Varapalos al separatismo europeo

Últimamente vienen sucediendo varios hechos bastante relevantes y significativos en el mundo separatista, que particularmente me hacen pensar que Europa y algunos de sus organismos supranacionales, por fin, empiezan a darse cuenta de que el tema del separatismo de algunas regiones españolas, como Cataluña, El País Vasco, etc, no son hechos puntuales o aislados, sino que, como en las pandemias del maligno “coronavirus”, estamos en presencia de un problema más amplio que avanza y puede expandirse por toda Europa.

Y si bien tales hechos me hacen ser moderadamente optimista, en el sentido de que las autoridades europeas pueden estar cayendo en la cuenta de que respecto del soberanismo irredento hay que atajarlo rápidamente arbitrando medidas normativas conjuntas y armonizadas para hacer frente seriamente de una vez por todas al problema, por otro lado, llama poderosamente la atención que tales hechos apenas hayan transcendido a los medios y redes sociales.

Ya sabemos que nuestra Constitución Española se dotó de los instrumentos jurídicos suficientes e idóneos para blindar España contra el independentismo. Así, en su artículo 1 se refiere a que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, y que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

En su artículo 2, se proclaman como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político; que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas; que el castellano es la lengua oficial del Estado, teniendo todos los españoles el deber de conocerla y el derecho a usarla. Y en el artículo 14 se proclama que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Y a quienes durante nuestra formación jurídica de ocho años (cinco de Derecho y tres de Graduado Social) se nos estuvo enseñando que la Constitución es la Ley de leyes que, representada por una pirámide cuyo vértice superior mide de arriba abajo la jerarquía y prevalencia de las normas jurídicas y nadie se podía saltar dicho orden, pues no tenemos más remedio que sentirnos ahora atónitos y estupefactos al ver que luego llegan los secesionistas y simplemente invirtiendo el sentido piramidal de modo que colocando su conveniencia el vértice hacia abajo, pues resulta que resuelven su problema del independentismo para romper España y, además, esperan que con ello les va a caer alguno de los tesoro de los que los egipcios guardaban en ellas, por aquello de que la “pela es la pela”.

Entonces, necesariamente hay que preguntarse: ¿se imaginarían aquellos prestigiosos arquitectos egipcios de hace 2.700 años a. C., que el pueble los tenía por talentos tan inteligentes e insustituibles, que sólo con poner ahora sus pirámides boca abajo iban a mantenerse de pie tantos miles de años?. Y ya de paso, claro, quienes ni sabemos ni entendemos de jerarquía de las normas jurídicas, pues sólo nos quedaría proclamar: ¡”El independentismo al poder, y a la cárcel aquellos torpes arquitectos y agrimensores egipcios que no supieron prever que el “derecho” en las pirámides era, precisamente, el “revés”.

Parodiando al expresidente norteamericano Abraham Lincoln, habrá que decir aquello de: “Se puede estar mucho tiempo engañando a mucha gente; pero lo que no pueden los separatistas es estar todo el tiempo engañando a toda la gente”. Comenzaron con su tan repetida falacia, ya desmontada, del “España nos roba”. Viendo que tal añagaza se les caía encima, protestaron pidiendo la “cogobernanza” en la lucha contra el “coronavirus”. Y se la concedieron, para luego tener las Autonomías más soberanistas las tasas más altas de mortalidad por tan maligno Covid-19. Hasta de la tristeza y el tremendo dolor por la muerte por pandemia, no tuvieron ningún reparo de hacer separatismo puro y duro.

Pero Europa parece haberse empezado a darse cuenta ahora de que al secesionismo victimista y pedigüeño de España no hay más remedio que corregirle su desenfrenado rumbo que, como los demás virus, parecen estar expandiéndose por los demás países. Y, en tal sentido, últimamente se han dado dos hechos relevantes a los que me quiero referir, porque llama poderosamente la atención el escaso eco y casi nula divulgación que en los medios y redes sociales han tenido.

