La Ciudad se ha pronunciado en referencia a las últimas informaciones sobre
la denuncia de la Fiscalía hacia la vicepresidenta de Ceuta Mabel Deu donde, además, también se incluye a la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, en relación a la expulsión de los menores al considerar que el procedimiento seguido con la entrega de los niños marroquíes a Marruecos no incluyó la tramitación que exige la ley española. Concretamente, se les denuncia por presunta prevaricación. Al respecto, el Gobierno de la Ciudad, "y en particular su presidente", dicen en el mencionado comunicado que respaldan "absolutamente" a la vicepresidenta primera y consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mabel Deu, en relación con el retorno asistido a
Marruecos de menores no acompañados llevado a cabo en agosto de 2021, como consecuencia del episodio vivido en nuestra ciudad los días 17 y 18 de mayo del mismo año. "Estamos convencidos de que actuamos con total honestidad, de manera conjunta y coordinada con la Administración General del Estado, al amparo de una norma legal en vigor -el convenio suscrito entre España y Marruecos- y en beneficio del interés del menor. Todo ello para responder a una emergencia humanitaria que desbordaba nuestras capacidades de acogida y que estaba provocada por una situación sin duda excepcional", se enfatiza recordando que, con motivo del mencionado episodio, "entraron en nuestra ciudad entre 12.000 y 14.000 personas, de las que más de 1.500 eran menores no acompañados". Además, el presidente de la Ciudad, Juan Jesús
Vivas, hace constar mediante estas líneas de manera expresa que "instó, conoció y autorizó todas las actuaciones llevadas a cabo por la vicepresidenta Deu en el asunto de referencia".
Inicio de la investigación: el 13 de octubre
La investigación administrativa de la acusación pública comenzó el 13 de octubre a partir de una denuncia de la Asociación para el Desarrollo Integral L'Escola. Su presidenta, Nuria González, ha anunciado que se personarán en el procedimiento “con el objetivo de defender los Derechos Fundamentales de la Infancia en el Estado” presuntamente vulnerados con premeditación y alevosía. El escrito de la Fiscalía
considera que tanto Mateos como Deu era “perfectamente conocedoras de su ilícito proceder” cuando pactaron que “a pesar de carecer de competencias para ello” serían las autoridades de la Ciudad “las que decidirían qué menores debían ser expulsados” y las encargadas de “ejecutar su entrega” al país vecino con la Policía Nacional. Según datos oficiales, entre el 13 y el 16 de agosto se echó a 55 (en realidad el objetivo era librarse de una tacada de 145, pero Rabat únicamente aceptó 15 cada día), aunque la Fiscalía limita su acción a 34.