El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, rechazó ayer las acusaciones lanzadas desde Caballas sobre la supuesta participación irregular de empleados de Obimace en las obras de remodelación del Paseo de la Marina. El jefe del Ejecutivo, al que polémica sorprendió el miércoles en Madrid –se entrevistaba con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y participaba en una entrevista en TVE–, negó “rotundamente” que la plantilla de la empresa pública esté cumpliendo tareas “que le corresponden a la empresa adjudicataria”, la gallega Proyecon. Es más, advirtió tajante que de producirse esa ilegalidad “no se le pagaría” a la constructora el coste que se calcule asociado a esos trabajos. “Que a nadie le quepa la menor duda”, enfatizó.
Vivas reiteró los argumentos con los que fuentes de la Ciudad ya replicaron el mismo miércoles a las acusaciones del primer grupo de la oposición. Según esas explicaciones, los operarios de Obimace no realizan trabajos que por contrato debe ejecutar Proyecon, sino que se encargan, en los últimos días, de retirar materiales de la obra –mobiliario urbano, fragmentos de la balaustrada o piezas de mármol– que están siendo reubicados y reutilizados en otros puntos de la ciudad. Además, se está procediendo a la poda de las palmeras de toda la avenida. El presidente de la Ciudad lamentó que desde la coalición que encabezan Mohamed Ali y Juan Luis Aróstegui se trate de alentar “un clima de suspicacia que no tiene sentido, porque la obra está siguiéndose con un criterio técnico de absoluto rigor en cuanto a la transparencia y las certificaciones”, un rigor que hizo extensivo “a todos los trabajos” que la Ciudad impulsa. “Y más aún en la Marina, porque desde el principio sabíamos que íbamos a tener la lupa puesta sobre ella”, puntualizó.
Caballas insiste Esos argumentos, sin embargo, no convencieron ayer a Caballas. En un comunicado, la coalición tachó la respuesta del Ejecutivo de “nuevo insulto a la inteligencia de la ciudadanía” y le acusó de haber perdido a ésta “todo el respeto”. La formación se pregunta por qué si la obra acumula “más de ocho meses en ejecución, y se ha levantado ya la mitad el paseo” es justo ahora cuando se reciclan los materiales que retira Obimace. “Pero es que además esa retirada está contemplada en el proyecto y en el presupuesto a cargo del contratista, de modo que tampoco sería excusa”, detalla.
El primer grupo de la oposición va más allá y concluye que “la única verdad es que el Gobierno no quiere que las elecciones se celebren con el centro de la ciudad hecho una escombrera” y lamenta que los trabajos “van muy lentos” y los plazos, que vencían el pasado 14 de enero, no se han cumplido.
Advertencia por escrito ante Intervención Lejos de aceptar las explicaciones de la Ciudad, Caballas subió ayer el listón de su denuncia y puso el caso en conocimiento del interventor municipal. En el escrito, la coalición insiste en que ha tenido constancia de que Obimace ha estado prestando sus servicios en la obra de remodelación del Paseo de la Marina, adjudicada a Proyecon, circunstancia que considera “una irregularidad, que se convierte en un ilícito penal” en el caso de que la empresa gallega certifique y cobre trabajos que no realiza. La formación alerta de que se tenga en consideración “a la hora de fiscalizar la certificación correspondiente a las obras ejecutadas en este día [el 28 de enero]” y advierte de que una duplicidad de pagos, a Obimace y a Proyecon, se traducirá en una denuncia ante la Fiscalía.
Una comisión que supervise los empleos creados en los convenios Caballas propondrá en el próximo Pleno de la Asamblea que todos los convenios que suscriba a partir de ahora la Ciudad incluyan una cláusula que obligue a que la contratación de personal asociada a ellos se realice mediante una oferta pública. Eso, según la iniciativa presentada por la formación, implicaría que las incorporaciones de trabajadores se hiciesen en función de un baremo público y fuesen resueltas por una comisión en la que la Ciudad estaría representada, pero también, en calidad de observadores, los sindicatos más representativos de la Ciudad.
Para justificar la proposición, Caballas recuerda que el acceso a la Administración Pública de los funcionarios está perfectamente definido por ley, pero que sin embargo “existe un ámbito desregulado, que permite la existencia de empleos pagados con fondos públicos sin que la cobertura de las plazas este sometida a ningún control que garantice la igualdad de oportunidades”, y cita como casos concretos los convenios que suscribe la Ciudad con las distintas asociaciones, colectivos y entidades.