Somos diferentes?, titulaba yo, hace dos semanas, esta columna dominical. Determinados hechos parecen proclamarlo. En Ceuta, como en la hermana Melilla, se dan ciertas circunstancias, casi siempre para mal, que terminan convirtiéndolas en una especie de rara avis en el contexto del país.
Si en aquella ocasión ponía sobre el tapete la problemática del uso gratuito e indiscriminado del Hospital Universitario por parte de ciudadanos marroquíes en detrimento de la calidad asistencial y agilidad de sus servicios para los ceutíes y melillenses, hoy me lleva a la reflexión el tema de las edificaciones ilegales, esa especie de vergüenza histórica del urbanismo de dichas ciudades.
No exagero si les digo que creí encontrarme en otra ciudad la última vez que recorrí el Príncipe. Un barrio que, en mi caso, jamás debía de ser un desconocido después de ejercer en él la docencia durante casi una década, muy a mi satisfacción, dicho sea de paso.
Nada más hermoso y deseable para un núcleo poblacional deprimido que crezca y mejore su aspecto con nuevas edificaciones que acaben con estampas de pobreza y marginación. No es exactamente así el caso del Príncipe Alfonso, al que las autoridades de las distintas épocas dejaron alegremente crecer sin el más mínimo control urbanístico, pasando olímpicamente de un problema que podía estallarles en las manos, y que, a la postre, eran conscientes de que podría terminar algún día convirtiéndose en uno de los más serios de la ciudad.
Cualquier ciudadano ha podido ir observando a través del tiempo como iban levantándose indiscriminadamente viviendas y más viviendas sin necesidad de subir al barrio. Simplemente paseando por la bahía sur, camino de la frontera, no digamos ya desde Arcos Quebrados. Cada una a su estilo y adaptada a las posibilidades de sus usuarios, ha sido fácil contemplar como tal disparatado perfil urbanístico crecía y crecía, convirtiendo monte y laderas en una especie de selva de cemento en lo que antes habían sido pequeñas huertas, vaquerizas o chabolas, en terrenos de titularidad militar, municipal o, incluso, privada, igual daba. El improvisado “promotor” levantaba y levanta su vivienda, y ¡viva Cartagena! Algunos, aún a costa de ver atravesada su azotea por un cable de la red de suministro eléctrico, o dando lugar a un dédalo de angostos callejones y vericuetos, tan peligrosos en casos de incendio, evacuación o a la hora de perseguir a los delincuentes. Pero no. Nadie vio nada. Ninguna autoridad pareció reparar en el asunto, como si aquello no fuera Ceuta, dejando el problema para la posteridad. ¿Y ahora qué?
Resultó especialmente ilustrativo en este asunto el testimonio en ‘Callejeros’ de la señora Bussian, “una de las tres únicas personas que tienen escrituras de su suelo”, solar que otros invadieron para levantar sus casas en lo que antes había sido una huerta. Ahí quedaron las lamentaciones, la desesperación y la impotencia de esta buena señora, con el fondo de las crudas imágenes testimoniales del aglomerado de edificaciones surgidas sin orden ni concierto.
El problema es que tal arbitrariedad no es exclusivo de la barriada. Bajo distintas formas se extiende por diversas zonas de la ciudad. En mis largos paseos callejeros me encuentro con imágenes como la que, a modo de ejemplo, ilustra esta columna. ¿Es de recibo tal disparate urbanístico? En lo que fue una estrecha calle que separaba dos cuarteles, uno de la Guardia Civil y el otro del Ejército, surgió este minúsculo pasillo, prácticamente en una zona centrica y al estilo de lo que ha sucedido también en otros puntos en pleno corazón de la ciudad. ¿Legales, ilegales? Lo desconozco. Simplemente me remito a reflejar gráficamente lo paradójico de una estampa tan repetida como en pocos lugares del país sucederá y que habla por sí sola.
Es hora de poner coto a semejantes e imparables situaciones. La consejera de Fomento anuncia que habrá actuaciones físicas de derribo de obras ilegales en poco tiempo. Programados los medios humanos, materiales y legales, según se asegura, esperemos ahora los resultados. Cuántas arbitrariedades no estarían hoy en pie si se hubiera actuado en el momento del arranque de cualquier obra sospechosa. Susana Román, uno de los puntales fuertes del gobierno Vivas, tiene por delante un trabajo importante que no admite más dilación tras recoger de su antecesor en Fomento, Guillermo Martínez, las estrategias y estructuras necesarias para ello. Ya veremos.