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El presidente niega al MDyC que la Intervención no fiscalice los pagos a Tragsa

El presidente de la Ciudad de Ceuta, Juan Vivas, ha negado este miércoles al MDyC que haya “amputado” a la Intervención de la administración el control de los pagos a Tragsa “con el beneplácito del PSOE”, como ha denunciado la formación localista. Según el líder del Ejecutivo local, “es imposible, no se puede eliminar la Intervención, y quien diga eso no tiene la información suficiente”. “Los procedimientos de fiscalización de las facturas de Tragsa son absolutamente legales porque si no no se podría pagar: en Ceuta se aplica el mismo que en el conjunto de España porque el medio propio trabaja con unas tarifas publicadas en el BOE con participación de la Abogacía del Estado, interventores del Estado...”, ha añadido. Según el MDyC, sin embargo, la Intervención ha puesto reparos a algunos pagos al medio propio porque “ha podido generar un enriquecimiento injusto constituido por la diferencia entre la cantidad recibida de la Ciudad y el importe efectivamente gastado en el servicio contratado”. “Observaciones como esa dejarán de ser manifestadas porque la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, ha decidido, entendemos que por su cuenta y riesgo, tal y como decidió abonar más de un millón de euros por echar lejía en nuestras calles, suprimir de los encargos realizados al grupo Tragsa la necesidad de fiscalización previa”, ha afirmado la formación que lidera Fatima Hamed. Se trata, desde su punto de vista, de “una decisión impropia y absolutamente inadecuada de quien debe velar por la transparencia y la legalidad de los procedimientos que finalmente se pagan con dinero de todos los ceutíes”. “A cualquiera nos resulta inimaginable que las empresas que facturan a la Ciudad puedan eludir el control de la administración, es más, pequeñas empresas que facturan cantidades nimias son fiscalizadas antes de procederse al pago, pero Chandiramani ha preferido eliminar con un Decreto firmado el 9 de febrero algo tan esencial”, ha lamentado. El MDyC ha pedido a la consejera “que recule” o que, “ya puesta, deje sin pasar por la fiscalización de la Intervención local todos los grandes contratos que se adjudiquen y nos convierta en la república bananera en la que parece pretender que nos convirtamos”.

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