La titular del juzgado de lo Penal número 6 de Málaga dejó ayer visto para sentencia el juicio seguido por la muerte de Encarnación Salazar tras someterse, en noviembre de 2007, a una liposucción que terminó costándole la vida.
En la mañana de ayer se celebró la segunda y última de las sesiones judiciales, manteniéndose las mismas calificaciones por parte del Ministerio Fiscal y de la Acusación Particular, representada por el abogado Javier Cabillas. Ambos entienden que existió una clara negligencia médica que debe penarse y por la que finalmente ha sido imputado un único médico, el que intervino a la fallecida.
En la sesión de ayer, que duró hasta casi las cinco de la tarde, testificaron los forenses y peritos, dejándose clara una idea sobre la que también se hizo hincapié en la primera sesión celebrada el pasado martes: tras la operación, Encarnación Salazar estuvo sin recibir la visita del médico durante tres días. El propio imputado lo reconoció, la vio un viernes por la mañana y ya no acudió a comprobar la evolución de la paciente hasta un lunes por la tarde.
Es precisamente esa tardanza lo que considera la Acusación Particular que pudo determinar la peritonitis que sufrió la ceutí, produciéndose una “demora en su diagnóstico” que terminó siendo fatal.
El médico imputado asumió las perforaciones practicadas a Salazar, pero insistió en que tras una operación siempre existe un riesgo que hay que correr, siendo imposible de prever las complicaciones que hubo con posterioridad. Las llamadas de atención que sobre su estado hacía la paciente o sus familiares las vio dentro de la normalidad.
Ayer, tras la finalización del juicio, la Defensa del médico pidió su absolución o, de forma subsidiaria, que fuera condenado a una falta, que conlleva la existencia de una imprudencia leve.
Fiscalía y Acusación Particular mantienen lo contrario, que existió una imprudencia grave que causó la muerte de Salazar, que la actuación del médico debería ser considerada un delito y no una falta.
El Ministerio Público solicita por ello una pena de dos años y seis meses de prisión y además ayer incluyó en su informe definitivo la existencia de la demora en el tiempo para diagnosticar la peritonitis y la existencia de perforaciones causadas por el médico (existiendo relación causa-efecto), quien durante su declaración admitidó que pinchó el intestino de la fallecida. A la pena le suma una inhabilitación. Por su parte la Acusación Particular mantuvo una petición de cuatro años de cárcel y que sea inhabilitado para ejercer su profesión durante seis años. Además pide una indemnización de 450.000 euros.
