Los trabajadores del Convenio de Inmigración de la Ciudad aún no han recibido ninguna respuesta sobre su continuidad laboral, pese a que desde el Ejecutivo local se comprometieron a estudiar la renovación de los contratos, lo que ha llevado a este colectivo a experimentar una “incertidumbre e inestabilidad, tanto laboral como personal”, comenta una de las afectadas.
El próximo 31 de diciembre finalizan los contratos de 16 trabajadores suscritos a la Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad que desempeñan funciones estructurales en dicha área desde el año 2006. El hecho de no renovar estos contratos y, por tanto, la suspensión de los servicios desarrollados por los trabajadores afectaría al correcto funcionamiento de las UTS del Príncipe, Benzú, el Centro y San José, además del Centro del Mayor.
Estos 16 trabajadores se encuentran ubicados en los servicios y programas de atención a la población más vulnerable de la ciudad, por lo que muchos de los programas técnicos que actualmente se desarrollan en virtud de este convenio verían en serio riesgo su normal desarrollo o, incluso, su continuidad.
Entre los programas que se verían afectados en caso de que la Ciudad decidiera no renovar los contratos de los trabajadores, se encuentran los de la UTS del Príncipe Alfonso, ubicado en el polifuncional Mustafa Mizzian. En este caso el SIVO o Servicio de Información, Valoración y Orientación, pasaría de tres trabajadores sociales a uno, mientras que la gestión del Ingreso Mínimo de Inserción Social (IMIS) quedaría sin ningún técnico responsable, por lo que su gestión sería totalmente inviable.
Los talleres incluidos en el ámbito de Intervención Comunitaria de las barriadas Príncipe Alfonso y Príncipe Felipe también desaparecerían en caso de no renovarse los contratos.
Los programas SIVO y de Intervención Comunitaria de la UTS de Benzú tampoco se ‘salvarían’ de este recorte, concretamente de los dos técnicos responsables de ambos servicios, dejando sin atención a la barriada.
En la UTS de San José, los cuatro trabajadores sociales quedarían reducidos a dos técnicos, mientras que en el programa de Alojamiento Alternativo tan solo quedaría una persona. En cuanto a los talleres dirigidos a los usuarios beneficiarios del IMIS, resaltar que están impartidos exclusivamente por un técnico de dicho convenio.
La UTS de la zona centro también se vería afectada pasando a contar con uno de los dos trabajadores actualmente contratados.
Por otra parte, tanto la psicóloga como la educadora social de referencia de los programas de la ‘Unidad de ingreso en residencias para personas mayores’ y el servicio de ‘Teleasistencia domiciliaria’ finalizarían sus contratos a final de este año, sin que un técnico desarrollar dichas prestaciones.
La desaparición de estos servicios y el futuro de estos 16 trabajadores requiere de una respuesta firme por parte del Gobierno, ante la proximidad de la fecha de finalización de los contratos laborales.
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