La Comisión de Defensa del Congreso ha rechazado este jueves que el Gobierno reconozca casos de malos tratos, acoso y vejaciones en el servicio militar obligatorio, implantado en todo el país y también en Ceuta, en las décadas de los ochenta y los noventa.
También ha rechazado depurar las responsabilidades oportunas en los estamentos políticos y militares implicados y establecer mecanismos de reparación para las víctimas, con la abstención del PSOE.
La iniciativa, impulsada por ERC, se apoya en el documental catalán 'Et faran un home' (Te harán un hombre), que sacó a la luz que "muchos reclutas sufrieron vejaciones, malos tratos y agresiones" mientras hacían la 'mili', "un entorno que debería garantizar la seguridad y bienestar" de esos jóvenes.
El documental y la investigación también exponen que los comandantes militares, "en muchos casos, incitaban y eran cómplices de estos abusos" y revela "un patrón de impunidad y negligencia institucional por parte de las autoridades militares y civiles", según denuncia ERC en su iniciativa.
ERC indica que cálculos del Ministerio de Defensa muestran que, de 1983 a 2001, hubo más de 300 suicidios documentados en las Fuerzas Armadas, pero aventura que "con toda probabilidad las cifras reales serían mucho mayores si se tuvieran en cuenta las muertes en extrañas circunstancias".
"Durante los años ochenta y noventa, los mandos militares, para evitar posteriores investigaciones, hacían constar en los certificados de defunción que la muerte se había producido por un hecho accidental", explica el partido nacionalista catalán.
"Varias familias, a raíz de la investigación del documental, han sabido que el fallecimiento fue un suicidio propiciado por los abusos y vejaciones sufridos durante su estancia en los cuarteles militares", afirma ERC.
La formación catalana incide en que los casos documentados y los "pocos datos" del Ministerio de Defensa "no representan casos aislados", sino que son "parte de una dinámica estructural que ha perdurado a lo largo del tiempo, sin que ninguna autoridad competente haya asumido responsabilidades".
"Estos episodios representan un fracaso colectivo que merece una revisión exhaustiva y una reparación moral, simbólica y económica hacia las víctimas", considera ERC.
Se ha votado por puntos y los tres que componen la proposición no de ley han sido rechazados, con los votos en contra de PP, Vox y UPN y la abstención del PSOE en los dos segundos, en los que ERC reclamaba un reconocimiento público de los casos, identificar a los responsables e instar a las investigaciones, denuncias y querellas oportunas para depurar las responsabilidades administrativas, patrimoniales y penales que corresponda; y establecer mecanismos de reparación moral y económica para las víctimas, incluyendo asistencia jurídica y psicológica para víctimas y familiares.
El primero, que ha recabado el apoyo de los socialistas, Sumar, ERC y Bildu, pedía abrir una investigación "exhaustiva e independiente" sobre los casos documentados, asegurando la protección de las víctimas, testigos y familiares.
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