Un pacto para intentar favorecer a las empresas de nuestra ciudad

El pleno de la Asamblea aprobó en la jornada de ayer un pacto para favorecer al sector de la construcción en nuestra ciudad que viene a significar según el propio consejero de Economía y Empleo, Premi Mirchandani un reforzamiento de las medidas que ya están puestas en práctica después de decisiones aprobadas anteriormente por el pleno o puestas en marcha por el ejecutivo de Vivas.
Mirchandani despejó que la Ciudad Autónoma siempre ha mantenido su esfuerzo inversor desde que Vivas llegó a la Presidencia de la Ciudad Autónoma y que en ese tiempo se puso en marcha la cláusula social que significaba que un cupo importante de los obreros contratados en cada adjudicación realizada por la Ciudad a partir de un dinero determinado tenían que ser desempleados inscritos en las oficinas de desempleo de nuestra ciudad. Igualmente, reflejan que en el aspecto de la formación también se ha cumplido ofreciendo diversos datos y poniendo como colofón la puesta en marcha de la Escuela de la Construcción en el polígono de Loma Margarita.
También recogió que se ha producido una defensa de los intereses de las empresas ceutíes hasta donde se permite en la actual legislación vigente. Y como ejemplo de esta protección a la empresas ceutíes señaló que en los distintos planes de actuación en las barriadas, de los mejor dotados en los presupuestos de cada año, casi todas las inversiones están realizadas por empresas ceutíes.
Este acuerdo alcanzado en el pleno vino como consecuencia de una moción presentada por Caballas y defendido por Mohamed Alí.
El portavoz del primer grupo de la oposición reflejó que la cláusula social que se puso en marcha y que con posterioridad se elevó a un treinta por ciento por petición de su formación política no ha sido eficiente.
En otro orden de cosas igualmente refirió que el sector de la Construcción es un área donde se puede iniciar una rápida contratación, porque no necesita en sus puestos más normales de una capacitación extraordinaria y puede servir para atender la demanda de los sectores de la población más desfavorecidos. Hizo igualmente un llamamiento para favorecer a las empresas radicadas en nuestra ciudad, a la vez que pidió un plan de formación integral. .
Además, reflejó que durante los últimos años la construcción en Ceuta se había mantenido a unos niveles importantes, pero que la realidad actual obliga a empezar buscar soluciones para que no sea un mercado que se pueda venir abajo obligando a un mayor número de parados.
Desde las filas de Caballas se pidió la intervención también de la Ciudad en el sector privado, circunstancia que Mirchardani no veía nada claro.
Le contestó el mismo Mohamed Alí en el sentido de que si en esa mesa se daban cita las fuerzas políticas, las administraciones, sindicatos y empresarios es posible llegar a acuerdos en convenios y en acuerdos que serían también de aplicación en el sector privado.
El consejero de Economía y Empleo, Premi Mirchandani, se comprometió a convocar la primera reunión de esta mesa a la mayor brevedad posible.

Primeras intervenciones de Premi Mirchandani en asuntos de peso

Ayer fue la primera ocasión en que el consejero de Economía y Empleo, Premi Mirchandani, intervenía en una sesión plenaria para abordar asuntos relacionados con las propuestas de los partidos de la oposición, dado que hasta ahora siempre se habían repartido estas cuestiones competenciales de esta Consejería o bien Guillermo Martínez o Francisco Márquez. Ayer lo hizo en dos ocasiones, la primera de ellas para esta cuestión concreta de un gran pacto para el sector de la construcción y la segunda para dar el sí a otra propuesta relacionada con un pronunciamiento sobre la Unión Aduanera.

Márquez pidió que constara en acta su protesta por una intervención

El consejero de Hacienda y Recursos Humanos, Francisco Márquez, expresó su protesta para que constara en acta debido a que el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, le había concedido a Aróstegui la palabra para una cuestión de orden y éste según su propia entender se había salido de lo estrictamente jurídico. Por ello, solicitó al presidente que le concediera la oportunidad de contestar con otro turno de palabra en una cuestión de orden y no le fue concedida en ese caso.

Seis millones de euros se invertirán en el servicio de alumbrado público en un año

La gestión indirecta que hoy en día está en vigor para el mantenimiento del servicio de alumbrado público se ampliará ahora con la obligación de garantizar el servicio energético y la aplicación de las nuevas tecnologías.
Pues bien la nueva empresa de servicios energéticos que sea la ganadora del concurso que realizará en los próximos meses la Ciudad Autónoma deberá invertir el primer año unos seis millones de euros aproximadamente.
El consejero de Hacienda y Recursos Humanos, Francisco Márquez, reflejó que durante los últimos ocho meses un grupo de trabajo compuesto por varias áreas de la Administración han estado trabajando de manera conjunta con el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético) para la puesta en marcha de este pliego de condiciones que permitirá que la Ciudad Autónoma comience a gozar de las funciones de las nuevas tecnologías.
Es un contrato que tiene, de momento, una duración de doce años y que será de un millón ochocientos mil euros anuales. Por parte del PSOE se pidió la posibilidad de rebajar ese período que se consideraba tan largo y por parte de Márquez se reflejó que lo estudiarían, pero que era el tiempo que habían calculado los técnicos para que pudiera revertir en la empresa adjudicataria de los servicios la inversión que está obligada a ejecutar en el primer año.
También quiso dejar claro el mismo consejero que se renovarían más del sesenta por ciento de las luminarias exteriores que dependen de manera directa de la Ciudad Autónoma.
Sin embargo, gran parte del debate en este punto se gastó en un cambio de impresiones entre el mismo proponente, Francisco Márquez y el diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui.
Este manifestaba que se proponía de entrada la gestión indirecta del servicio y que en el expediente no figuraba ni un solo informe donde se establecieran las ventajas y los inconvenientes de adoptar esta fórmula.
El consejero de Hacienda, Márquez, recogió que para la puesta en marcha de estos proyectos con el IDAE la gestión indirecta es ya una obligación y que además ahora mismo el mantenimiento del servicio de alumbrado público ya lo está ejercitando una empresa privada y que lo único que se había era ampliar las competencias.