La Ciudad sancionará a los adjudicatarios de viviendas protegidas que las alquilan. Finaliza la revisión en Serrano Orive y Patio Páramo. La unidad técnica de la Empresa Municipal de Vivienda de Ceuta, Emvicesa, encargada de detectar a adjudicatarios de viviendas de protección oficial y protegida que las alquilan a otras personas, concluyó recientemente su inspección de las 45 casas de Serrano Orive y las 193 de Patio Páramo.
La Comisión Local de Vivienda, la cual está compuesta, entre otros, por la consejera de Fomento, Susana Román; el gerente de la empresa municipal, Antonio López; así como representantes por cada partido en la oposición, volverá a reunirse en las próximas dos semanas para plantear el calendario de controles al parque inmobiliario protegido.
En este encuentro, informarán sobre las acciones que ya se han llevado a cabo y se formularán propuestas a ejecutar próximamente. Desde Emvicesa avanzaron que los trabajos realizados consistieron en visitar todos los pisos; la entrega de los formularios que tienen que cumplimentar los inquilinos; la solicitud del consumo de agua para comprobar qué domicilios están ocupados y cuales no; y se ha procedido a cruzar los datos tanto con el Registro como con otras administraciones para detectar la existencia de algún tipo de fraude.
Aunque aún están pendientes de determinar por la Comisión de Vivienda aquellos pasos a dar para la erradicación de estas irregularidades, Emvicesa valora continuar con las promociones de Villajovita, avenida de Lisboa, Ybarrola o Príncipe, entre otras opciones.
La Ciudad Autónoma tiene por objetivo frenar el presunto fraude en la gestión de las viviendas protegidas y con el que sus propietarios pretenden lucrarse, como ya informó este periódico.
El Reglamento de desarrollo del Plan de Vivienda 2009-2012 y ayudas locales a la adquisición, alquiler y rehabilitación de viviendas y edificios aprobado por el pleno en junio de 2010 establece la pérdida y devolución con los intereses legales de las ayudas económicas percibidas y la inhabilitación de la persona infractora para promover o participar en promociones de vivienda protegida o actuaciones protegidas por la Ciudad Autónoma durante el plazo máximo de tres años, para las infracciones graves, o de seis para las muy graves.
La cesión de la titularidad de las viviendas protegidas, durante la tramitación del expediente de protección, sin el cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, como dedicar las viviendas protegidas a usos no autorizados, pueden conllevar sanciones de entre 1.501 y 6.000 euros.
Unas 6.000 casas son VPO o VPP El número de viviendas protegidas asciende a 6.404, de las que 6.024 son VPO o VPP, según un informe de la Defensora del Pueblo. En cuanto a las 380 viviendas municipales que existen censadas en la ciudad con contrato de arrendamiento o compraventa, 106 han sido canceladas por sus adjudicatarios y queda un resto de 274 viviendas gestionadas y controladas. Además, de las 6.024 VPO y VPP que hay en la ciudad censadas, 136 tienen contrato de arrendamiento, la modalidad de la opción a compra no es habitual en la ciudad. Del total de las 6.024 han sido canceladas por sus adjudicatarios 3.023 viviendas, formalizadas con escritura de cancelación de hipoteca, sea de la Ciudad Autónoma como de las entidades bancarias. Queda un resto de 3.001 viviendas gestionadas y controladas.