La Policía desvela que la organización buscaba en estas contrataciones irregulares la renovación de permisos de residencia o cobro de subsidios, recibiendo hasta 6.000 euros de los marroquíes que demandaban este tipo de servicios. El resto de detenidos, en libertad
Uno de los 13 detenidos por la UCRIF del Cuerpo Nacional de Policía, por su presunta relación con una trama organizada que realizaba contratos fraudulentos para obtener múltiples beneficios, ha asumido toda su responsabilidad en los hechos, ingresando desde ayer mismo en prisión preventiva. Lo hizo tras su puesta a disposición judicial, exculpando al resto de detenidos y asumiendo que él era el responsable, desde su gestoría, de estas acciones vinculadas al fraude a distintos niveles. Los demás detenidos por los agentes de la UCRIF quedaron en libertad con cargos, mientras esta Unidad policial continúa investigando para avanzar más en la ya bautizada como ‘Operación Paloma’, en la que llevaban trabajando al menos dos años y de cuyo avance ya informó El Faro en anterior edición.
Basicamente los componentes de lo que la Policía ha denominado “grupo organizado” centraban su labor en la realización de contratos de trabajo fraudulentos que usaban para, entre otros fines, obtener permisos de residencia, renovación de documentos y cobros de subsidios. Por ejemplo ocurría que había marroquíes a los que se les caducaba la residencia y no tenían forma de permanecer más tiempo en Ceuta, por lo que se les servía un contrato fraudulento. Había quienes, gracias a esta dispensa, podían cobrar ayuda de desempleo en el SEPE o los que se garantizaban la estancia en nuestra ciudad argumentando que estaban trabajando de forma regular cuando esto era falso. Entre los detenidos hay empresarios porque se supone que sabían de esas argucias, aunque hay un caso de un afectado que se ha querellado contra los detenidos porque dijo saber de este entramado al notificársele una deuda con la Seguridad Social que desconocía.
LOS 4 EJES DE LA OPERACIÓN
Las tarifas de la organización Hasta 6.000 euros por contratos de uno o más años y, en el caso de contrataciones más cortas, un mínimo de 850 euros Como toda buena organización que se precie, este entramado funcionaba en base a unas tarifas concretas. Tenían varias, según el tiempo de duración de los falsos contratos. Así, de acuerdo a esa modalidad, para contratos cortos cobraban alrededor de 850 euros; para contratos de seis meses, 3.000 euros; y para contratos de uno o más años, 6.000. “Este grupo organizado ha mantenido su actividad delictiva de forma prolongada en el tiempo y sus miembros, que actuaban de forma coordinada, tenían asignadas funciones concretas”, expone la Jefatura Superior. “Todos los miembros de esta organización estaban bien aleccionados y especializados, sabiendo en cada momento qué hacer en caso de visita por parte de la Inspección de Trabajo para controles de empleo. Tenían un perfecto conocimiento del sistema establecido para las altas de trabajadores, sabiendo que era un sistema de compleja coordinación entre los órganos participantes”, añade.
Los detenidos y las acusaciones Propietarios de asesorías, empresarios y marroquíes, acusados de varios delitos Los detenidos han sido los cuatro propietarios de las dos asesorías, una empleada de una de esas asesorías y dos empresarios como presuntos autores de unos delitos contra la Seguridad Social, falsedad de documentos públicos y asociación ilícita. También se ha detenido a cuatro ciudadanos marroquíes y dos españoles como presuntos autores de delitos contra la Seguridad Social y falsedad documental. Hay casos de mera sospecha que todavía no se han fraguado en detenciones ya que resulta complicado, en esta fase, concretar quiénes podrían estar implicados en el fraude y quiénes son víctimas del engaño al figurar empresarios con contratados irregulares que dicen desconocer que estaban dados de alta a su nombre, habiéndose enterado al tener deudas que ellos desconocían.
Colaboración necesaria La Seguridad Social o el SEPE, claves en su colaboración La UCRIF llevaba trabajando dos años en esta operación pero para la obtención de los resultados ha sido clave la colaboración de distintas instancias. Por ejemplo del SEPE, también de la Tesorería General de la Seguridad Social, porque podían facilitar datos para investigar a fondo este fraude. Conocer, por ejemplo, quienes estaban cobrando ayudas o figuraban como contratados cuando en el fondo no lo estaban. También ha habido una conexión directa con Extranjería y la Inspección de Trabajo hasta el punto de poder llegar a la detención de 13 personas pero sin echar el cierre a este operativo, que, según la propia Jefatura Superior, puede dar incluso nuevos resultados y mayores implicaciones.
El entramado La perfecta tapadera a través de dos gestorías lideradas por matrimonios El fraude detectado por la Policía se conseguía gracias al entramado aportado por dos gestorías domiciliadas en Ceuta, lideradas por dos matrimonios que fueron detenidos en la primera fase desarrollada esta semana. La Jefatura explica que allí es donde se preparaban los contratos fraudulentos a ciudadanos marroquíes para así conseguir permisos de residencia en España, o para demostrar que tenían la suficiente solvencia económica y conseguir sus renovaciones o incluso para tramitar algún tipo de subsidio. “Para la realización de estos contratos fue necesaria la colaboración de varios empresarios, gestores y personas autorizadas con clave para su elaboración, que serían los encargados de acceder a las aplicaciones telemáticas donde se colgaban los datos necesarios sobre trabajadores y sus contratos, para que el Servicio de Empleo Público Estatal así como la Tesorería de la Seguridad Social procedieran a las altas de los mismos”, ha explicado la Policía. “Estos contratos falsos eran realizados en varias gestorías para empresas que daban de alta a los presuntos trabajadores, que no llegaban a realizar ningún tipo de actividad laboral en ellas. Se hacía uso de dichos contratos sin necesidad de pagar las cuotas a la Seguridad Social”.