Unos 35 docentes deberán irse por los nuevos requisitos de las Comisiones de Servicios

Cuando todavía humea la última polémica en el ámbito educativo, la del conflicto que ha acabado descabezando el CEIP ‘Príncipe Felipe’, nueva leña al fuego. Los responsables de los dos sindicatos docentes mayoritarios, FECCOO y FETE-UGT se escandalizaron ayer al conocer, sin comunicación ni diálogo previo, las condiciones establecidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECyD) para la concesión de Comisiones de Servicios en la ciudad autónoma durante el próximo año académico.
Según los cálculos de ambas centrales, unos 35 docentes que actualmente trabajan en Ceuta deberán irse este verano. Son los que obtuvieron plaza en otras Autonomías en 2011 y en 2012, unos quince profesores de Secundaria y una veintena de maestros de Primaria.
“Esa es la idea del arraigo que tiene el PP”, criticó el presidente de la Junta Docente, Juan Luis Aróstegui, que como el ugetista Francisco Lobato se tomó como “un desprecio más” las formas del Ministerio. “Hace meses llegamos a un acuerdo sindical sobre este tema, la Dirección Provincial dijo que lo remitía a Madrid y hoy [por ayer] nos encontramos con esto”, resumieron.
“Esto” es una condición “sin precedentes” para acceder a las Comisiones de Servicios: “Estar en servicio activo y tener un mínimo de tres años de servicios educativos prestados como funcionario de carrera”, según establece literalmente la convocatoria, que concede toda la próxima semana como plazo para solicitarlas a quienes sí cumplan ese y el resto de los requisitos, entre los que se cuenta, como ya se había anunciado, el haber participado en el último Concurso General de Traslados “a todos los centros y plazas de la ciudad autónoma para los que se esté habilitado”.
Sobre el papel, en teoría, esta innovadora exigencia del trienio en activo debería beneficiar a los interinos, que podrían tener cerca de 40 plazas más que ocupar. Los sindicatos del sector temen, sin embargo, que la decisión del Ministerio conduzca, en realidad, a un “recorte encubierto” del cupo de docentes.
La Junta considera la decisión “arbitraria, injusta y mezquina con decenas de familias asentadas aquí” y “exigirá” la retirada del requisito.