Vivas niega que haya más que un “error involuntario” en los pagos a Urbaser

Si la Ciudad pagó 4,8 millones de más a Urbaser entre 2001 y febrero de este año en concepto de amortización de la maquinaria del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras fue porque el contrato incorporó una serie de vicios en su cómputo económico achacables únicamente a un “error involuntario” cuyas deficiencias se “diluyen” en su montante global. No hubo “ni desinterés ni falta de control ni descuido ni negligencia” ni, mucho menos, corrupción.
Así lo quiso dejar claro ayer el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, durante su comparecencia monográfica y extraordinaria ante el Pleno para dar cuenta de la gestión de los pagos a la anterior concesionaria de esos contratos. El líder del Ejecutivo local cree, de hecho, que todo el asunto, un descuadre que según recordó asciende a “el 3,3% del desembolso total”, se está sacando de madre con un único propósito político: “Engancharle” por algún lado y “quitarle del medio”.
“Es posible pensar que con la reclamación asumimos un error; es razonable”, aceptó durante su exposición inicial en el debate plenario, que se prolongó durante cerca de dos horas. “Ahora bien, ha sido un error absolutamente involuntario que no se puede achacar ni al interés ni a la falta de control ni al descuido ni a la negligencia: es un error”, terminó, “que conduce a una reacción inmediata de la Administración en defensa del interés general a pesar de que el asunto sigue siendo discutible a ojos de los técnicos”.
“Sinceridad por sinceridad, coño”, pidió a la oposición el presidente en un arrebato verbal tras exponer por qué, a su juicio, en este caso sí es posible la cuadratura del círculo, que se pida a Urbaser que devuelva 4,8 millones mientras se defiende que no se le ha pagado más de lo establecido en el contrato: “La Ciudad ha abonado lo que, de acuerdo con el contrato, tenía que pagar, ni un euro de más, y esa afirmación es compatible con el hecho de que ahora, en la liquidación de la concesión, que finalizó en febrero, los técnicos hayan constatado una sobreamortización de la maquinaria”, argumentó el Popular, que insistió reiteradamente en que durante la vigencia de la concesión no era posible o al menos obligado detectar esa desviación.
Vivas reconoció ayer que, visto desde ahora, “el de la amortización de la maquinaria no debió ser considerado un coste variable y no tuvo que ser incluido en los precios unitarios de los servicios”. No obstante repitió que “esas deficiencias se diluyen en términos globales porque se ha pagado, en conjunto, lo que en 2001 una auditoría externa y el Consejo de Estado dictaminaron que era justo para garantizar la estabilidad de la concesión y no incurrir en enriquecimientos injustos para ninguna de las partes”.
El presidente incidió en que para los auditores el 13,5% de margen operacional que se concedió a Urbaser en el contrato para beneficio industrial y otros gastos “no era excesivo”. No obstante, también asumió que si fuese hoy no permitiría incluir un 15% en intereses de adquisición de los vehículos.

“No había cláusula”

 
En cualquier caso, ni es posible reescribir la historia ni, según su versión, se pudo haber torcido antes la deriva del contrato: “Para haberlo detectado antes habría que haber llevado una cuenta para cada máquina y esto no se hizo”, detalló Vivas, “porque no se consideró necesario y obligatorio, porque no había ninguna cláusula que estableciera de forma expresa que la amortización era individual y variable en función del número de servicios”.
Para Vivas está claro que “no ha habido negligencia”, por lo que reprochó a la oposición que  “ustedes lo usan todo para devaluar el crédito del Gobierno, llevan esto al límite de que cualquier rectificación o controversia se convierte en un error achacable a la Administración sobre lo que hay que pedir responsabilidades”.
“Aquí”, lamentó, “se trata de enganchar por algún sitio a Vivas para quitarlo de en medio, coño, sinceridad por sinceridad, pero lo cierto es que muchas personas honradas han actuado con independencia en este asunto, en el que hemos sido coherentes y vamos a defender los intereses de la ciudad aunque haya que reconocer errores porque eso nos supera y está por encima de todos nosotros”.
Para combatir la rumorología, el presidente también ha destacado que “desde que este asunto se convierte en un debate público, desde que conozco el informe del técnico contable, yo no he tenido ningún contacto con Urbaser, ni telefónico ni presencial, y en absoluto he pactado ningún importe de reclamación”. “No podía ser de otra manera y así ha sido”, remachó tras advertir de que aún hay “discrepancias” técnicas sobre la interpretación de los pagos entre quienes creen que hay que pedir a Urbaser que devuelva dinero y quienes no. “Hemos optado por el primero porque es el mayoritario y el que más beneficia a la Ciudad”, justificó.

