Que casi 1 de cada 4 alumnos faltasen el respeto
a su profesor; que 1 de cada 10 haya llegado a amenazar; que se mantengan los datos relativos a los problemas que generan los alumnos para dar clase (un 21%) o los daños causados contra el material escolar (2%) en el curso 2018-2019 son cifras que reflejan una realidad que viven día a día los profesores españoles: un clima de convivencia que lleva dos años sin apenas mejorar. Según expresa el sindicato ANPE, que recopila las denuncias y los casos de docentes desde 2005 en el Informe del Defensor del Profesor: “Muestra una preocupante estabilización con respecto al curso anterior en el número de casos de acoso y violencia hacia los docentes”. En concreto, en el curso académico 2018-2019, fueron 2.174 actuaciones recogidas por el Defensor del Profesor. Los peores parados, los maestros de Primaria y Secundaria, quienes acaparan casi la totalidad de las denuncias presentadas ante el Defensor. El 44,4% corresponde a profesorado de Primaria, el 40,4% a Educación Secundaria, el 3,7 % a Formación profesional, el 7,4% a Infantil y el 3,9% restante se reparte en otras enseñanzas (como Colegios de Educación Especial, Conservatorios, Educación de Adultos, y otros centros educativos). Preocupa además que, en los casos más extremos, hasta 16 personas se hayan visto obligadas a dejar la docencia al no poder soportar el ambiente que se vivía en las aulas en las que impartían clase. También tiene sobreaviso a la ANPE el hecho de que siete comunidades autónomas, entre ellas Ceuta y Melilla, no hayan establecido una Ley de autoridad del Profesor, como en cambio sí está en otras comunidades como Aragón, Asturias, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, León, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia. Una laguna en la legislación que puede aumentar la percepción de exposición y vulnerabilidad de los profesores. Por eso, ANPE considera “prioritario” el establecimiento de unas normas claras que regulen la convivencia escolar en las diferentes comunidades autónomas y que favorezcan una verdadera interiorización de valores, actitudes y normas en los alumnos y en el conjunto de la sociedad. “Es necesario que la sociedad en su conjunto tome conciencia de la situación de conflictividad que se vive en
las aulas, y la administración educativa debe ser cada vez más consciente de que la convivencia escolar es un elemento de primer orden para el buen funcionamiento de la comunidad educativa”, asevera el sindicato.
Plan estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar
En la lista de prioridades para ANPE está el establecimiento de un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar con el fin de evitar las situaciones que actualmente se dan, sobre todo, en los colegios públicos de España. Pero hay más medidas que propone el sindicato: reactivar un Observatorio estatal y los observatorios autonómicos de Convivencia Escolar; la mayor implicación de los equipos directivos antes hechos que pudieran ser “constitutivos de delito”, así como informar a las Direcciones Provinciales de Educación correspondientes, así como al Ministerio Fiscal. Un programa de prevención de acoso escolar que contemple la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas y un plan de detección precoz de los problemas de convivencia en los centros educativos. El establecimiento de protocolos de actuación ante agresiones al personal docente de los centros sostenidos con fondos públicos. Con el fin de que esa sensación de vulnerabilidad a la que puedan verse sometidos los profesores, la ANPE también pide que se oferte la asistencia jurídica y psicológica gratuita para los docentes agredidos, “como ocurre en algunas comunidades autónomas”, a través de convenios de colaboración con los colegios profesionales de abogados y psicólogos, para los profesores víctimas de acoso. Al igual que se pide en otros ámbitos laborales, el sindicato estatal solicita que enfermedades como estrés, depresión o ansiedad se consideren “enfermedades profesionales” de los docentes siempre que se deriven en situaciones de acoso, y que estas se consideren “accidentes laborales”. Compromiso por parte de la administración para el tratamiento rehabilitador y educativo de los alumnos agresores. “Este Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar debe ser liderado y coordinado por el Ministerio de Educación, partiendo del seno de la Mesa Sectorial de Educación”, concluye el sindicato.