Primero. El Consejo de Europa, ya saben que es una organización supranacional, integrada por 47 Estados europeos; pero que es distinta de los 27 Estados miembros que integran la Unión Europea, teniendo la primera como objetivo principal la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Tiene su sede en Estrasburgo (Francia), y cuenta allí con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para dirimir los conflictos de tal naturaleza.

Y, como ya sabemos, el separatismo radical ha dividido Cataluña en dos partes casi irreconciliables: la de catalanes separatistas radicales (sólo un 47,5 %), frente a los otros catalanes constitucionalistas, trabajadores y honestos (la mayoría social del 52,5 %), según las últimas elecciones autonómicas de 2017, aunque luego por arte de “birlibirloque” sus circunscripciones electorales fueron favorecidas respecto de otras Autonomías, pudiendo así tener la mayoría parlamentaria que les permite gobernar.

"Pero Europa parece haberse empezado a darse cuenta ahora de que al secesionismo victimista y pedigüeño de España no hay más remedio que corregirle su desenfrenado rumbo que, como los demás virus, parecen estar expandiéndose por los demás países"

Conocemos igualmente que desde que gobiernan en “desgobierno”, no han hecho otra cosa que dividir a los catalanes, pretendiendo que los buenos sean los malos, incluso queriendo hacerles extranjeros en su propia tier. Han llevado a Cataluña a la ruina económica y al descrédito internacional, propiciando la huida hasta ahora de 6.700 empresas, con el Parlamento cerrado sin apenas legislar. No están en bancarrota gracias al aval y a la deuda no pagada a España. En palabras de la Presidenta del Congreso, la catalana Merixell Batet: “El mundo ha dejado de admirar a Cataluña. No han tenido otro proyecto que el “procès”, la división, la ruptura de España.

Pues resulta que el presidente del Consejo de Europa, el noruego Thorbjorn Jagland, al que corresponde velar escrupulosamente por el respeto de los derechos humanos europeos, habiendo ya expresado en su día su total apoyo a España y a sus Tribunales de Justicia en la cuestión de la pretendida separación unilateral de Cataluña, ”sí o sí”, con su enfermizo “lo volveremos a hacer”, y el anterior ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell (catalán y actual Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad), mantuvieron sendas reuniones, en las que el primero manifestó al segundo que en España no hay presos políticos y que la justicia española es imparcial.

Ambos políticos acordaron que la solución al problema catalán se debe basar totalmente en la Constitución Española y que, si se realizara un cambio de la misma, debe hacerse "de forma constitucional", atendiendo a la mayoría libre y democráticamente expresada por todos los españoles, habida cuenta de que la soberanía española está residenciada en todo el pueblo español y no sólo en el catalán. O sea, que debe votar todo el pueblo español, en lugar de sólo los catalanes.

Ello ha llevado a aprobar una nueva Guía del Consejo de Europa para la celebración de referéndums, que vendría a suponer un duro varapalos para los separatismos europeos, habida cuenta de que sitúa a la Constitución de cada Estado-miembro como único marco legal que ha de servir de base para la celebración de referéndums de autodeterminación, en cuya elaboración parece haber sido clave la destacada labor de Josep Borrell cuando todavía era Ministro de Asuntos Exteriores español.

Dicho documento sólo se publicó en el Boletín del Ministerio de Asuntos Exteriores de España hacia mediados de octubre de 2020, y parece haber deslegitimado definitivamente la estrategia de algunos partidos radicales de convocar un referéndum utilizando sólo las instituciones catalanas, pese a ser un asunto que afecta a toda la Nación española. Dicha Guía prevé que, a partir de su aprobación, marca la nueva pauta de actuación de cara a la celebración de plebiscitos que tengan como objetivo la separación de cualquier territorio que ya forme parte de un Estado.

