Según informaciones de prensa, algunos partidos políticos se han puesto de acuerdo para pedir que opere una sola naviera entre Algeciras-Ceuta-Algeciras, con lo que no se aplicaría la libre competencia en las líneas marítimas del Estrecho y una sola empresa enlazaría los dos puertos. La justificación del insólito acuerdo es distinta según cada formación política. Una preconiza compañía municipal, con lo que el Ayuntamiento sumaría a sus múltiples actividades empresariales la de naviero y, en estos tiempos en que llegan instrucciones de adelgazar el sector público, dependeríamos de la eficacia de funcionarios-marineros o asimilados, para atravesar el Estrecho. Pero opinan que sería interesante porque se conseguirían 12 rotaciones a 10 euros ida y vuelta (sic). Otra formación política defiende la posibilidad de una compañía privada que tenga la concesión administrativa del servicio y realice solo los viajes precisos para garantizar las conexiones. No se dice en este caso quién decide cuantos son los viajes necesarios ni el precio que conseguiría.
La tercera formación política, siempre según la prensa, defiende simplemente la eliminación de la libre competencia como la fórmula mágica para abaratar los billetes y comunicar calidad al servicio advirtiendo, eso sí, de la dificultad del proyecto.
Una de las razones que se esgrimen es muy curiosa si se valora desde el punto de vista de la libre empresa. Se argumenta que los barcos hacen rotaciones con pocos pasajeros y eso produce el incremento de precios. Estiman los políticos que ellos deben intervenir en la organización de las sociedades privadas y decidir sobre las rotaciones que deben hacer. Esta política intervencionista y la propia naviera única, suenan a una especie de sovietización.
Además, todos parecen aparcar el hecho de que la libre competencia que tratan de suprimir, es una de las conquistas de la democracia. En efecto, la Constitución Española en su artículo 38 consagra ese principio de libre competencia dentro de la economía de mercado y así lo ratificó el Tribunal Constitucional al decir que la libertad de empresa debe ejercerse en el marco de la economía de mercado debiéndose entender esta última como la defensa de la competencia que constituye un presupuesto y un límite de aquella libertad, evitando aquellas prácticas que puedan afectar o dañar seriamente a un elemento tan decisivo en la economía de mercado como es la concurrencia entre empresas y no como una restricción de la libertad económica" (STC 1/1982, 208/1999, de 11 de noviembre).
Pero es que el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea ya establecía en su título VI, capítulo I importantes bases sobre la necesidad de respetar por todos los Estados ese principio de libre competencia, el cual queda igualmente recogido en el vigente tratado de funcionamiento de la Unión Europea, prohibiendo prácticas abusivas como imponer directa o indirectamente precios o restringir o falsear el juego de esa concurrencia. Igual hace nuestra legislación de competencia en el artículo primero de la Ley vigente.
La importancia que la Unión Europea concede a la libre competencia queda probada por el hecho de que, dentro de su estructura, existe una Comisaría específica para este tema y que está a cargo del Vice-presidente de la citada Comisión, Joaquín Almunia. Dicho órgano, clave en el organigrama comunitario que opera como “guardián de los Tratados” y debe, por tanto, garantizar su cumplimiento. Por eso se aprobó en su día la Ley española de defensa de la competencia que en su artículo 1 prohíbe incluso la “recomendación colectiva” que la impida.
Con dichos antecedentes, cuesta trabajo entender como algunos políticos locales adoptan un acuerdo que es básicamente contrario al derecho nacional y comunitario. Los partidos de la oposición no tienen nada que perder, uno porque esa propuesta es antigua y mantiene de esta forma su conocida estrategia y el otro, quizás para continuar la doctrina de su anterior diputado peninsular y reorganizador de la estructura local. Lo que es más difícil de asimilar es la postura del partido en el gobierno, salvo si lo enmarcamos en el romance con las antípodas que viene practicando últimamente. Tampoco parece haberse tenido en cuenta la existencia de Tánger, ni la de miles de ciudadanos comunitarios viajando de un continente a otro.