 

“Este tema no estuvo en la moción de 2001”

El presidente de la Ciudad se esforzó ayer por desmentir dos rumores recurrentes de Ceuta. Uno reciente, que durante los últimos meses se ha reunido o hablado con Urbaser, sobre el que dijo que “desde que este asunto se convierte en un debate público, desde que conozco el informe del técnico contable, yo no he tenido ningún contacto con Urbaser, ni telefónico ni presencial”. Otro antiguo, el que alude a que llegó a la Presidencia con este contrato como clave. Es "absolutamente falso y tremendamente injusto" decir que es presidente por el contrato de Urbaser. "Yo llegué aquí por una moción de censura pero después ha habido tres reválidas más y algún mérito hay que darle a la democracia, por lo que le ruego que sea cuidadoso a la hora de ofender a los demás”, pidió a Aróstegui después de que éste denunciase que “este contrato fue un precio de su investidura”. “Nos encontramos con este contrato, que no fue objeto de ningún pacto político, se lo digo de verdad”, aseguró con vocación de manifestar absoluta sinceridad, “y la condición establecida fue la auditoría que se realizó, y si yo creo que ni roba ni se vende, le pido que diga lo mismo o que se calle sobre nosotros porque no tiene ninguna prueba de lo contrario”, exigió al localista.

 

“Transparencia, legalidad e interés general

El líder del Ejecutivo local advirtió ayer de que durante toda la vigencia del contrato de la Ciudad con Urbaser los responsables políticos y técnicos de su fiscalización se dedicaron a la tarea que les correspondía de “comprobar que los servicios se prestaran conforme a lo exigido en número, medios y calidad; que se aplicaran los precios unitarios; que no se rebasara el precio global y que se contratara al personal en número igual al comprometido”. A partir de ahí, advirtió, cuando la concesión expiró definitivamente “sin que nunca nos planteásemos siquiera una prórroga” y Urbaser se negó a entregar los vehículos si no recibía 1,3 millones a cambio, el Gobierno reaccionó “siempre en defensa del interés general” y “con absoluta firmeza”.
“Le mandamos hasta al notario, si no recuerdo mal, y le pedí a los técnicos expresamente que estudiaran esto de forma concienzuda y detenida porque estaba convencido de que los vehículos ya habían sido amortizados, instrucción que se remitió a Patrimonio, donde al dar la maquinaria de alta, en el cauce administrativo, no porque usted compareciera, se elaboró  un informe”, detalló pormenorizadamente Vivas el origen del primer dictamen de Federico Cuenca, “y desde que hay su pronunciamiento se ha actuado en consecuencia con la debida cautela para no generar indefensión y para no perjudicar los intereses de la Administración local”. “Hemos actuado de oficio, siempre, siempre a iniciativa propia, sin advertencia o denuncia previa de nadie”, alegó en referencia al comportamiento del PSOE, “y reitero mi plena y absoluta confianza en quienes han hecho la fiscalización económica de este contrato, en su honorabilidad, profesionalidad e independencia, porque las únicas recomendaciones de este Gobierno a los técnicos han sido: defensa del interés de la Ciudad, transparencia y legalidad”.
Y es que, tal y como resaltó el líder del Ejecutivo, “no soy yo el que digo que se ha pagado lo que se debía, el precio el contrato, sino los funcionarios en los informes que obran en el expediente porque si le damos crédito a los funcionarios”, pidió al PSOE, “hay que dárselo a todos, no a los que se arriman a nuestra ascua política”.