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El segundo informe sobre España que acaba de publicar el Grupo de Expertos contra el Tráfico de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA) insta expresamente a las autoridades nacionales a “mejorar” los protocolos de identificación y asistencia a los menores posibles víctimas de trata “sobre la base de un mecanismo especializado de cooperación y derivación integrado en los sistemas de protección infantil existentes”.
El GRETA quiere que España preste “especial atención” a los niños extranjeros “no acompañados y separados”, entre ellos “los que llegan por mar o por tierra a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla”, mediante la asunción de “un enfoque proactivo” que “aumente su trabajo de divulgación para identificar a las víctimas de trata”.
El Grupo considera que sería necesario “proporcionar formación adicional a las partes interesadas (Policía, oenegés, autoridades de protección de la infancia, trabajadores sociales...) para la identificación de niños víctimas de trata con diferentes fines, entre ellos la explotación de la mendicidad y de actividades delictivas”.
Por añadidura, recomienda “establecer refugios suficientes con personal calificado y servicios de asistencia para presuntos niños víctimas de la trata de personas” y “abordar el problema de la desaparición de los menores no acompañados mediante la provisión de un alojamiento adecuado y seguro y de supervisores o padres de acogida adecuadamente formados”.
El informe del GRETA cree que es necesario, concretamente en Ceuta y Melilla, “prestar mayor atención a la detección proactiva de víctimas de trata entre los solicitantes de asilo y las personas detenidas por inmigración con tiempo suficiente para recabar la información necesaria teniendo en cuenta su experiencia traumática”. A tal efecto se aconseja “capacitar” adecuadamente al personal que trabaja en los CETI.
El GRETA muestra su preocupación porque “según diversos informes, las condiciones de hacinamiento en que permanecen los migrantes, incluidos los menores, en Ceuta y Melilla incrementan el riesgo de que los niños sean víctimas de trata o abusos”.
En este sentido, recuerda que la Oficina del Defensor del Pueblo ha identificado la detección de posibles víctimas de trata en las ciudades autónomas como “uno de los principales desafíos” para su identificación y que ACNUR también ha alertado de que “las mujeres, los niños pequeños y las personas con necesidades especiales que no pueden escalar las vallas de las ciudades autónomas recurren con frecuencia a las redes del crimen organizado para acceder al territorio español”.
El GRETA lamenta no haber recibido información sobre si se están cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de 2015 que buscó legalizar la ‘devolución en caliente’ de los extranjeros detectados al intentar cruzar las fronteras de Ceuta y Melilla, para lo que se exige actuar “de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos”. Las oenegés han expresado su preocupación porque estos ‘rechazos en frontera’ afecten negativamente a la detección de posibles víctimas de trata.
Para el GRETA sigue habiendo “desafíos” en la identificación de víctimas de trata entre los migrantes que llegan a Ceuta y Melilla. “Todas las llegadas se alojan en los CETI, diseñados originalmente para períodos cortos de estancia de migrantes irregulares, generalmente hombres solteros, pero según distintos informes estos centros están superpoblados y son inadecuados para mantener a mujeres y niños, con mayores riesgos de violencia y explotación”.
El Grupo opina que “no se produce una identificación proactiva de las presuntas víctimas pese a la existencia desde 2014 de un Protocolo para la detección de posibles casos con fines de explotación sexual aprobado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el personal carece de capacitación y capacidad para identificar a las víctimas y organizar su traslado a centros seguros en el continente”.
¿Qué es el GRETA? El GRETA se encarga de evaluar la aplicación del Convenio adoptado hace ahora diez años y medio por los países que lo han ratificado. Está integrado por 15 expertos “independientes e imparciales” que provienen de sectores muy diferentes (profesionales jurídicos, agentes encargados de hacer cumplir la ley, psicólogos, médicos, representantes de la sociedad civil, etcétera) y son seleccionados sobre la base de su experiencia profesional en los ámbitos contemplados en el acuerdo”.
“Espíritu de colaboración”. Los informes de evaluación por países del GRETA contienen “un análisis de la situación en cada país en relación con las medidas adoptadas para combatir la trata de seres humanos, así como recomendaciones sobre cómo mejorar la aplicación del Convenio”. Los informes se redactan con “un espíritu de cooperación” con objeto de “ayudar a los Estados en sus esfuerzos por combatir la trata”.
Doble análisis, preliminar y definitivo. El GRETA remite los borradores de sus informes a cada país para que formule observaciones que se consideran para preparar el informe final.
La normativa vigente contempla expresamente la posibilidad de acceder a permisos de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales para extranjeros víctimas de trata de seres humanos pero los funcionarios especializados intervinientes en este tipo de procesos acostumbran a chocar con dificultades de todo tipo para convencer a las posibles víctimas, que se calcula pueden llegar a ser el 90% de las mujeres migrantes que pasan por Ceuta, por ejemplo, de que colaboren en las investigaciones.
Para combatir a las mafias en la ciudad autónoma se han adoptado medidas como retrasar al menos seis meses la salida hacia la península de las féminas dificultando el inicio explotación en el continente europeo.
Según el GRETA, España sigue siendo “principalmente” un país “de destino” o “de tránsito”, sobre todo hacia Francia y Reino Unido”, de víctimas de trata, pero también “de origen”. Los datos proporcionados por las autoridades españolas empezaron reflejando solo víctimas con fines de explotación sexual, 264 identificadas en 2013 (251 mujeres, un hombre y 12 niñas) y 153 en 2014 (142 féminas, 4 varones, 4 niñas y 3 niños).
Los datos de 2015 incluyeron por primera vez a las víctimas de explotación sexual y laboral. El número total de identificadas fue de 267, la mitad víctimas de trata para explotación laboral (la mayoría, 97, hombres) y 133 con fines sexuales (solo cuatro varones).
En 2016, se identificó un total de 193 víctimas de trata de las cuales 148 tenían fines de explotación sexual y 25 de explotación laboral, 15 de actividades delictivas forzadas, cuatro de matrimonio obligado y una de mendicidad forzada.
El número de víctimas infantiles identificadas durante el período 2013-2016 fue de 42 (37 niñas y 5 niños), según las estadísticas recogidas en el segundo informe sobre España que acaba de publicar el GRETA.
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