Según dicha Guía, “solo un cambio en la Constitución española y una ley ad hoc” (para el caso concreto) del Parlamento del país de que se trate y que supere los filtros de órganos como el Tribunal Constitucional, permitiría un referéndum sobre la hipotética independencia de Cataluña que pretendieran votar solo los catalanes. Así, no prevalecería la voluntad, ni las encuestas, ni los resultados de unas elecciones autonómicas y ni una mayoría de escaños serían argumentos independentistas válidos.

Los líderes separatistas Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, ya recurrieron sin éxito durante los meses previos al referéndum del “1-O” al Consejo de Europa. Y la nueva Guía es considerada como un documento de extraordinario valor porque marca los principios democráticos y valores de Europa como marco jurídico de actuación ineludible para los países miembros. Aunque su texto no menciona expresamente el “procès”, hay numerosas alusiones tácitas al mismo. Y se explica que la nueva Guía parte de varias disputas surgidas en los Estados miembros; recordando que en algunos de los controvertidos referéndums se vulneró la legalidad al convocar las consultas.

En la Guía se recoge que cualquier referéndum "debe cumplir con el sistema legal en su conjunto. No se pueden celebrar sin que la Constitución o un estatuto o ley cumpla la Constitución. Así, el pasado 26 de noviembre, el Parlamento Europeo quiso cortar de raíz los anhelos de los líderes independentistas catalanes, al rechazar una enmienda de ERC que proponía el reconocimiento del derecho de "autodeterminación" de las regiones europeas. El resultado fue elocuente: tuvo 487 votos en contra, 170 a favor y 37 abstenciones, dejando así claro por abrumadora mayoría que la "autodeterminación" no tiene cabida en la Unión Europea, que nunca la avalaría

La legislación imperante, por lo tanto, seguirá siendo la Carta Magna española y la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum. En su artículo 2 establece las tres condiciones que hay que cumplir para este tipo de plebiscitos. Primera: «La autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades, es competencia exclusiva del Estado». Segunda: «La autorización será acordada por el Gobierno, a propuesta de su Presidente, salvo en el caso en que esté reservada por la Constitución al Congreso de los Diputados». Y tercera: «Corresponde al Rey convocar a referéndum, mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente».

"El separatismo radical ha dividido Cataluña en dos partes casi irreconciliables: la de catalanes separatistas radicales (sólo un 47,5 %), frente a los otros catalanes constitucionalistas, trabajadores y honestos (la mayoría social del 52,5 %), según las últimas elecciones autonómicas de 2017, aunque luego por arte de 'birlibirloque' sus circunscripciones electorales fueron favorecidas respecto de otras Autonomías, pudiendo así tener la mayoría parlamentaria que les permite gobernar"

Segundo. A lo anterior ha venido también a sumarse el hecho significativo de que el eurodiputado español Javier Zarzalejo ha presentado una iniciativa ante las Comisión de la UE, para modificar la Euroorden en materia de entrega de detenidos cuya repatriación interese un país miembro, en la que se pretende añadir diez delitos más a la actual lista de 32 tipos delictivos que no requieren el control de la doble incriminación por parte del Juez donde se encuentre la persona huida que haya sido reclamada, lo que permitiría la entrega automática entre los países de la UE, incluyéndose en esa nueva lista las siguientes conductas delictivas, entre otras:

El ataque a la integridad constitucional de un Estado, que implique el uso de la violencia. Los delitos contra el orden público, de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, vio contra la mujer. Evasión Fiscal. Actos de contaminación masiva (ejemplos: refugiados de ETA en Francia y otras cooperaciones más fluidas: armonización judicial, más nuevas formas de desestabilización violenta. Lo que vendría a tipificar casos tan incomprensibles e incongruentes como el de Puigdemont, burlándose de la Justicia española refugiándose en otro país miembro. Y eso, jurídicamente, me parece una flagrante aberración, que el Consejo de Europa se creo pretende ahora erradicar.