Quizás dichos políticos en su conjunto, se basen en la experiencia ya vivida gracias al anterior presidente de la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados por el PSOE, que propició incluir un artículo en la Ley de Puertos por la que, según este parlamentario, se evitarían conflictos. En vez de apoyar la labor de la Comisión Nacional de la Competencia, se buscó una salida más o menos legal como veremos.
Con la citada disposición, las empresas navieras quedaban obligadas durante la Operación Paso del Estrecho (OPE), a la intercambiabilidad de billetes y a sujetarse a horarios establecidos y, a cambio de este terrible esfuerzo, dichas conductas tuvieron y tienen todavía la consideración de exentas de la legislación de competencia. Para entendernos, con los correspondientes sustentos en la excepcionalidad del artículo 4 de la misma Ley de Defensa de la Competencia, se decidió que no habría libre concurrencia en la Operación Paso del Estrecho (OPE) y ello para fijar precios máximos iguales en todas las compañías (lo que está prohibido en condiciones normales) y que sean superiores a los habituales (lo que normalmente sería también ilegal), aportando beneficios adicionales a determinadas navieras.
En resumen, a cambio de colaborar en la OPE para que todo salga bien y que no se produzcan quejas por retrasos, se dan vacaciones a la ley de defensa de la competencia y se permiten subidas de precios, unificando estos para facilitar el intercambio. Sin embargo, la Dirección General de la Marina Mercante es el órgano encargado de fijar unas tarifas máximas para que las compañías no apliquen precios excesivos y además concertados. Lo que ocurre es que, al principio, en vez de poner unos precios iguales a los trayectos habituales o una media de ellos, la citada Marina Mercante, según informaciones de prensa, estableció tarifas superiores a las normalmente en vigor.
Pero es que además, según también datos de prensa, alguna naviera sobrepasó esas tarifas máximas establecidas que ya eran muy altas por lo que, ante las reclamaciones recibidas en la Dirección General de la Marina Mercante, dicho organismo retrasó primero la puesta en marcha de las vacaciones legales a la libre competencia, aunque la subida de precios parece que afectó a determinadas rotaciones, cuyos perjudicados deberían haber sido amparados de inmediato por la Oficina de Consumo. Por otra parte, la apertura de un expediente ante el exceso en precios por la citada Dirección General no parece un dato relevante, teniendo en cuenta las actuaciones anteriores de dicho organismo al respecto.
Igualmente, algunos olvidan lo que soportamos los usuarios cuando existía una sola compañía en el Estrecho o dos formando cártel. Y que conste que el Estado estuvo presente a través de un Contrato que se incumplía sistemáticamente sin reacción alguna ni de Madrid, ni de Ceuta. En aquellos tiempos, las salidas se suspendían para amontonar los pasajeros en el barco siguiente, a veces los billetes se extendían sin cerrar hora fija, con lo que el usuario no sabía cuándo llegar a su destino, algunas hojas de reclamaciones eran de la Junta de Andalucía con la que los ceutíes no tenían nada que ver, los embarques de coches anárquicos y era preciso pelear por un sitio, las atenciones habían desaparecido y nadie se sentía cliente, sino usuario cautivo.
Ese puede ser el resultado práctico cuando se elimina la libre competencia, pero los miembros de la Mesa por la Economía y algunos ciudadanos de buena fe, piensan que, regresando al monopolio y a la fijación unilateral de horarios y rotaciones, se puede conseguir una rebaja en el precio de los transportes. Otros, sin embargo, pensamos que es necesario apoyar la libre competencia y la libertad de empresa, a las organizaciones ciudadanas que podrían controlar a las grandes compañías y a la Comisión Nacional de la Competencia que viene actuando con creciente contundencia en el control del Estrecho.
Y aunque nadie denunció a la Unión Europea las vacaciones que se dieron a la legislación de la competencia para la Operación Paso del Estrecho y las funestas consecuencias que aquello tuvo para los usuarios de España y otros ciudadanos comunitarios, es evidente que, en este caso, la Comisión Europea, a través de la Comisaría correspondiente, tendrá información directa que lo que se está acordando en Ceuta y que, para nuestro sonrojo, se le ha propuesto por lo visto a la Ministra del ramo, saldando el tema con otra Comisión como nos tienen acostumbrados.