Vivas mantiene su compromiso de luchar por el empleo estructural

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha reunido hoy a toda la estructura ejecutiva y directiva de la Administración local, desde los consejeros hasta los subdirectores generales y diputados y gerentes de las

empresas municipales, para fijar prioridades y sobre todo para dar instrucciones en relación a los cambios legales impulsados por el Ejecutivo central y al Plan de Estabilidad Presupuestaria que ha aprobado el Pleno de la Asamblea. En concreto, estos cambios normativos a los que habrán de adaptarse tanto la Ciudad como las empresas públicas son los establecidos en los dos Reales Decretos Ley que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros, el denominado de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (RD 20/2012) y el de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero (RD 21/2012), así como en otras disposiciones legales como la propia Ley de Presupuestos.
Las decisiones del Consejo de Ministros y otras adoptadas anteriormente conllevan cambios en las condiciones laborales en las que prestan sus servicios los trabajadores de la Ciudad y de las empresas municipales, que pasan por elevar la jornada laboral a 37,5 horas semanales, reducir a tres los días de asuntos propios (eliminando los vinculados a la antigüedad), reformar las condiciones salariales durante la baja laboral y eliminar la paga extraordinaria de diciembre, entre otras medidas. Estos asuntos serán tratados en reuniones que la Administración celebrará con los representantes sindicales. En el ámbito de la Ciudad, esta reunión se ha celebrado ayer, y en los próximos días deberán ser los gerentes de las empresas municipales quienes convoquen a los representantes de los trabajadores para adaptar la nueva normativa a cada entidad, empezando por los horarios y en el caso de la Ciudad por la adecuación de las jornadas partidas y especiales.
El presidente de la Ciudad ha hecho hincapié en trasladar a cada entidad el espíritu de los reales decretos con el fin de que haya un funcionamiento “equilibrado y eficiente económicamente”, lo que pasa no solo por intentar hacer lo mismo con menos gasto, sino también por que las empresas públicas –con el personal del que disponen– puedan prestar servicios a la Ciudad que abaraten costes. Juan Vivas ha pedido a los gerentes que estudien cómo puede ser su empresa más eficiente y que fijen indicadores para poder evaluarlo, si bien ha precisado que la Ciudad Autónoma defenderá su carácter de entidad autonómica.
El jefe del Gobierno local quiso lanzar un mensaje de “tranquilidad y confianza” a todos los empleados públicos y pidió a los gerentes de las empresas que lo trasladaran a los trabajadores: “Tenemos que responder siendo más eficientes, pero no nos vamos a amparar en ninguna normativa para despedir a nadie; yo estoy al lado de todos los empleados públicos, y en primer lugar estoy con los trabajadores de las empresas municipales, con los interinos y con las personas con contratos por obra y servicios”, señaló citando a los colectivos que podrían sentirse más vulnerables. En este sentido, reconoció que las medidas que se han adoptado son difíciles y que le han provocado malos momentos, pero a la vez le han reforzado la motivación. “Tengo más ganas que nunca”, ha dicho el presidente, consciente de que es un momento difícil, pero histórico que hace necesario el esfuerzo de todos para evitar el rescate de España.

Petición para que se haga una evaluación periódica de las medidas

Y para poder mantener los puestos de trabajo y los servicios que reciben los ciudadanos es necesario poder cumplir con lo dispuesto en el Plan de Estabilidad Presupuestaria, cuya revisión fue aprobada ayer mismo por el Pleno de la Asamblea. Por ello, Juan Vivas ha pedido a los consejeros que “una o varias personas” se encarguen de velar por el cumplimiento de cada una de las acciones que contiene y que se haga una evaluación periódica. Este ambicioso Plan persigue de entrada reducir en 16 millones de euros el gasto de funcionamiento de la Ciudad, además de establecer otras limitaciones en el gasto, empezando por el personal (no incrementar las estructurales, amortizar las vacantes, reducción de las horas extraordinarias…) y continuando con otras medidas como la reducción de las subvenciones.
El cumplimiento de este Plan es la gran prioridad que se ha marcado el Gobierno. De ella dependerá otra de las que se han fijado: la aprobación del Plan de Inversiones. Junto a ellas, el presidente ha fijado otras actuaciones urgentes y prioritarias: hacer gestiones para disponer de suelo, aprobar con el mayor grado de consenso posible el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), poner en marcha los planes de empleo, configurar un mapa de prestaciones sociales y, por último, dimensionar, ordenar y evaluar los medios de los que disponen los servicios municipales, desde los comunitarios y medioambientales hasta los de entretenimiento urbano.

Procesa estudia el decreto de liberalización del comercio

Los reales decretos aprobados por el Ejecutivo central obligarán a la Ciudad a realizar cambios normativos en reglamentos y ordenanzas.
De momento, la Sociedad Municipal de Fomento están estudiando ya la adaptación del Reglamento para la clasificación de los establecimientos turísticos y para la regulación de sus horarios de apertura y cierre a las medidas liberalización comercial establecidas en el RD 20/2012. Un aspecto que desde el gobierno central se han marcado unos topes máximos que no pueden ser reducidos por los gobiernos regionales bajo ningún concepto.