La justicia vive atrapada en un particular caos en Ceuta. Nada funciona como debería y CCOO se encarga no solo de sacar los colores a los responsables del Ministerio sino, también, de advertir de lo que está ocurriendo. Son las auténticas vergüenzas del sistema.
La delegación sindical del sector Justicia exige, de hecho, una reunión urgente al Ministerio para que dé solución a las problemáticas derivadas del Tribunal de Instancia.
“Hemos tenido conocimiento extraoficialmente de la próxima visita de un representante del Ministerio de Justicia a los Centros de Trabajo de Ceuta, programada para el día 12 de marzo, al objeto de supervisar y realizar un seguimiento de la implantación del Tribunal de Instancia”, expone CCOO-Justicia.
Pues bien, “casualmente”, exponen, “el jueves y viernes de esta semana, la gerente territorial del Ministerio se ha adelantado a la visita, trasladándose a Ceuta desde Sevilla, para revisar e inspeccionar y ordenar de primera mano una serie de actuaciones, consistentes en mudanzas de despachos, reordenación de oficinas, cambio de mobiliario, pintura y limpieza en áreas de paso y despachos…”.
“Toda una puesta en escena para simular unas condiciones de trabajo que no son reales, maquillando las deficiencias estructurales que padecemos en las oficinas judiciales del reciente Tribunal de Instancia implantado en Ceuta, que no ha sido capaz de llevar a cabo antes y con ello ocultar la verdadera situación de las instalaciones mediante medidas superficiales de ultima hora, demostrando una vez más su pésima falta de planificación y gestión”, lamenta el sindicato.
No obstante, desde CCOO han hecho sus deberes en esa acción vigilante que mantienen sobre todo lo que pasa en la justicia en Ceuta y han remitido escrito solicitando reunión al Ministerio exponiendo todas las incidencias de las que “hemos tenido información recibida de los trabajadores de los órganos judiciales”.
“En general, y en Ceuta en particular, el personal está desorientado, descontento y, en mayor o menor medida según en qué servicios o áreas, sobrepasado, con estrés generalizado, con incremento de carga de trabajo o con un desigual reparto de tareas entre el personal del mismo centro… lo que redunda negativamente no solo en los derechos laborales, sino también en la prestación del Servicio Público de la Administración de Justicia a la ciudadanía cuya mayor eficiencia se perseguía con esta Ley”.
Denuncia CCOO-Justicia que la implantación casi total del nuevo modelo organizativo en el ámbito de gestión del Ministerio de Justicia derivado de la Ley Orgánica 1/2025 en las Oficinas de Justicia en el Tribunal de Instancia de Ceuta “está generando para el personal de la Administración de Justicia diversas disfunciones (muchas de ellas puestas ya por CCOO en conocimiento del Ministerio de Justicia a través de escritos, del correo electrónico o en las reuniones de las mesas de negociación) propiciadas, bien por el lógico impacto del importante cambio organizativo o bien por interpretaciones, a veces divergentes, del secretario de gobierno, de las direcciones de los distintos servicios comunes o centros de trabajo o de la Gerencia Territorial”.
La situación es caótica y si la justicia no marcha bien, las consecuencias repercuten directamente en el ciudadano.
CCOO-Justicia no solo denuncia lo que está pasando, sino que además expone con detalle todas las problemáticas registradas.
“Como delegado de CCOO de Justicia que atiendo los centros de trabajo, he detectado las siguientes problemáticas en la implantación del nuevo modelo organizativo en el Tribunal de Instancia de Ceuta”, explica Miguel Ángel Almedina.
“En una interpretación restrictiva de la Disposición transitoria primera del Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal funcionario al Servicio de la Administración de Justicia se han dejado de percibir como ‘mochila’ el plan concreto de actuación que se acompañaba en los puestos de atención al público provenientes de la NOJ implantada en Ceuta y se ha dejado de incluir en los turnos de guardia a personal que venía realizándolas antes del acoplamiento”.
“En el Servicio de Juzgado de Guardia, sin diferenciación de puestos de Violencia Sobre la Mujer en el SCT,) se han asignado al personal de guardia tareas de registro y tramitación, además se ha determinado a la guardia la atención a detenidos y juicios rápidos de Violencia sobre la Mujer en horas de audiencia; se ha establecido turnos de sustituciones para las guardias que limitan vacaciones y permisos; a personal confirmado forzoso en puestos GU y que procede de órganos sin guardias se les obliga a hacerlas; se han realizado cuadrantes de guardia arbitrarios que asignan un mayor número de guardias a unas personas que a otras o rotaciones que establecen una frecuencia que impide la conciliación familiar, y existe personal titular e interino en puestos sin código GU que hace guardias y que antes del acoplamiento no las hacía y por tanto no tienen esa ‘mochila”, expone.
Sobre la asignación de puestos al personal interino tras el acoplamiento, “también ha habido falta de información y de criterios objetivos, sin las garantías de la Resolución de acoplamiento de que se haya aplicado la mayor experiencia en una jurisdicción concreta. La asignación de las vacantes a este personal se ha desarrollado con ausencia absoluta de publicidad y de transparencia y, además, ha habido y sigue habiendo retrasos y errores en la formalización de los nombramientos con efectos en los ceses por cobertura por personal titular del puesto asimilado al código”, añade.
Respecto a la Orden de interinos que regula la selección, nombramiento y cese del personal interino y las bolsas de trabajo, “he exigido que debe ser modificada para dar solución a los múltiples problemas y quejas que su desactualización está generando, además de denunciar los criterios que viene aplicando la Gerencia en su aplicación respecto de otras Gerencias del territorio Ministerio”.
