{jaimage crop="TC" /}El presidente de la Ciudad Autónoma defendió ante la Comisión de Relaciones con la Unión Europea un tratamiento específico de características parecidas al dispensado a las regiones ultraperiféricas.
Desde su punto de vista ese tratamiento específico debe tener dos consecuencias ineludibles y quizás inmediatas: en primer lugar, el mantenimiento, y si es posible, el incremento de las ayudas que ahora se reciben, con independencia de cual sea la evolución del PIB per cápita en términos comparados con el resto de la Unión. A estos efectos debe tenerse en cuenta el precedente del vigente periodo de programación, donde se consideró, para un incremento de las ayudas, nuestra singular condición fronteriza; y luego el reconocimiento y autorización, en lo que proceda, de las ayudas de Estado e incentivos que sean precisos para contrarrestar eficazmente los efectos que, en los servicios públicos, en la actividad económica, en el empleo, y en la cohesión social, tienen los tantas veces mencionados condicionantes estructurales.
De todas maneras dejó claro que “si de verdad se quiere prestar atención a las difíciles y complejas circunstancias que en nuestras dos ciudades concurren; si de verdad se quiere cumplir con la obligación de propiciar la igualdad de todos los españoles en niveles de vida, en calidad de los servicios públicos, y en oportunidades de empleo; con independencia de que vivamos en nuestras dos ciudades autónomas, en la península o en las islas; resulta imprescindible, e insustituible, la decidida acción de los poderes del Estado”.
Luego enumeró el conjunto de medidas que se han acordado conjuntamente con el Gobierno de Melilla y que reproducimos en otro apartado de estas páginas, las cuales, como reconoce el mismo presidente Vivas “se han redactado desde la más sincera y absoluta lealtad institucional”.
Pero dejó bien claro delante de todos los diputados y senadores que habían acudido a la comparecencia que “participando de las difíciles circunstancias económicas y presupuestarias que a todas las administraciones nos ha tocado vivir, también queremos dejar constancia de nuestro compromiso con la austeridad y la contención del gasto, procurando, a estos efectos, optimizar hasta el límite de lo posible los recursos disponibles”.
En su apartado de despedida, les trasladó dos convicciones: la primera, que Ceuta y Melilla necesitan de la ayuda solidaria del Estado y de Europa para afrontar y superar las difíciles circunstancias que, en forma de condicionantes estructurales, concurren en las dos ciudades. Alegó que “es una petición que plantamos a quien puede, pero, sobre todo, a quien estoy seguro de que quiere”.
En la segunda de las peticiones reflejó que Ceuta y Melilla merecen ser ayudadas, porque “representan un ejemplo de vocación permanente de servicio a España y un modelo de convivencia basado en el aprecio y respeto a la diversidad cultural y étnica, en el imperio de la ley, en la supremacía de los valores democráticos”.
La incorporación a Europa ha reportado a Ceuta estabilidad, confianza y seguridad
El presidente de la Ciudad hizo un balance positivo de la integración en la UE “por el beneficioso impacto que las ayudas recibidas han tenido, pero también, y de manera muy significada, por otras dos razones de mucho peso: porque la incorporación a Europa ha reportado a nuestra ciudad estabilidad, confianza, y seguridad; y porque ha sido buena para España, y todo lo que sea bueno para España es, sin duda alguna, bueno para Ceuta”.
Destacó que ese apoyo por parte de Europa “debe continuar por ser vital para poder seguir acometiendo la tarea de remediar los déficits que, en infraestructuras y equipamientos, todavía persisten, pese al esfuerzo realizado; y porque la pérdida o la caída de las referidas ayudas tendría efectos muy perniciosos en el producto interior”.
Analizó que en “cualquier caso, el referido balance positivo en materia de equipamientos y de servicios públicos, no nos debe hacer olvidar que ni los aludidos efectos beneficiosos de la integración en la Unión Europea ni tampoco el contenido del régimen económico y fiscal especial, han sido suficientes para atender eficazmente el otro gran objetivo: vencer las barreras que, como antes decía, estrangulan y dificultan el desarrollo de la actividad productiva y la creación de empleo en nuestras dos ciudades. Para ello se necesita más; para ello se necesita afrontar, con audacia y determinación, la actualización y perfeccionamiento del mencionado régimen especial, lo que, a su vez, supondría cumplir con el mandato recogido en nuestros Estatutos de Autonomía”. Explicó que una revisión del REF más que impedir, anima a reflexionar igualmente acerca del mantenimiento de la condición de territorio franco aduanero; por tanto acerca de la posible incorporación de nuestras dos ciudades a la Unión Aduanera Común. Una decisión que, en todo caso, debería estar supeditada al cumplimiento de dos condiciones: que la misma sea compatible con el resto de peculiaridades fiscales; y que no perjudique a las actividades”.
