El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ceuta acogió este miércoles las vistas de dos de los recursos formulados por otros tantos agentes de la
Policía Local que sufrieron la pérdida de unos 1.700 euros, el equivalente a un año entero de la
‘bolsa de horas’ acordada en la Ciudad Autónoma, tras ver reconocido a principios de este mismo año en sede judicial su derecho a cobrar las horas extraordinarias del festivo que tuvieron que trabajar en 2015. Los otros dos recursos serán vistos la próxima semana en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1, según adelantó la letrada que defiende a los empleados públicos recurrentes, Cristina Bernal. Frente a la Administración autonómica, que reclamó sin éxito la suspensión de las vistas de ayer por motivos de forma pero que no abdica sobre el fondo de la cuestión y sobre su supuesto derecho a dejar a los agentes sin el plus de la ‘bolsa de horas’ del año completo para evitar un “enriquecimiento ilícito”, el que implicaría que recibiesen emolumentos correspondientes a la jornada festiva trabajada y al acuerdo global para cubrir días no laborables sin coste extra para las arcas públicas, la defensa de los policías argumentó que la Ciudad dejó en una situación de “indefensión” a los afectados con una resolución “dictada al margen del procedimiento establecido” que fue “improcedente”. Según detalló Bernal en declaraciones a EL FARO, la Ciudad Autónoma no dio un plazo de alegaciones a los policías para que pudieran defenderse de la detracción de remuneraciones propuesta, que se ejecutó “de un solo golpe y rechazando las peticiones de suspensión hasta que hubiese un pronunciamiento judicial que se formularon”. Sobre el fondo de la cuestión, los recursos alegan que los empleados públicos solamente hicieron valer ante los Tribunales “su derecho a unas cobrar unas horas extraordinarias trabajadas de una forma derivada del incumplimiento de la propia Administración de sus acuerdos”, ya que en el pacto con los
sindicatos de la ‘bolsa de horas’ quedó establecido que la asignación de festivos debía efectuarse antes de la finalización del año natural anterior. Por añadidura, para los policías y para su representación procesal “de ninguna manera se puede imputar un enriquecimiento ilícito a quien ve reconocido su derecho a cobrar unos 180 euros y se le quita no una cantidad equivalente sino 1.700”. En el caso de la Policía Local, sus agentes quedaron obligados a “garantizar” la adecuada cobertura de las Cabalgatas de Reyes y Carnaval, Semana Santa, Feria, San Antonio, Corpus Christi, La Mochila, los rezos colectivos, la festividad del Carmen, el día de la Patrona, La Mochila, eventos deportivos, San Juan y poco más. La organización de esos días debía hacerse antes de Año Nuevo.
Un festivo al año colgando de la “buena fe” de todas las partes
El acuerdo firmado en 2012 entre el Gobierno y los sindicatos que permitió a unos 440 funcionarios seguir cobrando íntegro el plus de jornada especial y no perder unos 1.700 euros anuales de media conlleva que los afectados deben hacer 40 horas semanales y generar una ‘bolsa’ de unas diez al mes de las que posteriormente la Administración puede disponer ‘gratis’. Dicho pacto podría tener ahora los meses contados si se restablece la jornada de 35 horas semanales en el sector público, como la propia consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, ha dicho estar dispuesta a hacer. En la práctica, ese intercambio se quedó colgando de la “buena fe” no siempre respetada en trabajar un festivo al año (8 horas que pueden computar por hasta el triple, 24) y solo en las fechas estipuladas en dicho pacto, no para hacer cualquier servicio extra. El Gobierno de Vivas llegó a plantearse en enero la derogación inmediata del acuerdo de la ‘bolsa de horas’ ante el temor a enfrentarse a una avalancha de recursos para, como los cuatro agentes victoriosos en los Juzgados, cobrar las horas extraordinarias de los festivos trabajados sin estar en su agenda laboral con la antelación debida. Al final se optó por una salida ‘ejemplarizante’ quitando el plus de todo un año a los que habían judicializado el tema.