Una empresa consideró que el traslado a Ceuta era un ‘castigo’ laboral

Un juzgado de Barcelona analizará a partir de hoy el caso de Imesapi, filial del grupo ACS, que el pasado mes de agosto rebajó el sueldo de 34 de sus empleados desde los 3.000 euros brutos que cobraban de media hasta poco más del Salario Mínimo Interprofesional (SMI): 645,3 euros, lo que en la práctica supuso una caída del 75 por ciento. La empresa, que se dedica al mantenimiento de cabinas telefónicas, dio el convenio colectivo por caducado, pese a una cláusula que preservaba la vigencia más allá del periodo de caducidad, hasta que no hubiera acuerdo de renovación.
La plantilla, que denunció a la compañía, asegura que desde entonces ha sufrido “la discriminación” de la empresa, que llegó a no facilitarles herramientas para su trabajo y pretendió trasladarlos “a Bolívia y Perú”, afirma Josep Alpuente, representante del comité de empresa. E incluso propusieron a un trabajador que se encargara del mantenimiento de la prisión de Ceuta, función que la dirección consideraba una especie de castigo por la distancia. Las acciones contra los trabajadores culminaron hace un año en el despido de una decena de ellos, declarados improcedentes por la justicia y readmitidos. El abogado de los trabajadores, Jordi Juan, cree que ya han obtenido una primera victoria judicial porque el juez ha aceptado como medida cautelar el restablecimiento del convenio.
"Este mes de febrero esperamos que entre en vigor esta medida y que los trabajadores vuelvan a cobrar su salario anterior de forma provisional", cuenta el letrado. Los trabajadores han vivido un auténtico infierno durante estos 6 meses, en los que solo han percibido poco más de 600 euros. "La gente tiene muchas facturas por pagar y hemos tenido que pedir ayuda a familiares", cuenta Alpuente. Su abogado reconoce que "es la primera empresa que usa la reforma laboral para rebajar los salarios hasta el mínimo".