El año que acabamos de dejar atrás, Plena inclusión promovió la recogida de firmas, dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el reconocimiento de la renta mínima de inclusión para las personas con discapacidad intelectual, una iniciativa a la que se sumó Plena inclusión Ceuta. El objetivo de dicha renta de inclusión es convertirse en herramienta de equidad, pudiendo compatibilizarse con el empleo y las ayudas a la formación y ocupación, y que se sume a las pensiones que perciben las personas con discapacidad intelectual y las familias, compensando así el sobreesfuerzo familiar, personal y económico al que están sometidas. Esta es una de las reivindicaciones de nuestro movimiento asociativo para combatir la situación de pobreza y dependencia de las personas con discapacidad intelectual, en un escenario actual con unas prestaciones económicas que desincentivan el acceso a un puesto de trabajo y su autonomía porque son incompatibles con el empleo a partir de un techo de ingreso que en media se sitúa en 476 euros. En términos porcentuales, la tasa de desempleo de las personas con discapacidad intelectual se sitúa en el 38%, casi tres veces mayor que la población sin discapacidad, que está en el 14,55%. Y la tasa de actividad es tres veces menor, un 32% frente al 78%. Aun con un escenario así, las prestaciones existentes no incentivan el empleo, en ocasiones produce el efecto contrario, porque trabajar implica en muchas ocasiones perderlas. Esta situación ‘choca’ con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento destinado a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Y es que este texto, en su artículo 27, sobre el trabajo y el empleo, encomienda a los Estados Partes alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional del colectivo en el mercado laboral y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo. Este artículo también habla de promover el empleo del colectivo en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas. Por otra parte, el estudio ‘¿El sistema de protección social protege económicamente a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo? Análisis y propuestas de mejora’ identifica un total de 99 prestaciones, que tienen una serie de limitaciones. Este estudio concluye que la cobertura económica de estas prestaciones es muy limitada si se compara con el sobrecoste que la atención de la situación de discapacidad supone para las personas con discapacidad y sus familias. Además, estas prestaciones están dispersas y el acceso a las mismas en algunos casos resulta complejo, por lo que muchas personas no se benefician de las mismas por desconocer su existencia o por barreras administrativas en su tramitación. Por otra parte, los niveles de apoyo económico en aquellas prestaciones que dependen de las autonomías son muy heterogéneos, por lo que dependiendo de la autonomía los apoyos económicos a las personas con discapacidad intelectual y sus familias pueden ser muy desiguales. El análisis llevado a cabo por Plena inclusión indica también que ninguna de las prestaciones estudiadas está pensada para la discapacidad intelectual, y aquellas que se centran en la accesibilidad no tienen en cuenta la accesibilidad cognitiva. Además, muchas de estas prestaciones no están orientadas a promocionar la autonomía de las personas con discapacidad intelectual. Por todo ello, la renta mínima de inclusión supone un elemento de cohesión y para la igualdad de oportunidades ya que permitiría compensar el sobreesfuerzo familiar, personal y económico al que está sometido el entorno de la persona con discapacidad intelectual y, a su vez, no frenaría su acceso al empleo. Plena inclusión Ceuta solicita a los poderes públicos el compromiso real para garantizar que las personas con discapacidad intelectual no queden excluidas doblemente, compensando el sobreesfuerzo familiar, personal y económico al que está sometido su entorno y favoreciendo su acceso al empleo. Y es que desde nuestra entidad apostamos por un modelo centrado en la persona y no rígido, un sistema que promocione la autonomía y preste los apoyos necesarios para que la persona pueda vivir su proyecto de vida, alejándonos de una mirada paternalista. Solo así podremos seguir avanzando en la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.