UPyD Ceuta considera que el Gobierno central debería disolver el Consistorio y encargar su administración a una gestora

Tras el III Congreso Nacional de UPyD, celebrado hace escasas fechas, desde este partido aseguran que "empieza una nueva etapa desde cero con la ilusión de volver a contar con el apoyo de la ciudadanía y continuar con el trabajo iniciado hace 8 años".

Desde UPyD, aseguran que siempre han defendido "una mayor transparencia en la administración pública" y son "firmes defensores de la tolerancia cero ante cualquier indicio de delito por parte de la clase política". "Hemos apoyado y apoyaremos que cuando alguien se mete en política debe hacerlo con la premisa de que va a servir a los ciudadanos y no a sus propios intereses. Y para ello hemos confiado en el papel de la Justicia llevando ante los tribunales a cualquier persona que no entendiese que en la política no caben malas actuaciones, como por ejemplo el caso Bankia, Caja Burgos, Caja Segovia, denuncia Artur Mas, etc.", indica en una nota de prensa.

Ahora mismo, en la ciudad, "nos encontramos en la situación de que personas muy relevantes de la Asamblea se encuentran inmersas en un proceso judicial que en el hipotético caso de que fuesen declaradas culpables pondría a la asamblea de Ceuta ante una situación insostenible donde la credibilidad de la misma y la confianza de los ciudadanos en su buen hacer estaría constantemente en duda". UPyD cree "que toda persona no puede considerada culpable hasta que un juez así lo acredite, pero también es cierto que una institución como la Asamblea de Ceuta no puede estar en entredicho mientras la justicia dictamina la culpabilidad o no de los investigados, por lo que la dimisión debió ser inmediata para que no se pueda poner en ninguna duda la credibilidad de las instituciones; ya en entredicho desde hace mucho tiempo". "Grandes lagunas pesan sobre el ayuntamiento de Ceuta, como es la ausencia de una RPT, que causa gran indefensión en la cobertura de puestos de trabajo y su diversidad de retribuciones. O la situación de empresas públicas como el Parque Marítimo, deficitaria hasta en 1.500.000 euros anuales. Ambas situaciones incumplen normas legales de derecho administrativo y de organización de las instituciones; siendo solo un ejemplo de la gestión de una ciudad que tiene de los mayores niveles de desempleo y de fracaso escolar de la Unión Europea", añade.

Es por ello que UPyD defiende "que esta situación solo podría ser subsanada con una acción del gobierno central similar a la realizada en el Ayuntamiento de Marbella en el año 2006, donde se procedió a la disolución del consistorio y el encargo de su administración a una gestora, ya que nos encontramos ante hechos muy graves que no pueden ser tomados como algo rutinario".