La cuestión de la sobrepoblación en Ceuta ha sido un asunto que, hasta hace pocas fechas, no ha formado parte del discurso político en nuestra ciudad. Más allá de incluir una referencia a la alta densidad de población en la retahíla de singularidades que nuestro excelso Presidente enumera cada vez que se pone detrás de un atril o frente a un micrófono, como en la entrevista que le hicieron esta semana en RNE, poca atención ha merecido un fenómeno que está en la base de los principales problemas económicos, sociales y ambientales que padece Ceuta. Hay que reconocer, no obstante, que la llegada a la Delegación del Gobierno del Sr. González Pérez ha constituido un importante revulsivo a la hora de incluir el tema demográfico entre las prioridades de las autoridades públicas. Nunca hasta ahora se había abordado el problema de los empadronamientos ilegales o la construcción de viviendas fuera de ordenamiento urbanístico con la contundencia que merecían ambos asuntos, dado nuestro limitado territorio y el apreciable desbordamiento de la capacidad de carga poblacional.
Reconociendo la valentía y la decisión de la Delegación del Gobierno de intentar atajar los empadronamientos ilegales en nuestra ciudad, echamos en falta en el discurso del titular de este organismo de representación estatal un enfoque más amplio e integrado. Al Sr. González Pérez parece que le preocupa principalmente la dimensión económica de esta cuestión, es decir, los desorbitados e insostenibles costes de facilitar prestaciones sociales, sanitarias o educativas a un elevado número de personas asentadas de manera irregular en nuestra ciudad. Al traducir el problema de la sobrepoblación en términos economicistas algunos tenemos la impresión de que las autoridades no estarían tan preocupadas si en vez de personas sin recursos los que quisieran residir en Ceuta fueran ricachones que atracaran sus yates en el puerto deportivo y pasearan con sus Rolls Royce por las calles ceutíes. Algo similar a lo que ocurre en el Principado de Mónaco, donde la densidad de población es notablemente superior a la de Ceuta, pero que al ser mayoritariamente ricos sus habitantes se sobrellevan, aparentemente, con más facilidad los problemas derivados de la sobrepoblación.
Nuestra manera de enfrentar la cuestión de la sobrepoblación en Ceuta no es tan restringida como la de nuestros representantes políticos. A la vertiente económica y social nosotros añadimos una tercera que resulta, desde nuestro punto vista, fundamental: la dimensión ambiental. Los ecólogos y ambientalistas llevan, desde los orígenes de estas disciplinas científicas, estudiando las consecuencias que para los ecosistemas tienen la superación de la capacidad de carga poblacional en un determinado hábitat o biorregión. El trasvase de las conclusiones de estos estudios a la novedosa ciencia de la ecología urbana ha permitido establecer una relación directa entre el desbordamiento de la capacidad de carga y la aparición de alteraciones en el comportamiento social (violencia, conflictividad, desempleo, etc…) y físico (enfermedades del metabolismo, stress, problemas cardiovasculares, etc…). Frente a estos problemas el dinero puede amortiguar y retrasar la aparición de la enfermedad social y ambiental, pero no impedirla. Ahora que la crisis económica restringe el caudal de dinero público que llega a nuestra ciudad los síntomas de la enfermedad socioambiental son apreciables incluso para los más ingenuos, confiados y despreocupados ante el problema demográfico.
Mucho nos tememos que los problemas de salud socioambiental de Ceuta han alcanzado tal gravedad, debido a la ausencia de un diagnóstico precoz y tratamiento adecuado, que el enfermo tiene un pronóstico desfavorable. Otros territorios de características similares al nuestro y con la misma enfermedad tomaron medidas tiempo atrás. El mencionado caso de Mónaco o el más cercano de Gibraltar puede servirnos de ejemplo de cómo una observación atenta a la salud socioambiental puede evitar o retrasar los efectos del desbordamiento poblacional. En ambos territorios, de escasa superficie y elevada densidad de población, se establecieron hace muchísimo tiempo estrictas condiciones de llegada y residencia no sólo para extranjeros, sino para los propios ciudadanos comunitarios. Tomando como ejemplo la normativa monegasca, para poder residir en este diminuto principado se requiere obtener un permiso de residencia, entre cuyos requisitos se exige no tener antecedentes penales, además de contar con un documento de trabajo, visado por el Servicio de Empleo del Principado o cualquier otro justificante profesional, o una demanda de autorización para la creación de un comercio, una sociedad, o una atestación bancaria donde figure que sus medios económicos son suficientes para vivir. En nuestra vecina Gibraltar los requisitos para obtener un permiso de residencia son similares y la permisividad sobre los asentamientos irregulares nula. En teoría, y sobre el papel, la posibilidad de residir en Mónaco o Gibraltar es factible, pero en la práctica obtener un permiso de residencia en estos territorios es una auténtica quimera.
¿Y en Ceuta?. Aquí no existe ninguna norma específica de residencia. Nuestra normativa de residencia, permiso de trabajo y empadronamiento es la misma que se aplica en Castilla y la Mancha, con una densidad de población de 26,62 hab/km2; cuando en Ceuta alcanzamos unas cifras de 4.335,58 hab/km2. ¿A ningún político se le ha ocurrido que igual necesitamos una normativa específica de residencia para territorios como Ceuta, Melilla, Baleares o Canarias?. A estos últimos, sí que se les ha ocurrido y llevan tiempo trabajando para conseguir una ley de residencia canaria. Nosotros hemos tenido acceso a la propuesta legislativa que promovió “AMAGA - Alternativa Maga Nacionalista”. En el preámbulo de esta propuesta, sus promotores argumentan que “las razones que llevan a proponer una ley que regule la residencia Canaria, tienen que ver con cuestiones que afectan a cuestiones de seguridad y salubridad públicas, por el deterioro peligroso de la realidad medioambiental y social, cuestiones que en muchos casos son estructurales por lo que necesitan soluciones permanentes, mecanismos estables, frente a las soluciones puntuales que requieren los casos coyunturales. Cuestiones estructurales como la estructura geográfica, climática, acuífera, e incluso la propia estructura demográfica y sus desequilibrios evolutivos”. Razones que, todos entenderán, son las mismas que justificarían una ley similar para los casos aún más extremos de Ceuta y Melilla. Mediante la aplicación de esta ley tendríamos la posibilidad de regular el flujo de residentes extranjeros, comunitarios y nacionales en ambas ciudades autónomas. Si no conseguimos racionalizar la residencia de más personas en Ceuta y Melilla y en el resto de los territorios extrapeninsulares, estaremos poniendo en peligro la sostenibilidad del sistema y expondremos a los habitantes de estos lugares a consecuencias ambientales, sociales y económicas de extrema gravedad.
En Ceuta, los problemas de salud socioambiental derivados de la sobrepoblación amenazan con condenarla a una rápida agonía y un dramático desenlace. Tienen que convencerse, señores políticos y despreocupados ciudadanos, que con dinero no se soluciona este problema. Dejen sólo de pedir dinero a Madrid y Europa y empiecen, con fuerza y sin dilación, a reclamar una ley de Residencia específica para Ceuta y Melilla.