Un ‘pinchazo’, un apodo y una acusación

¿Quién es el agente de la Guardia Civil que se sienta desde el pasado martes en el banquillo de los acusados por un delito de blanqueo de capitales?

¿Es como mantiene la Fiscalía un cooperador necesario de un narcotraficante que parecía campar a sus anchas por el puerto, haciendo y deshaciendo a su antojo con tal de que sus coches cargados de hachís nunca fueran interceptados? ¿O estamos ante un cabeza de turco que tuvo que elegir Asuntos Internos después de una investigación fracasada ya que pretendía encontrar en la Compañía Fiscal una auténtica merienda de negros? Si existió realmente esa trama ¿dónde está ese dinero ilícito que nunca se halló? El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta dejó ayer visto para sentencia el caso con el deber de ajustar las respuestas al máximo, después de que el Ministerio Fiscal y las Defensas del matrimonio acusado presentaran sus conclusiones enfrentadas en torno al papel que desempeñaba en 2010 (fecha de su arresto) el agente. Un “trabajador nato”, como lo definieron sus compañeros que “sólo he honrado a mi país”, como él reconoció en su última palabra ante el tribunal, o un implicado más, que habría ingeniado una maquinaria de movimientos económicos a través de distintas cuentas para ocultar ingresos de procedencia ilícita, como dijo el Ministerio Público. Fiscalía mantuvo su acusación solo modificada en cuanto a la multa, después de que Asuntos Internos reconociera en la sesión judicial del pasado miércoles que había cometido un error en su informe. Error que se tradujo en haber entendido la existencia de un patrimonio injustificado inflándolo casi un 40% sobre la realidad. Fiscalía cree que a pesar de que el acusado nunca fue sorprendido en reuniones con el narcotraficante para el que se le acusa de trabajar, había indicios suficientes como para entender la existencia de un blanqueo. Se basó en el pinchazo telefónico que captó en una investigación paralela la UDYCO, en el que una detenida decía que le había interceptado el guardia que trabajaba para un narcotraficante. Lo señalaba mediante un apodo, aunque para la Fiscalía no cabe duda de que con él se referían al acusado. Mantuvo que, tal y como dijo Asuntos Internos, por aquel entonces el narcotraficante se paseaba por la zona de control de la Compañía Fiscal, entrando incluso con su vehículo Porche y deambulando libremente por el lugar. Que nunca se lograran indicios suficientes para vincular al acusado con el narco, lo justificó por el escaso tiempo que se tuvo aval judicial para las intervenciones telefónicas y seguimientos. ¿Y qué pasaba con el dinero que supuestamente recibía a cambio de hacer la vista gorda para que pasaran por el control los coches con hachís del citado narco? Lo movería a través de varias cuentas para que pasaran desapercibidos los supuestos cobros. “Son movimientos sin sentido e injustificados”, señaló en su exposición ante el tribunal. “Buscaban una apariencia patrimonial confusa” para que no se supiera qué es lo que cobraba por canales lícitos y qué no. ¿Pero dónde está ese dinero si el patrimonio investigado no era excesivo ni tampoco se tradujo en un ritmo de vida ostentoso? Fiscalía entiende que pudo haberlo invertido en Marruecos. La exposición del Ministerio Público chocó frontalmente con la presentada por las Defensas del matrimonio imputado, que recordaron cómo el caso ahora enjuiciado llegó a ser archivado en diciembre de 2010, meses después del operativo que motivó el arresto. Luego se reabrió tras que Asuntos Internos presentó su informe económico patrimonial para terminar imputando al agente, “ya que no tenían nada”. Las Defensas definieron el trabajo de Asuntos Internos como un peculiar ‘corta y pega’ plasmado en un informe carente de sentido. 15 tomos de instrucción, miles de folios, meses de investigación sin que Asuntos Internos consiguiera ponerle “nombre y apellidos” a algo, ya que no se consiguió ni una fotografía, ni una intervención telefónica entre el agente imputado y el narcotraficante que lo habría captado. “No tenemos nada, solo hipótesis y cábalas”, espetó. El agente acusado fue señalado en los informes de Asuntos Internos como una “persona de referencia” de redes criminales dedicadas al tráfico de drogas, pero ni siquiera pudieron aportar pruebas físicas de ello basadas en encuentros, decomisos importantes de dinero en los registros domiciliarios o droga en su poder. “De la investigación no se desprende nada”, insistieron, lamentando que el eje neurálgico de la misma fuera un pinchazo telefónico y un apodo que han terminado llevando a su patrocinado al banquillo. Recordaron que la protagonista de esa conversación no reconoció al acusado en ningún momento como la persona que se escondía tras el apodo, lamentando que el “testigo principal” de la Fiscalía fuera “una delincuente” detenida con hachís que “además no reconoce” al agente. Asuntos Internos dio por hecho cosas que no vio, dibujando a la Compañía Fiscal del puerto de aquella época como una especie de zona de caos en la que un narcotraficante era capaz de ejercer cierto poder, cuando, lo cierto, “es que no había nada” y “no se puede demostrar a martillazos lo que no existe”. “Aquí no se está juzgando un delito de blanqueo, sino una economía doméstica, arcaica que no implica que sea ilícita”, añadió, refiriéndose a lo “extraño” que había resultado para Asuntos Internos que el agente tuviera varias cuentas como titular, cotitular o autorizado y efectuara ingresos y retiradas de dinero sin hacer uso, nunca, de tarjetas de crédito o banca-online. “Mi cliente es culpable solo de ser un dinosaurio tecnológico”, dijo. Para las Defensas el informe económico de Asuntos Internos se basa en “conjeturas” sobre movimientos bancarios, echándose en falta un fundamento objetivo del delito. Denunciaron el “error de bulto” al haber elevado el patrimonio sin justificar casi un 40%, provocando que todas las partes fueran víctimas de una estimación económica que no era real. “Basaron su informe en un error”, denunciaron, calificándolo de “tendencioso” después de haber llegado a duplicar hasta conceptos, sosteniendo que tras haber sospechas en la Guardia Civil tras las informaciones del CNP, decidieron detener a alguien y le tocó el ahora acusado. Un economista, auditor de cuentas que declaró ayer como testigo propuesto por las Defensas, aportó una versión totalmente opuesta al informe patrimonial de Asuntos Internos que consideró poco “riguroso”. Justificó que el acusado figurara en varias cuentas así como el movimiento de dinero entre ellas en un tipo de organización familiar “patriarcada”, en la que una cuenta matriz alimenta otras, reflejo de una unidad familiar de educación antigua que ahora podría sorprender. Concluyó que el 86% de ingresos procedía de nóminas y que el 96% estaba justificado, negando que ese modo de proceder de movimiento de dinero entre cuentas o de ingresos y retiradas constantes pudiera esconder una técnica de blanqueo ya que, como método, dijo, sería “absurdo” porque ese dinero ilícito tendría que aflorar por alguna vía y nunca lo hizo.