Mañana, 28 de octubre, se inaugura de manera oficial en Ceuta la denominada Nueva Oficina Judicial (NOJ), innovador sistema de organización previsto desde hace diez años. Como todo cambio, nace rodeado de dudas e incógnitas; asimismo, existen limitaciones y condicionantes derivados de la dependencia que tiene el proceso de implantación respecto a la adaptación de los edificios judiciales al nuevo modelo organizativo y la falta de una plena modernización tecnológica y el necesario expediente digital, tan necesario ante las demandas de itineración entre distintas unidades que plantea esta organización de la oficina judicial.
Sabemos desde Juan de Mairena que no hay nada que no pueda ser empeorado. Creo, sin embargo, que no debemos tener miedo a los desafíos. La nueva etapa que iniciamos es, sin duda, una oportunidad de mejorar en eficiencia y calidad. Por ello, hemos de adoptar actitudes proactivas ante el nuevo modelo, sin perjuicio, por supuesto, de estar abiertos a los cambios y modificaciones que el día a día aconsejen tras su mínimo tiempo de adaptación.
La Recomendación del Consejo de Justicia de la Unión Europea, del pasado 8 de marzo, sitúa la modernización de la Administración de justicia entre los elementos estructurales tanto de la estrategia de recuperación de la confianza en el Estado de Derecho como para la salida de la crisis. La sociedad necesita imperiosamente el auxilio de la justicia y ésta precisa de la incorporación de medidas de eficiencia que garanticen el desarrollo adecuado de su función esencial de servicio público.
Un problema claro de nuestra justicia es de eficacia y de organización. El sistema actual es un armazón arcaico, desconectado de la justicia que reclama el siglo XXI. Tenemos un modelo público vinculado a la rigidez funcionarial y exceso de burocratización, sin flexibilidad, que impide ganar en eficacia y sostenibilidad, con evidente incidencia en la deficiente calidad de la prestación final de tutela (su efectividad, su tiempo de respuesta y, a menudo, la atención recibida). Hasta ahora normalmente, se han buscado soluciones no cuantitativas, implementalistas. Y es necesario dejar de hacer cosas que no añaden valor.
Por ello, en múltiples intervenciones he exteriorizado que es imprescindible poner fin a esa dinámica e impulsar un proceso, apenas iniciado, de modernización de la justicia que profundice en los auténticos fallos estructurales. La Memoria del TSJA elaborada en este año 2013 pide afrontar de forma decidida un auténtico cambio estructural de nuestro sistema judicial y que sepamos, a ciencia cierta, cómo se va a configurar la oficina judicial y la función jurisdiccional en ese contexto organizativo, así como cuál va a ser el modelo de organización de esas estructuras judiciales de carácter colegiado que van a permitir una mayor racionalidad en el ejercicio de la jurisdicción, equilibrio de cargas de trabajo, con niveles de especialización y unificación más adecuados.
No hay duda de que la NOJ camina en este sentido de racionalización de la estructura y redistribución de efectivos, tratando de acabar con una inadecuada organización que impide obtener la eficiencia esperada y aprovechar con eficacia los recursos disponibles. Debemos romper las inercias imperantes y avanzar en la correcta redistribución del personal, adoptar medidas ejecutivas y de gestión para garantizar una disposición eficaz y eficiente de los recursos humanos al servicio de la Administración de Justicia. Hay que superar la rigidez y actuales distorsiones de nuestra organización de trabajo: órganos con exceso de personal, ausencia absoluta de movilidad en el inmediato entorno laboral, falta de especialización y, en fin, inadecuada gestión, control y disciplina, que pone en tela de juicio la eficacia y eficiencia del actual sistema.
Dicho lo cual, me gustaría recordar una premisa esencial, que no podemos nunca olvidar, so pena de desnaturalizar y despersonalizar este nuevo entramado organizativo. La NOJ se define expresamente como la “organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de Jueces y Tribunales”; o sea, no se agota en sí misma ni es un fin autónomo, sino un instrumento para dar mejor tutela judicial efectiva, para que el poder judicial gane en independencia y eficacia. Todos debemos tenerlo presente y, sobretodo, cuantos integran las distintas Unidades de la NOJ, procurando subsanar y anticiparse a todas las necesidades del día a día y respetando las facultades judiciales sobre la dirección e inspección “de los asuntos”. Por lo mismo, los propios jueces y magistrados no pueden hacer dejación de esas facultades de dirección e inspección que tienen legalmente reconocidas y que han de ejercitar en el sentido establecido por Instrucción 2/2010, aprobada por Acuerdo del Pleno del Consejo General del poder Judicial de 28 de octubre de 2010. En definitiva, no pueden desvincularse o desinteresarse de la NOJ, ni menos permanecer indiferentes a sus avatares.
Este proceso de cambio no puede hacernos perder en calidad o en tiempos razonables de respuesta, ni, por supuesto, derivar en el naufragio de la potestad jurisdiccional, ya que, aunque el juez carece cada vez más de poder de organización o efectiva dirección sobre esa organización instrumental, sigue siendo el último y principal responsable del derecho constitucional a la tutela judicial de los ciudadanos.
Debemos ser conscientes de que el futuro de nuestra Justicia dependerá en cierta medida de la voluntad de los diferentes ejecutivos con competencia en la materia, de los adecuados procesos de gestión del cambio y sensibilización sobre sus bonanzas y ventajas, del más amplio e inteligente desarrollo del expediente electrónico integrado. En fin, de múltiples factores, pero, sobre todo y ante todo, dependerá de nuestra apertura a la superación de caducos modelos y de la mejor coordinación de todos los actores implicados.
Quiero terminar con sentido optimista. Necesitamos mejoras y necesitamos mejorar. La NOJ en Ceuta abre ante nosotros nuevas perspectivas que permiten vislumbrar un futuro distinto. No debemos perder la esperanza de que pueda ser mejor. Se dice que la mayor forma de inteligencia social es, sin duda, la inteligencia cooperativa. Inteligencia cooperativa que deben derrochar en Ceuta los jueces, fiscales, secretarios, funcionarios y cuantos coadyuvan al servicio de la Administración de Justicia, tanto para rentabilizar al máximo los actuales medios como para asumir esa nueva organización a la que el legislador ha llamado “nueva oficina judicial”, teniendo siempre como objetivos la eficacia, la calidad, la mejor atención ciudadana y el mejor servicio a la función jurisdiccional.
De esta forma, nos sentiremos orgullosos de dar solución a los problemas de nuestros conciudadanos, resolviendo día a día los conflictos que acceden a la jurisdicción en tiempo razonable y sobre la base de consideraciones justas. Esto refuerza nuestra legitimación y en esa línea debemos avanzar, de modo que sea nuestra contribución al bienestar de la sociedad.
*Lorenzo del Río Fernández Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla