La Unión General de Guardias Civiles (UniónGC) se presentó ayer de forma oficial y lo hizo centrando su comparecencia en lo que, parece, va a constituir su ‘caballo de batalla’: el reconocimiento por parte de Hacienda del derecho a la deducción por residencia de algunos de sus miembros. Y es que, a juicio de la asociación, en Ceuta se están topando con unos problemas que no se dan en otros puntos (ni siquiera en Melilla), debido a lo que, entienden, es una “interpretación interesada” de Hacienda en las investigaciones que está llevando a cabo sobre los funcionarios. El secretario general de la asociación, Ramón Rodríguez Prendes, indicó en rueda de prensa que, a pesar de haber intentando una reunión con el delegado del Gobierno y con el de Hacienda, ambas resultaron imposibles.
“Hacienda tiene que aplicar la ley con todos, pero observamos que una parte está interpretando interesadamente esa ley tributaria”, denunció, lamentando que por parte de la delegación de Hacienda se hubiera incurrido en una “inversión” de la prueba, ya que los guardias civiles tienen que estar demostrando su inocencia, cuando debería ser Hacienda la que probara su culpabilidad. Rodríguez Prendes fue más allá al denunciar que los procedimientos para las inspecciones sobre la residencia que están llevándose a cabo en Ceuta serían desconocidas por la Hacienda estatal, tildándolas de “inquisitorias”, al hacerse con un colectivo, el de los guardias, que “ya de por sí tiene problemas en este destino”, señaló. “No vamos a tolerarlo”, matizó, deslizando, a modo de advertencia, de la posibilidad de estar incurriéndose en ilícitos penales por dictarse decisiones a sabiendas de que nacen de bases injustas. “Vamos a defender a muerte a los compañeros”, apuntó. “No vamos a permitir que se vulneren nuestros derechos como el de la libre circulación por el territorio nacional”, aclaró. Y es que, a juicio de la UniónGC, Hacienda querría vulnerar ese derecho cuando no tiene competencias para ello. “Rechazamos manipulaciones interesadas en esa interpretación de la ley”, puntualizó.
Hacienda lleva meses investigando el presunto uso fraudulento que los funcionarios hacen de la residencia. La Ley de Renta 35/2006 establece una partida que constituye una deducción aplicable al impuesto de la renta de acuerdo con el artículo 68, por el cual los contribuyentes que tengan su residencia habitual en Ceuta y Melilla obtendrán un beneficio fiscal en la tributación del 50 por ciento. Eso sucede cuando el contribuyente permanezca más de 183 días en el territorio. Las inspecciones se están haciendo a todos los funcionarios. Según UniónGC, en Ceuta hay 20 guardias afectados.
Acusaciones contra el exteniente coronel, pero sin “certeza ni prueba” La UniónGC se definió como “asociación que no calla” a la hora de denunciar asuntos, como “tampoco calló con la destitución” del que fuera teniente coronel de la Guardia Civil. A la marcha de Andrés López se refirió el secretario general de la asociación, y lo hizo para lanzar acusaciones pero, advirtió, sin tener pruebas suficientes ni haber contrastado las informaciones que maneja.
“Como ya dijimos, esta organización ha recibido informaciones sobre las desaconsejables amistades de este mando, las cuáles por supuesto estamos esperando contrastar. Tenemos información mas allá, sin contrastar, y no queremos exponernos a hacer unas acusaciones infundadas o no probadas”, dijo. Al ser preguntado sobre qué quería decir con lo de “desaconsejables”, el secretario general añadió lo de “aparentemente desaconsejables” ya que, resaltó, “no tenemos certeza ni prueba de ello, pero esperamos tenerla”.
La ronda insistente de preguntas de los distintos medios continuó en torno a este punto, pero desde la UniónGC se siguió en el mismo sentido, añadiendo a todo el término de “aparentemente”. Este verano, en la página oficial de la asociación publicaron estas valoraciones, haciendo alusión a esas amistades y a más historias. Ayer, Rodríguez Prendes insistió en que todos estos extremos están “sin confirmar y otros detalles sabemos que existen pero nos falta la prueba. Hay que tener toda la cautela, no vamos a hacer una acusación de algo que no podamos probar”, sentenció. “No tenemos pruebas contundentes que certifique que esto es así”, añadió.