La consejera de Fomento, Susana Román, y el viceconsejero de Vivienda y Rehabilitación, Antonio López, se sentaron ayer a la mesa con los vecinos que ya han recibido la notificación de la Delegación del Gobierno en la que se les advierte de que si sus viviendas carecen de concesión administrativa podrían verse obligados a desalojarlas para su posterior derribo.
Román, que ya había anunciado el miércoles que redoblará los esfuerzos en nombre de la Ciudad en la búsqueda de soluciones pese a ser el caso competencia exclusiva de la Administración central, detalló a los afectados, sobre plano, las modificaciones previstas para la zona en el PGOU, un documento “que finalmente deberá aplicarse y en el que se recogen soluciones globales para la barriada”. También les transmitió que, pese a las dificultades, el objetivo de la Ciudad es que ningún inquilino pueda quedar sin techo, por lo que explorarán todas las posibles alternativas en el caso de que el desalojo sea inevitable.
Como ya detalló hace dos días su titular, la Consejería de Fomento insiste en que entre la quincena de ocupantes de las viviendas que según Delegación del Gobierno incumplen la Ley de Costas existen tres casos bien diferenciados: quienes tienen en su poder la documentación pertinente y podrán permanecer en ellas, un segundo grupo que también cumple con los requerimientos pero que podría optar por abandonar Benzú si reciben la correspondiente indemnización y, por último, los que Román definió como “paracaidistas”, término que englobaría a quienes han ocupado viviendas sin figurar en ningún documento como inquilinos. En este último punto los vecinos puntualizaban ayer que el concepto no es correcto y que en todo caso se trataría de “jóvenes que se casaron y comenzaron a vivir con sus padres y han permanecido en las viviendas, pero en ningún caso recién llegados”.
Los afectados tienen previsto reunirse esta misma tarde para analizar el resultado de la cita con Román y sopesar qué pasos emprender a partir de ahora. Una de las vecinas aseguraba ayer a El Faro que, además de defender la supervivencia de sus propias casas, iniciarán hoy mismo una campaña de difusión entre el resto de inquilinos para concienciarles de que sus inmuebles también pueden estar en peligro. “A mí aún no me han notificado nada, pero tenemos la sensación de que también nos puede tocar al resto”, subrayaba.
La Delegación del Gobierno notificó en noviembre a una quincena de inquilinos de Benzú que incumplían la Ley de Costas al no poseer concesión administrativa para ocupar, con sus viviendas, zonas de dominio marítimo-terrestre. La Administración pretende recuperar esos terrenos para uso público, para lo que ha iniciado el trámite que puede culminar en el desalojo y posterior derribo.
El expediente sigue su curso en Delegación
Además de la reunión con la consejera de Fomento, los afectados tenían también ayer cita en la Delegación del Gobierno. Allí se entrevistaron, a primera hora de la mañana, con Bharat Bhagwandas, director del Área de Fomento de esa institución para conocer el estado de sus expedientes y cumplir con el trámite de audiencia que contempla la Ley de Procedimiento Administrativo. “El expediente”, que se extiende a la quincena de afectados que han recibido ya la notificación, “sigue su cauce ordinario en paralelo a los trámites que pueda realizar la Ciudad para el posible realojo de los vecinos”, aseguraba ayer Bhagwandas. La tramitación, que se encuentra aún “en fase muy inicial”, ha cumplido ya sus primeros pasos: la notificación del acuerdo de de inicio, el trámite de alegaciones a esa apertura y el plazo de audiencia. Ahora, tras dictarse la propuesta de resolución para la recuperación de la zona de dominio marítimo terrestre en la que se levantan las viviendas, se abrirá de nuevo un plazo de recursos. En todas esas etapas, insisten desde Delegación del Gobierno, los afectados cuentan “con todas las garantías” que establece la legislación vigente.
