La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta dejará vista para sentencia este lunes salvo sorpresa tras mes y medio de juicio oral la mayor macrocausa de la ciudad autónoma, que sienta en el banquillo a más de cincuenta expolíticos, empleados públicos y ciudadanos anónimos por la presunta adjudicación irregular de viviendas de protección oficial.
Las partes, empezando por la Fiscalía y la acusación particular, deberán exponer sus conclusiones definitivas en una sesión en la que se prevé que el letrado de la Ciudad tome la palabra por primera vez como potencial responsable civil subsidiaria para la que se pide el abono de 10 millones de euros a personas de la ‘lista fantasma’ que no consiguieron ninguna de las 317 VPO de Loma Colmenar.
Del Ministerio Público se espera que concrete en qué quedarán sus peticiones iniciales de condena para Antonio López y el resto de procesados, sobre todo el portuario que ha reconocido el ejercicio de una labor de intermediario entre el exgerente de Emvicesa y quienes han confesado haber abonado hasta 20.000 euros por la adjudicación irregular de una VPO de una lista que en principio incluía a casi 40 personas.
Todos ellos se beneficiarán de rebajas por colaboración y dilaciones indebidas para asegurarse, en el peor de los casos, no entrar en prisión.
La Fiscalía también tendrá que concretar en qué deja sus solicitudes iniciales que sumaban cerca de 300 años de cárcel para López, los expolíticos encausados (que en principio se librarían de la imputación de pertenencia a una organización criminal), los empleados públicos de Emvicesa y el resto de acusados de cohecho, algunos de los cuales se han negado rotundamente a asumir ninguna culpabilidad.
La defensa de López, que se enfrenta a 26 años de cárcel y el pago de una multa de casi seis millones de euros, ha dejado la sensación de no haber exprimido al máximo algunas de sus cartas con la vista puesta en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o el Supremo en caso de condena.
Con toda probabilidad incidirá en el capítulo postrero de la vista de primera instancia por encima de las declaraciones que le han implicado directamente en la recepción de dinero para adjudicar casas al margen de los procedimientos establecidos en los motivos que ha venido esgrimiendo para atacar la instrucción por supuestas vulneraciones de derechos fundamentales o fallos groseros como la presunta circulación del teléfono móvil intervenido al exdiputado autonómico del PP por media España cuando supuestamente permanecía bajo custodia en Ceuta.
La Audiencia Provincial deberá decidir si Antonio López, detenido en Marbella el día de los enamorados de 2017, era un águila de los negocios (ha atribuido su gran patrimonio a que “los problemas son una oportunidad” en el ámbito inmobiliario y de la bolsa) o el pirata al que se atribuye prevaricación continuada, falsedad de documentos en concepto de autor e inductor, cohecho continuado, promoción y dirección de organización criminal y blanqueo continuado de capitales.
“Llegaremos hasta donde sea necesario para obtener la absolución”, han reiterado fuentes del entorno de López que insisten en que “no iban ni detrás de él ni del supuesto ‘caso Emvicesa’, sino a por el pez gordo para crear una ‘Gürtel’ ceutí”.
A la luz de las pruebas practicadas en el plenario nadie ha hablado de ellos y en relación con la rama política se ha traslucido la falta de control jurídico existente en la Comisión Local de la Vivienda y el conflicto subyacente sobre cuál era la normativa a aplicar en la adjudicación de las promociones de Loma Colmenar, así como las razones que sustentaron la explosión de la investigación con detenciones cuya justificación ha sido cuestionada.
Las defensas apelarán a que, sea cual fuera la reglamentación a seguir, la adjudicación de las 170 VPO no recibió ningún recurso mientras que contra la ‘buena’ de las 317 se registraron más de cuarenta.
El auto de procedimiento abreviado firmado hace cinco años dio por “sabido” que el que fuera gerente de Emvicesa y sus “captadores” formaban “una organización criminal” en la que cuando los segundos “tenían a un particular interesado en la vivienda, lo ponían en conocimiento del cabecilla, quien, por su cargo, lograba que ingresaran en la lista de adjudicatarios” aunque no cumpliesen los requisitos o les entregaba “documentos creados falsariamente que parecían conceder derecho a vivienda”.
La sentencia, que presumiblemente no se conocerá hasta bien entrado el invierno o primavera, según calculan fuentes de las partes, deberá validar o no la tesis de la acusación de que López “obtuvo una ingente cantidad de dinero ilícito” y “lo introdujo en el tráfico comercial dándole apariencia de legalidad ocultando su procedencia ilícita mediante operaciones de compra y venta de inmuebles o acciones en bolsa, vehículos, artículos de joyería (tanto en su nombre como a través de sociedades mercantiles creadas con este fin), concertando préstamos personales e hipotecas cuyas cuotas satisfacía con el dinero que obtenía de su actividad delictiva e incluso amortizando anticipadamente o cancelando las deudas con cobros ilícitos”.
Para “lograr su propósito” se habría valido “de una estructura por él diseñada y organizada que actuaba siempre bajo sus órdenes y directrices y que estaba conformada por los trabajadores comerciales de Emvicesa, los representantes públicos de la Comisión Local de la Vivienda y de intermediarios y captadores de clientes”.
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