Casi tal día como hoy hace cuatro años, el 13 de febrero de 2019, efectivos de Protección Civil localizaron en un búnker ubicado al otro lado de la carretera nacional de Juan XXIII, sobre la costa de Ceuta, un cuerpo carbonizado. Las pruebas forenses constataron que se trataba del de Vanesa Martín, la mujer de 37 años que había desaparecido siete días antes. Durante las últimas semanas su familia ha visto con cierta “envidia” cómo ha gestionado la Jefatura Superior de la Policía Nacional el aparente esclarecimiento, a expensas de las resoluciones judiciales, de los crímenes del pequeño Mohamed Abdeselam en Loma Colmenar y del adolescente Mohamed Alí. No solamente el éxito en el trabajo de los investigadores a la hora de localizar y detener a los presuntos responsables de sus crímenes, sino también la delicadeza y cercanía con la que se ha tratado a sus allegados. “Nadie se ha puesto en contacto nunca con nosotros para informarnos de ningún avance… Me alegro mucho, de corazón, de que hayan encontrado a los supuestos autores de los últimos crímenes, pero con nosotros no se portaron igual”, lamenta desde Murcia, donde reside habitualmente, Rocío Martín, hermana de Vanesa, que lleva grabada en la mente la frase que le dijo un investigador: “¿Usted tiene hijos? ¿Los lleva al pediatra? ¿A que para él es uno más? Pues para nosotros igual”.
“¿Tiene hijos? ¿los lleva al pediatra? ¿a que para él es uno más? Para nosotros igual”
Judicialmente el caso de Martín está sobreseído provisionalmente desde agosto de 2020, dormido. Fuentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional han explicado esta semana que la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) llegó a identificar a un presunto culpable y que mantiene activa una orden de detención, pero se cree que el individuo huyó a Marruecos y hasta que no vuelva a entrar en España nada se puede hacer. El letrado José Luis Pizarro, que representa a la familia de Vanesa, está repasando de nuevo el expediente a fondo “por si hay algún fleco que se nos pasase entonces al que poder agarrarnos”. “La investigación no se llevó de forma adecuada”, analiza el abogado. “El tiempo, muy delicado, no se gestionó bien, se tomó declaración a varias personas, pero alguno se fue de la lengua y el principal sospechoso se fue al país vecino antes de que pudiera ser detenido”, lamenta. Aunque Marruecos rechaza sistemáticamente las solicitudes de colaboración judicial tramitadas desde Ceuta, en este caso ni siquiera se ha podido llegar a pulsar esa vía. “Lo que hay es una requisitoria policial, no judicial, porque el instructor ni siquiera llegó a tener a su disposición a esa persona, un indocumentado que entonces, con una frontera tan permisiva para el tránsito, seguramente pudo escapar sin problemas”, denuncia la “dolorosa impunidad” a la que se enfrenta la familia de Martín. Vanesa, a la izquierda; Rocío su hermana, a la derecha. Cedida por la familia.
“Hace cuatro años había cámaras, no sabemos si se hizo todo lo que se podía”
“No entiendo por qué no hay convenios con el país vecino que permitan obligar a traerlo aquí y es especialmente doloroso que mi padre falleciese a finales del año pasado sin saber quién o quiénes fueron los asesinos de su hija”, explica Rocío, que no pierde la esperanza de que “algún día” alguien de la Policía Nacional “nos diga qué se ha hecho con el caso”. “En su momento nos llegaron pistas que apuntaban a que había aparecido una sudadera en el monte y tuvimos que ir nosotros a intentar buscarla porque los agentes prefirieron centrarse en otro suceso que había sucedido en el Príncipe”, recuerda con rabia. Según Pizarro, de los testimonios y pruebas recabadas se llegó a la conclusión de que Martín había estado con varias personas y se produjo “una pelea” tras la que habría sido golpeada. “En la autopsia se apuntó a que en sus pulmones había humo por lo que podría haber sido quemada cuando todavía estaba con vida, pero también es cierto que el punto en el que se localizaron sus restos ya había sido revisado y no se había visto nada, por lo que su cuerpo podría haber sido movido…”, se refiere a una de las muchas incógnitas por resolver. “Hace cuatro años ya había cámaras, pero no sabemos si se hizo todo lo que se podía por aclarar la muerte de mi hermana”, añade Rocío, que siente que su familia no ha sido tratada adecuadamente. “Como perros”, denuncia. “Los medios que se pusieron para resolver el caso”, coincide su abogado, “no fueron todos los que se podían haber dedicado y el trabajo fue, digamos, inadecuado”.