La reducción de la diferencia en renta per cápita
Reflejó que el esfuerzo inversor llevado a cabo permite que se reduzca en 11 puntos la diferencia que en renta per cápita existía con la media nacional, que ahora son prácticamente iguales; que se hayan producido 4.800 altas en la Seguridad Social en los últimos diez años, con un crecimiento relativo superior al del resto de España; y que la hacienda de la ciudad haya podido cubrir los déficits de los servicios transferidos al amparo del estatuto de Autonomía, e implicarse económicamente, y de manera notable dadas las acuciantes necesidades, en áreas de gestión que no entran dentro de sus competencias. Son los casos de la educación, el empleo, y de los servicios sociales. Recordó que gracias a las fuentes de financiación la ciudad recuperar el tiempo perdido y renueva y moderniza la trama urbana y los equipamientos, resolviendo problemas crónicos medioambientales.
Vivas defiende que el comercio transfronterizo beneficia mucho más a Marruecos que a nuestra ciudad
El presidente Vivas hizo un análisis del hecho fronterizo que como todos sabemos se sustenta en una singular actividad económica que “tanto por lo que hace referencia a los turistas procedentes del país vecino como, y muy especialmente, por lo que concierne al denominado comercio transfronterizo, que se estima moviliza un volumen de 266 millones de euros al año. En cualquier caso, una actividad comercial que, conviene aclarar, beneficia mucho más, muchísimo más, al país vecino que a Ceuta, en renta, en empleo, y en suministros básicos. Baste significar que, de esta actividad comercial y de otras oportunidades de empleo que nuestra ciudad ofrece, en las localidades próximas del país vecino viven cerca de 17.000 familias, sin computar los efectos indirectos o inducidos”.
Luego dejó claro que esas relaciones económicas y comerciales tanto las instituciones ceutíes como los agentes locales las desean normalizar mediante el establecimiento de una aduana comercial, “una aspiración que, por razones obvias, sería beneficiosa para ambos lados de la frontera; pero que sabemos que no es nada fácil, más bien todo lo contrario, muy difícil, porque el comportamiento de las autoridades del país vecino demuestra un nulo interés por favorecer vías de colaboración y complementariedad en el campo económico y comercial. Los ejemplos son igualmente concluyentes”.
Luego explicó que la comentada imposibilidad de ampliar el mercado a través del país vecino, e incluso de abaratar determinados abastecimientos procedentes del mismo, como es el caso de los áridos, unido a la antes referida extrapeninsularidad, implican, en la práctica, el estrangulamiento de la actividad productiva local, cuyo desarrollo se enfrenta a dos muros infranqueables: de una parte, la mencionada actitud negativa de las autoridades del país vecino para enfocar las relaciones económicas desde la óptica de la complementariedad, la normalización y la cooperación; y, de otra, la barrera de tener que soportar el precio del transporte marítimo más caro de España y de Europa. Unas limitaciones que explican por qué la actividad productiva tiene tan poco peso en el producto interior bruto de Ceuta, y por ende, por qué “sufrimos de manera endémica una altísima tasa de paro, característicamente inelástica en relación con la situación económica general”.
Dejó claro que ese hecho fronterizo suponía una presión migratoria en casi todas sus variantes:
“La de origen subsahariano, asiático y magrebí que utiliza a las dos ciudades como tránsito para pasar a la península, lo que obliga a un extraordinario despliegue en orden a garantizar la seguridad de los respectivos perímetros fronterizos, y al mantenimiento de dos centros de estancia temporal de inmigrantes, en ocasiones sometidos a tensiones que trascienden al conjunto de la ciudadanía; y la de carácter transeúnte, la que procede de las localidades próximas del país vecino, personas que pasan todos los días las fronteras para buscarse la vida o satisfacer otras necesidades vitales; a este respecto, el ejemplo de la asistencia hospitalaria es probablemente el más elocuente, pero no el único; en el ámbito de los servicios que son competencia de la Ciudad Autónoma, cerca de un 15% de los usuarios de las prestaciones sociales básicas son residentes en el vecino país; y el 80% de los gastos de atención a menores, que se cifra en una cantidad cercana a los 10 millones de euros al año, son originados por menores extranjeros no acompañados. Un esfuerzo que pone en evidencia el carácter solidario de ceutíes y melillenses, por cuanto que estos mismos recursos podrían destinarse, de manera alternativa, a cubrir en nuestras ciudades necesidades sociales de la población residente, que también son muchas y muy acuciantes”.
Los 8 puntos que unen la acción conjunta entre Ceuta y Melilla
En la última cumbre que celebraron ambos gobiernos en la ciudad hermana de Melilla se dio a luz a esta relación de ocho propuestas que es la concreción de lo que se ha venido en denominar la Declaración de Sevilla. Recordemos que en la reunión que mantuvieron ambos presidentes en la capital hispalense, contando con los auspicios de Javier Arenas y de Cristóbal Montoro, el PP se comprometía a llevar a la práctica en el Gobierno de la Nación una serie de propuestas acordadas por los dos ejecutivos. Unas propuestas que luego más confirmadas son éstas ocho. Y que no se descarta que las mismas pudieran introducirse en alguna ley que se pudiera discutir en las Cortes a lo largo de este último año de legislatura, que finaliza en 2012.
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