Un juzgado de Algeciras archiva la denuncia por falsificación de titulaciones náuticas

El juzgado de instrucción número 2 de Algeciras ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa iniciada a raiz de una operación de la Guardia Civil por falsificaciones de certificaciones de titulaciones náuticas que teminó con varios detenidos y más de 150 imputaciones.

La Policía Judicial trabajó durante meses en el operativo, que se encuadró en la lucha contra el fraude a la hora de obtener los permisos. Los primeros pasos se dieron en julio de 2014 y no fue hasta diciembre cuando se dio por terminada la llamada 'Operación Orza'.
Pues bien, ahora, según el auto dictado por el magistrado Manuel Llanos del juzgado número 2 de Algeciras, que fue el que instruyó la causa y a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso El Faro, se cierra la vía penal en este procedimiento aunque se ordena que se dé traslado al Instituto Andaluz de Deporte que es el que tiene la capacidad de abrir un expediente sancionador contra los centros de enseñanza o formación náutico deportiva que fueron investigados por la Guardia Civil. El gabinete jurídico de Ignacio de Castro García ha estado personado en esta causa.
La investigación de la Guardia Civil se inició al tener constancia de que en algunos centros de Algeciras se estaban emitiendo certificados falsos a través de algunos de sus trabajadores y facultativos.En concreto se venía haciendo con las certificaciones de navegaciones y prácticas de radio obligatorias de varios alumnos que, en el fondo, no se habían impartido. Muchos ceutíes cumplían la fase teórica en Ceuta pero luego en vez de realizar aquí las prácticas optaban, en demasiado número, en hacerlo en Algeciras lo que levantó sospechas. Incoadas las diligencias previas en julio de ese año, las investigaciones dieron por terminadas meses después. En el auto en el que se concluye el archivo de la causa en el ámbito de lo Penal se alude a la normativa principal sobre la titulación náutica, que es de carácter autonómica y se recoge en la Orden de 2 de julio de 2009, "por la que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos náuticos que habilitan para el gobierno de embarcaciones de recreo y motos náuticas". Para la obtención de las titulaciones se precisan varios requisitos. Entre ellos resulta obligatorio que se realicen ciertas horas prácticas y, en algunas titulaciones, de radio, que son impartidas en centros de enseñanza ya que tienen que certificarlas.
Los hechos imputados a estos centros tienen encaje, según el magistrado, en una sección concreta del Código Penal (la 3ª del capítulo II, título XVIII, libro II, que regula la falsificación de certificados) y tras su reforma, conforme a la pena que lleva aparejada, "los hechos investigados dejan de ser graves, no constituyendo un delito objeto del procedimiento de diligencias previas o sumario ordinario", concluye en el auto.
La Orden de 2 de julio de 2009 que recoge la normativa sobre titulación náutica establece además que, "en el caso de que se comprobase que los centros incumplen los requisitos o estos se modificasen de forma sustancial durante el desarrollo de las actividades", es el "Instituto Andaluz del Deporte el que suspenderá provisionalmente la actividad de los centros hasta que se subsanen las causas que dieron lugar a la adopción de la medida, y, en su caso, incoará el correspondiente expediente sancionador de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1998 de 14 de diciembre del Deporte", entre otros.
Tras el archivo de la causa el juzgado dará parte al organismo andaluz para que proceda a actuar al respecto. Con esta resolución judicial se echa el carpetazo a un asunto que movilizó a muchos agentes de la Benemérita al objeto de dar con lo que había terminado siendo una costumbre movida al margen de esta normativa.