En relación con las comisiones de servicio, “se ha seguido cometiendo irregularidades y arbitrariedades, se han autorizado para plazas no concretas, han movido a funcionarios de un Servicio a otro, sin el preceptivo informe correspondiente del LAJ, perjudicando al resto del personal”.
“La falta de regulación que venimos exigiendo continuamente, está permitiendo gran cantidad de discrecionalidades o directamente ‘enchufes’ para otorgar, unas si u otras no, a libre albedrío. Las Comisiones de Servicio cuya oferta y asignación deberían atender a criterios objetivos y de transparencia. La situación actual es inaceptable e impropia de un estado de derecho en el que deben garantizarse los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en todos los sistemas de provisión de puestos de trabajo”, reseña el delegado de CCOO-Justicia.
“La no asignación obligatoria de tareas que no fuesen competencia del órgano de origen (Último párrafo del punto c) de la disposición transitoria primera del Reglamento Orgánico) se está incumpliendo, asignando nuevas tareas de forma obligatoria; el ministerio se ha negado a la solicitud de CCOO de dar instrucciones en este sentido al secretario de Gobierno y LAJ Directores de los Servicios, y se están aplicando las adscripciones temporales del art. 39 del Reglamento cuando el personal exige el respeto a esta disposición reglamentaria”, añade.
“Existencia de puestos genéricos con tareas de puestos diferenciados o singularizados como, por ejemplo, actos de comunicación, atención al público (por ejemplo, puestos de trabajo puros de atención al público en mostradores de los Registros Civiles), y sin complemento específico que lo retribuya, mientras que por esas mismas tareas existen localidades en las que sí existen puestos de trabajo diferenciados o singularizados con mayor complemento específico”, añade.
En materia de Salud Laboral, el delegado de CCOO-Justicia advierte que no se ejecutan o solo parcialmente las medidas correctoras propuestas por los informes de la Inspección de Trabajo, las evaluaciones de riesgos elaboradas con anterioridad al 31 de diciembre de 2025 han quedado desfasadas por el cambio de distribución en los espacios físicos y, además, en materia de prevención de riesgos psicosociales derivados de la organización de trabajo, es de obligado cumplimiento la realización una nueva evaluación e implementación de las medidas correctoras ante los importantes cambios organizativos producidos.
Los sistemas informáticos y telemáticos existentes permiten solo parcialmente la implantación del nuevo modelo organizativo y del “papel cero” con las siguientes carencias, entre otras:
“La desactivación parcial o total de Minerva (sistema anterior de Gestión Procesal) cuando Atenea (el nuevo sistema de Gestión procesal que se está implantando) tiene muchas carencias que hemos denunciado y no se han corregido”.
“El CAU solo remite al manual sin dar soluciones, hay caídas sistemáticas del Punto Neutro Judicial, retrasos en la digitalización de los Registros Civiles, recortes hasta casi la eliminación de la formación informática presencial y de la atención al personal usuario, además de problemas en la telefonía fija, falta de directorios telefónicos y de intercomunicación entre los distintos Centros de Trabajo y oficinas”, explica.
Se han detectado también otras incidencias como son la falta de credenciales para acceder al Centro de Atención a Usuarios de los sistemas informáticos, errores en la cartelería identificativa de las oficinas, confirmaciones de oficio obligatorias en puestos no deseados y nombramiento, en los puestos de preferencia del personal titular, de personal interino al quedar vacantes en el acoplamiento.
A esto se añade “el reparto de trabajo desequilibrado y solo verbal entre los puestos genéricos de un mismo servicio común, los traslados forzosos de edificio o instalaciones y la falta de personal en determinadas jurisdicciones o especialidades (por ejemplo VSM , a pesar de que tienen nuevas funciones para los delitos sexuales, de que se están nombrando más jueces y juezas y de que ha aumentado la carga de trabajo por la extensión de la competencia territorial) por la falta de efectivos o por su deficiente distribución por áreas o por servicios comunes”, indica el delegado de CCOO-Justicia.
También advierte de las incidencias importantes por falta de espacio físico, por la ubicación de puestos en zonas de paso, cableado por el suelo sin protección por las nuevas ubicaciones de los soportes ofimáticos, hacinamiento por la redistribución del personal en las nuevas oficinas y falta o inadecuación del mobiliario.
CCOO-Justicia añade falta de separación de espacios entre víctimas y agresores en oficinas de VSM, falta de espacios confortables y adecuados para menores y obras inacabadas e interminables como la cubierta del Palacio de Justicia, que hace que el SCEJ Civil/Contencioso/Social lleve meses sin poder trasladarse a las nuevas instalaciones de la 5ª Planta.
“Tras dos meses, la desaparición del ministerio en la toma de decisiones dejándolo todo en las manos del secretario de Gobierno, de los directores de los Servicios Comunes y de la gerente Territorial, no hace sino ahondar en la falta de asunción de responsabilidades en dicha implantación y sus consecuencias nefastas más que evidentes hacia el servicio público a la ciudadanía y al resto de profesionales de la Justicia que, dicho sea de paso, también la sufren todos los días”, añade.
CCOO-Justicia advierte que se ha dado cuenta de todo esto al Ministerio por lo que exigen esa reunión para que se analice y evalúen las disfunciones que se están produciendo en cada una de las localidades del ámbito no transferido, incluida Ceuta, y las soluciones que, de forma negociada o consensuada, den respuesta a dichas incidencias.
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