Los efectivos de seguridad privada en la frontera del Tarajal de Ceuta se han concentrado este lunes a las puertas de la Delegación del Gobierno y el Palacio de la Asamblea para protestar por los despidos que se están llevando a cabo, aunque es un asunto competencia de la primera institución.
Según ha explicado Javier Ríos, enlace sindical de CCOO con la empresa Eulen, esta movilización se ha llevado a cabo “con el objetivo de reivindicar que el convenio de 2018 no tiene nada que ver con la actualidad, porque en el anterior existían otras necesidades en la frontera y hoy en día solo hay que invertir en seguridad”.
“De esta forma”, explica Ríos, “salimos beneficiados todos, tanto los vigilantes, que se incorporan en su puesto de trabajo, como la frontera, que coge fluidez por el apoyo que estos vigilantes le están dando a las Fuerzas de Seguridad del Estado”.
Así, Javier Ríos, ha indicado que “en la licitación de este mes pone que son 57 vigilantes los que están, pero con el nuevo presupuesto solo se pueden mantener a 26, por lo tanto son 31 personas las que han sido despedidas”.
Además, ha hecho hincapié en la importancia de los vigilantes debido a la apertura de la aduana comercial, ya que “se va a necesitar más apoyo todavía, y debido a la escasez de vigilantes no se van a poder hacer unas funciones en condiciones, es por ello que reivindicamos que se aumente esta plantilla para poder reubicar un vigilante en cada servicio para que sea efectivo”.
Por otra parte, Rafael Hernández, vigilante de Eulen en la frontera, ha comentado las funciones que realizan los vigilantes de la frontera, que consiste en dirigir el tráfico, apoyar a la Guardia Civil con las mercancías, a Policía Nacional con los pasaportes,... “La verdad es que hay muy pocos efectivos de los Cuerpos de Seguridad del Estado y estamos apoyándolos”.
Por último, el secretario de Organización Unión Provincial de CCOO, Ángel Lara, ha mostrado el apoyo del sindicato hacia esta movilización.
“No entendemos cómo la Delegación del Gobierno, que está anunciando a bombo y platillo la apertura de la aduana comercial, procede al recorte de personal cuando se supone que habrá más trabajo”, ha declarado Lara.
Esta no será la única movilización que lleve a cabo este grupo, ya que el jueves 2 de febrero también volverán a manifestarse.
La Ciudad Autónoma carece de competencias en el ámbito fronterizo pero realiza un enorme esfuerzo y siempre ha mostrado su total predisposición a colaborar con la Administración General del Estado en todo lo necesario en esta materia.
Con el convenio del hecho fronterizo, en vigor desde 2018, la Ciudad mantiene un refuerzo de Servicios Tributarios para el control del fraude fiscal, servicios de seguridad como la Policía Local y otro con el medio propio Tragsa para la limpieza. También se sustenta el mantenimiento del personal y los distintos servicios que se llevan a cabo en la explanada de embolsamiento de Loma Colmenar, a través de la sociedad pública Amgevicesa.
El refuerzo de la seguridad privada y su adaptación a las nuevas exigencias en el tránsito fronterizo se puso en marcha a raíz de la reapertura del paso, es decir, su mantenimiento ha supuesto un gasto complementario que la Ciudad ha asumido suprimiendo otras partidas con recursos propios y que el año 2022 ha supuesto aproximadamente 1,7 millones de euros.
El esfuerzo se sigue manteniendo este año, como muestra la inclusión de un millón de euros de recursos propios de la Ciudad para asumir este servicio. Además, en el Presupuesto de 2023 se ha incorporado una partida de 2,5 millones que actualmente se encuentra indisponible y a la espera de que se materialice la transferencia del Estado, como así se ha trasladado por parte del Gobierno de la Nación. En cuanto esas transferencias lleguen la Ciudad incrementará sin ningún problema los recursos de seguridad privada, habilitando los procedimientos administrativos de contratación que sean necesarios.
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