Una petición popular acusa de presuntas irregularidades en la adjudicación de las VPO

{jaimage crop="TC" /}Insta a Fomento a través de change.org a que ponga fin a este “fraude” con el que persiguen “lucrarse”. Un desahucio un tanto peculiar deja en evidencia una práctica que, comentan, se extiende por la ciudad pero nadie se atreve a denunciar de forma pública a excepción de la Administración a principios de este año. Ha sido la plataforma de peticiones change.org, en internet, la que ha hecho posible que la opinión pública ubique en el callejero de la ciudad autónoma otro presunto alquiler irregular de vivienda de protección oficial –VPO–.
A través del creador de la iniciativa, supuesto inquilino hasta junio de una de estas casas y por la que se enfrentará con su hermano por el desalojo, asegura, los internautas conocen este “fraude” que adquiere forma de queja en un vídeo colgado en la  página web.
“Mi intención es acabar con esta lacra que existe en España de personas que se están beneficiando de las VPO teniendo varias casas”, explica el titular de la solicitud. Sin embargo, puntualizó en la descripción, no formula esta petición porque le quieran echar sino porque hay “muchas personas en Ceuta que por algunas razones tienen contacto con la Administración y, teniendo casas, piden una de protección oficial a cambio de favores y las utilizan con el fin de lucrarse y hacer un negocio rentable con ellas”.
El ocupante del piso solicita a los usuarios de la red que aquellas personas que “vivan o sufran esta situación de desahucios de engaño, pidan a las empresas municipales de vivienda que el inquilino que se quede con la casa de protección oficial con la condición de seguir pagando las cuotas del mismo o sancionar al titular”. Por estos motivos, propone a Susana Román, consejera de Fomento y presidenta del Consejo de Administración de Emvicesa, la empresa municipal ceutí dedicada a este sector, crear un “convenio para las VPO”.
La Ciudad ya comunicó en enero su decisión de atajar “el fraude en la gestión de las viviendas protegidas” y, singularmente, “el enriquecimiento ilícito” de los adjudicatarios que las alquilan. Durante la inspección sobre las 45 VPP de Serrano Orive, detectaron dos que no estarían ocupadas por sus adjudicatarios.