíes atrapados y que se queden en el CETI o en otras instalaciones. Le han pedido también que se contemple la situación actual de esos 10 millones extra que soporta la ciudad y que se compensen los cinco millones que se van a gastar hasta final de año por esta contingencia extraordinaria. “Ninguna de las tres peticiones ha tenido respuesta, espero que las tenga porque son argumentos de consistencia y esta ciudad no es capaz de sostener esto”.

Vivas ha reclamado que se pongan medidas para impedir el acceso de inmigrantes con medios suficientes y eficaces así como que los marroquíes que están en Ceuta sean retornados de manera automática y normalizada incluidos los menores. Mientras no esté abierta la frontera reclama un traslado a la Península en un número que exceda la capacidad de acogida. “La verdadera frontera debe estar en el Tarajal es una cuestión de supervivencia”.

Sobre el futuro del antiguo hospital de la Cruz Roja, habilitado para que los inmigrantes guarden aislamiento nada más llegar a Ceuta, Vivas ha avanzado que se ha planteado su cierre pero que necesitan una “solución de continuidad” que pasa porque la Administración General del Estado se haga cargo de los mismos. Van a insistir en ello, pero si se siguen produciendo fugas o altercados “estudiaremos su traslado a otro lugar más adecuado”.

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