El desarrollo de la primera fase de las
obras de urbanización de
plaza Nicaragua continúa paralizado por orden judicial, como se decretó a principios de octubre, pero el presidente de la Ciudad de Ceuta,
Juan Vivas, ha reiterado este martes que su gobierno no se someterá a ningún “chantaje” del anterior prioritario con el propósito de obtener más dinero del ya abonado por la administración (2,8 millones en metálico y 800.000 euros en compensación de una deuda) por hacerse con el solar “y todo lo que en él había”. “La propiedad se adquirió legalmente con la estructura que allí había y el anterior propietario pudo recurrir y no lo hizo, el proyecto se informó de manera pública... Lo que está claro es que no nos vamos a someter a ningún tipo de chantaje porque alguien pretenda utilizar artimañas de índole legal para parar una obra de interés general”, ha avisado. El líder del
Ejecutivo local ha advertido que va a seguir caminando por la senda “de la legalidad y la rectitud” para convencer al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de que lo correcto es permitir a la adjudicataria de las obras, la UTE formada por ACC y Dragados, continuar los trabajos. El magistrado atendió a principios de octubre de manera cautelar el interdicto interpuesto por el anterior propietario del terreno, que
reclama alrededor de medio millón de euros extra por una estructura de hormigón que se había levantado en la zona y que ya ha sido demolida.
"Esperamos una pronta resolución"
“Es una situación que nos produce incomodidad porque está afectado el interés general y lo que esperamos es una pronta resolución por parte de la administración de Justicia para poder darle satisfacción a un conjunto de vecinos muy notable y dar un equipamiento fundamental a una barriada tan relevante desde el punto de vista social y comercial como Hadú”, ha añadido el presidente. Vivas ha dejado claro que se trata de un asunto “absolutamente prioritario” en el que la Ciudad tiene el respaldo de “todos los servicios jurídicos”. Cuando se puedan retomar las obras deberán terminar en un plazo de siete meses, ya que hasta ahora se han realizado las que se han podido acometer durante cinco.