Un protocolo regulará la acción de las fuerzas de seguridad

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció ayer que un protocolo regulará la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en las fronteras de Ceuta y Melilla ante la llegada de inmigrantes, cuya creación se incluirá en la Ley de Seguridad Ciudadana, que tramitó ayer el Senado.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara Alta recogidas por las agencias, el ministro explicó que, si bien el PP no va a modificar el texto de la ley que permite las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes, se añadirán varios párrafos, uno de ellos con el citado protocolo.
Según el ministro, este protocolo dará más “previsión y seguridad jurídica” ante “las dudas que a algunos les suscita el concepto operativo de rechazo en frontera”, una práctica que, apostilló, “viene efectuando la Guardia Civil ininterrumpidamente desde el año 2005 sin que nadie lo cuestionara”.
Otro de los párrafos nuevos incluirá los locales que se inaugurarán próximamente en las ciudades autónomas para que los inmigrantes puedan solicitar asilo o protección internacional, unas peticiones que han aumentado en los últimos meses debido a la guerra en Siria.
Si bien Fernández Díaz aclaró que las personas que intentan entrar en España por Ceuta y Melilla no piden normalmente asilo, porque son inmigrantes por razones económicas, hay algunas que pueden proceder de lugares de conflicto y acudir a esta protección.
Las que intentan traspasar las fronteras por motivos económicos están, reconoció, en una “situación dramática” desde el punto de vista humanitario, pero no reúnen los requisitos para pedir el asilo, y en ese caso la Guardia Civil “tiene la obligación legal de impedir que entren”.
Las que sí pueden reclamar el asilo tendrán ahora un lugar donde hacer estos trámites, peticiones que han aumentado “exponencialmente” desde finales de 2014 debido a la guerra en Siria, de donde ya se han admitido centenares de expedientes de ciudadanos afectados por la guerra.
El nuevo articulado de la ley también hará mención  a que la labor de la Guardia Civil de control de fronteras “se hace con pleno respeto a los derechos humanos”.