El técnico contable Federico Cuenca, asesor económico de la Asociación Deportiva Ceuta hasta su desaparición, al que en enero se incoaron dos expedientes sancionadores por presunta filtración de documentos oficiales a otro periódico, no se apercibió durante el “mes” que según Carracaó dedicó a hacer números con una dedicación ejemplar para sus compañeros, de un párrafo crucial a juicio de los técnicos de la Consejería de Hacienda del contrato del Gobierno local con Urbaser. En su informe no aparece, entre otras cosas, un apartado que puede ahorrar millones a la Ciudad.
Se trata del artículo 80.C de la relación de obligaciones que, a principios de la década pasada, asumió Urbaser para seguir como concesionaria del mismo hasta febrero de este año. Dicho punto establece, en relación con “la gestión del material, tanto económico como técnico”, necesario para desempeñar el servicio, que “será de entera responsabilidad del concesionario” y que “tendrá que prever la sustitución, a su cargo, del material que en transcurso de la concesión haya quedado amortizado con el Ayuntamiento, previo a esta sustitución”. Igualmente, el Pliego, en cuyas páginas figura la firma del ahora presidente Vivas, entonces técnico municipal, señala que la empresa, con matices, “establecerá los plazos de amortización [no sólo del coste inicial de los vehículos, sino también de los financieros, de reparación...] que estime conveniente, debiendo figurar dichos plazos en la oferta económica”.
A ojos de los técnicos y de los líderes de la coalición Caballas, Mohamed Ali y Juan Luis Aróstegui, que ayer volvieron a pasar “toda la mañana” en el ‘Ceuta Center’ para “fiscalizar un asunto por el que llevamos años preocupados y sobre el que es irresponsable generar alarma social por intereses particulares”, ese párrafo arroja luz sobre cómo es posible que el Gobierno ceutí diga que lo abonado a Urbaser se había pagado “conforme al contrato” y que, simultáneamente, los desembolsos hayan podido exceder hasta en 12,5 millones lo realmente invertido por la empresa, según Cuenca, en maquinaria.
“El contrato, que asombrosamente nadie parece haberse encargado de estudiar y hacer cumplir durante más de diez años”, valoraron Ali y Aróstegui, “recoge una fórmula de amortización de maquinaria a partir de certificaciones unitarias que puede haberse abonado, como advertimos desde el principio, al pie de la letra, pero también que la empresa debía reponer la maquinaria amortizada por otra, algo que da la impresión que no hizo”.Para el primer grupo de la oposición, que este mediodía recibirá explicaciones directas de Martínez con nuevos informes técnicos en la mano, ello no exime “ni mucho menos” de responsabilidad al Ejecutivo ceutí: “Que la empresa obviase una parte del contrato de su multimillonaria adjudicación no es más que el último capítulo de la desastrosa gestión del asunto que siempre hemos denunciado”, advirtieron Ali y Aróstegui, quienes exigen al presidente Vivas “que depure responsabilidades sin más excusas”.
Tras ver saboteada la estrategia de defensa gubernamental frente a las reclamaciones judiciales de Urbaser, el Ejecutivo local incluirá esta presunta vulneración del contrato en el expediente único que ha creado sobre el asunto. Caballas volvió a reclamar ayer que no se abone “ni un solo euro más” a la anterior concesionaria de la limpieza.
Ali: “Esta forma de gestionar no puede mantenerse”
El portavoz de Caballas en la Asamblea, Mohamed Ali, instará hoy al consejero de Economía, Guillermo Martínez, en la reunión extraordinaria de la Comisión Especial de Cuentas que ha convocado a mediodía que el Gobierno de Ceuta ponga en marcha un nuevo procedimiento de control y fiscalización de los contratos municipales, “singularmente de los más cuantiosos, como el de la basura”. A juicio de la coalición “es inaceptable que durante diez años se haya permitido, por acción o por omisión, que una empresa que ha percibido decenas de millones de euros eludiese el cumplimiento de una parte fundamental del contrato que le habilitaba para desempeñar un servicio polémico, carísimo y fundamental para el bienestar de la ciudadanía”. Según el criterio de Ali, la Ciudad Autónoma debería “reorganizar sus Recursos Humanos” en el Área de Intervención “para contar con personal especializado y dedicado a seguir al detalle este tipo de contratos y evitar nuevas irregularidades”. Además, Caballas reclamará del Ejecutivo local la asunción de “responsabilidades políticas” en un equipo “que ha contado con múltiples consejeros de Medio Ambiente que se han revelado, a la luz de los hechos, a cual más torpe para hacer su tarea”.