Una frontera, una foto y la ley

“Ha sido un momento muy emotivo, de saltar las lágrimas”. Así definía ayer el abogado Juan Isidro Fernández, el encuentro entre Lucie Ouattara y su hijo, Adou, la víctima de la inmigración más conocida de los últimos tiempos.

Su fotografía, saliendo asustado de una maleta de viaje, fue obtenida por un agente de la Guardia Civil cuando se le descubrió hace casi dos semanas intentando entrar de forma clandestina por el Tarajal. Ayer, su madre pudo por fin abrazarle tras desplazarse desde Puerto del Rosario (Fuerteventura) para solicitar, en persona, la guarda y custodia del menor, “algo que nunca ha perdido”, recordó su letrado. El centro Mediterráneo acogió este encuentro. El de, en definitiva, una madre superada por la dimensión mediática del asunto y un niño que todavía no es consciente de que, sin pretenderlo, se ha convertido en objeto de interés internacional, ya que medios de comunicación de todos los países reclaman noticias de cada avance dado en el caso que protagoniza. “Fue un momento muy emotivo, el niño salió corriendo al verla, se han abrazado brutalmente, casi se cae de la emoción. A ninguno de los que presenciamos la escena nos queda la menor duda de que Lucie es su madre. Hemos visto el cariño que había allí”, añadió el letrado. El amor, no obstante, no entiende de formalismos y pruebas que, por cumplimiento de los protocolos, deben acatarse. Y aunque la escena no dejó lugar a dudas, habrá que esperar el resultado de las pruebas de ADN para confirmar que ese nexo familiar es real. Ya se han recogido las muestras del menor, padre y madre, pero ahora quedan por conocer los resultados de las mismas que podrían saberse en el plazo de un mes. “Son formalidades”, matiza el abogado, “pero estamos muy contentos porque este reencuentro ha puesto de manifiesto el vínculo que existe y va a quedar más que probado documentalmente”. Sin duda este escenario fue el más emotivo de una jornada que comenzaba a primera hora de la mañana en los juzgados. El padre de Adou, detenido a la hora de que el menor fuera descubierto, fue trasladado de la cárcel de Los Rosales al despacho de la titular del juzgado de instrucción número 5 en donde prestó, de nuevo, declaración. Básicamente declaró que había recogido a su hijo en Casablanca y que lo trajo hasta Castillejos. Fue allí donde tras entrar en contacto con un senegalés agenció el traslado del pequeño a Ceuta pero sin saber cómo iba a ser pasado. A pesar de que inicialmente había reconocido el pago de 5.000 euros, ayer, ante la magistrada no entró en este detalle. No dijo qué pagó pero sí que tenían un dinero en su país para arreglar una casa y que otro hijo de la pareja lo utilizó para pagar a personas con la idea de obtener así un visado. Por su parte, su mujer Lucie declaró como testigo a petición propia para manifestar que nada sabían sobre que el menor sería pasado en una maleta. Con las dos declaraciones, el abogado volvió a solicitar la puesta en libertad, trámite que ya se había hecho con anterioridad desestimándose por parte de la juez titular el recurso de reforma. No obstante queda que se posicione al respecto la Audiencia sobre el otro recurso de apelación subsidiario interpuesto. El matrimonio es una “víctima de todas estas mafias que hay pululando”, recordaba su abogado,quien confía en la pronta libertad de su patrocinado ya que “no hay riesgo de fuga, tiene su trabajo legal, lleva 8 años aquí...”, añade, lamentando que nunca se hubiera recurrido ante el Contencioso Administrativo la negativa a la resolución de agrupación que no fue atendida y que no pudo llevarse a efecto por 50 euros de diferencia. El detenido está acusado de un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros con agravantes de peligro para la vida y de tratarse de un menor de edad, por lo que la Fiscalía no piensa modificar su petición de prisión provisional sin fianza al menos hasta que se conozcan los resultados de las pruebas de ADN practicadas. Se enfrentaría a una pena de hasta 8 años de cárcel. Así que quedan plazos, días y espera de decisiones antes de que tenga lugar la fotografía que ya todos los medios buscan: la de la familia unida y en libertad. Con extrañeza, en los juzgados sus profesionales se topan ante lo que es un caso más, igual de dramático que muchos otros, con similares protagonistas: padres que han sido detenidos tras pasar a un hijo. La diferencia radica en que ellos no captaron la atención mediática porque no existió esa fotografía, la del cuerpo de un crío detectado por el escáner oculto en una maleta. Adou, ese niño, está en principio bajo responsabilidad de la Ciudad Autónoma. Una vez se conozcan los resultados de las pruebas de ADN y sean positivas, el Área de Menores haría entrega del costamarfileño. Mientras, está recabando información de la familia de la entidad de Menores de Canarias.

Francisco Martínez: “La prioridad debe ser la protección de la vida de las personas”

El conocido ya como ‘niño de la maleta’ es definido como un menor “alegre” que se ha integrado perfectamente con los demás pequeños acogidos en el centro Mediterráneo. Sobre él se ha aplicado el protocolo destinado a la atención de menores extranjeros no acompañados dándose la acogida al niño con todas las garantías. Los propios técnicos de menores han sido los que han dado el paso para contactar con la familia residente en Fuerteventura, asesorando incluso a su madre. Adou está bien, bajo control médico (ayer fue trasladado al centro de Salud tal y como captó Atlas) y supervisado por los funcionarios, al igual que se hace con otros menores. Se estudian además las vías para lograr su regularización. La historia de este pequeño provocó también ayer la reacción del secretario de Estado de Seguridad, que estaba de visita a Ceuta. Francisco Martínez defendió que la judicialización del caso es, para el Gobierno, una "garantía" de respeto a los procedimientos legales. "La normativa se debe aplicar teniendo en cuenta la dimensión humanitaria pero combatiendo todas las formas de inmigración clandestina", apuntó el alto cargo, que ha reconocido que el del niño hallado en la maleta es un caso "dramático". "La prioridad debe ser la protección de la integridad y la vida de las personas y el cumplimiento de la Ley dando respuesta a las vertientes humanitarias de este tipo de situaciones penosas", apuntó.