UPyD-Ceuta ha pedido que se suspendan las órdenes de expulsión de los 20 indios del monte, así como que se faciliten los trámites de su paso a la península y documentación “por razones humanitarias” y “por la evidente discriminación que ha ejercido el Gobierno sobre ellos”. Así lo expresaban en un comunicado a la vez que anunciaban su intención de elaborar una propuesta a la diputada Rosa Díez, de iniciativa parlamentaria en este sentido.
El partido alude a su “solidaridad” con estos ciudadanos hindúes, “ejemplo de convivencia”. A aquellos, aseguran, “que han demostrado su integridad, su buen hacer, y su tolerancia hay que tratarlos como un igual. Si de verdad queremos ser más iguales, con este tipo de acciones habrá que pensar que no tenemos claro qué mundo y que tipo de sociedad queremos. Por eso en UPyD rehuimos de los nacionalismos y los localismos”.
En los dos últimos meses miembros de la Embajada de la India han visitado en dos ocasiones el CETI para considerar la deportación de los 20 indios. De ser así, recuerda UPyD, “en un breve plazo de tiempo, estos chicos que llevan en España más de cuatro años, con ofertas de trabajo y siendo personas muy queridas en Ceuta, pueden ser deportados”.
Hace algo más de un año, el Gobierno aseguró que el grupo completo de 54 personas que vivían en el monte del Renegado serían trasladados a la península, noticia difundida incluso en un canal hindú de noticias. Así fue con 34 de ellos, sin embargo 20 siguen esperando su turno.
Hace unos meses desde la dirección del CETI se les ofreció ayuda y la posibilidad de ser trasladados a la península en cupos de vulnerabilidad si abandonaban el monte y volvían al CETI, a lo que ellos accedieron. “Sin embargo, aunque desde el CETI se les ha intentado meter en esos grupos que salen semanalmente a la península y son acogidos por organizaciones, Interior no autoriza el paso de estos chicos a la península”, recuerda el partido.
UPyD insiste en que, según la Ley de Extranjería, “reúnen todas las condiciones para residir y trabajar en España”, por lo que una deportación a estas alturas “atenta contra los derechos humanos”.
Actualmente se lleva a cabo una campaña por internet para recoger peticiones por correo electrónico dirigidas al secretario de Estado, Antonio Camacho, reclamando una solución.
Cerca de 2.000 ciudadanos han firmado ya exigiendo la no deportación y una solución para los 20 indios de Ceuta, pero no han recibido respuesta a esos emails. “¿No va a responder Antonio Camacho o Alfredo Pérez Rubalcaba a los ciudadanos y a toda la opinión pública que se está haciendo eco de esta situación? O más importante aún, ¿cómo va a responder el gobierno de España al Consejo de Europa que muestra expresamente su preocupación por estos chicos y pide una solución ya?”, se pregunta el partido.
La ley contempla la posibilidad de que se queden
Según el artículo 45.5 del Real Decreto 2393/2004 se señala expresamente que “se podrá conceder una autorización a las personas que colaboren con las autoridades administrativas, policiales, fiscales o judiciales, o cuando concurran razones de interés público o seguridad nacional que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España. A estos efectos, dichas autoridades podrán instar a los organismos competentes la concesión de la autorización de residencia o de residencia y trabajo a la persona que se encuentre en alguno de estos supuestos.”