La ausencia de dos acusados ha obligado a la Audiencia de Granada a suspender hasta hoy el juicio que iba a celebrar contra los siete presuntos integrantes de un grupo que organizó una operación de tráfico de drogas desde Marruecos, entre los que se encuentra un guardia civil de Tráfico de Motril (Granada),
que supuestamente les facilitó información para evitar que fueran sorprendidos por las autoridades y que ahora presta servicio en Ceuta, tal y como publicó ayer Europa Press.
La vista ya había sido suspendida con anterioridad, el pasado 28 de enero, por la incomparecencia de uno de los letrados y la petición de otra de las abogadas de aplazamiento al no haber contado con tiempo suficiente para prepararse el caso, con lo que la Sección Segunda decidió señalarla para este mes de abril. Ayer, sin embargo, la razón de la suspensión fue la falta de dos de los acusados, uno de los cuales se encontraba en “mal estado” en Motril y sin posibilidad de desplazamiento, según informó a los periodistas uno de los abogados de la defensa, que intentó alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.
Los procesados son los identificados como J.M.V.R., alias ‘El flores’ o ‘La gorda’, de 34 años y sin antecedentes; A.J.R.T., alias ‘Bartolo’ o ‘Niño’, de 41 años, y condenado en sentencia firme por un tribunal francés por tráfico de drogas; M.G.P., alias ‘El calvo’, de 46 años, y sin antecedentes; J.J.F.F., de 47 años, sin antecedentes; M.G.S., de 45 años, y condenado en firme por tráfico de drogas; K.S.V., de 39 años, y también condenado en firme por el mismo delito; y A.L.A., alias ‘El coletas’, de 41 años y sin antecedentes.
A todos ellos les atribuye el Ministerio Público un delito contra la salud pública, por el que se enfrentan a cuatro años y medio de prisión, y multas de 10 millones de euros; a lo que se suma otro de violación de secretos, para el agente de la Guardia Civil, que hace frente además al pago de una multa de 10.800 euros y a inhabilitación por tres años; y un tercero de malversación, para un depositario judicial, que podría ser condenado asimismo a tres años de cárcel y multa de 2.400 euros, además de suspensión de empleo o cargo público por tres años.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, en el mes de agosto de 2006 se incoaron por el Juzgado de Instrucción número 1 de Motril diligencias previas que fueron sobreseídas en octubre de ese mismo año al no haber quedado acreditado el delito por el que se seguían. No obstante, en el curso de las investigaciones se tuvo conocimiento de que alguno de los procesados podían estar traficando con sustancias estupefacientes.
Archivadas aquellas diligencias, la Guardia Civil solicitó al Juzgado de Guardia de Motril la intervención y escucha de tres teléfonos móviles usados por los tres primeros inculpados, los identificados como J.M.V.R., A.J.R.T., y M.G.P. Conforme los agentes iban teniendo conocimiento de nuevos teléfonos móviles, también se fue solicitando ante el juez su intervención.
Así, los investigadores supieron que los acusados iniciaban los preparativos para la introducción, procedente de las costas de Marruecos, de un importante alijo de hachís. Así, los procesados se repartieron los diferentes cometidos con el propósito de poder dar entrada por las costas granadinas de una embarcación cargada de hachís y procedente del país alauita.
Dos de los acusados se encargaron de las labores directivas, dando las órdenes oportunas al resto, bien directamente, o a través de otro de los inculpados, así como de la provisión de los fondos económicos necesarios para acometer la operación (compra de la embarcación, GPS, trajes térmicos o gasolina) y de contactar con el proveedor de la droga en Marruecos, una persona no identificada con el nombre de ‘Aljauaría’ o ‘Primo’, con el que estuvieron en contacto por teléfono o en persona. También se encargaron de hacerse con un medio para el transporte terrestre de la droga, adquiriendo de una empresa, de la que es socio uno de los inculpados, un remolque frigorífico (la ‘nevera’, en su argot) para una cabeza tractora, al que practicaron un doble fondo.
El remolque y su cabeza tractora fueron aprehendidos por la policía marroquí junto con 111 kilos de hachís el 30 de mayo de 2007 en Tánger (Marruecos), donde fue detenido su conductor.
El procesado identificado como J.M.V.R. se encargó de labores logísticas, tales como encontrar una embarcación apta para la operación proyectada y un piloto experimentado que la llevara, así como contactar con funcionarios policiales que dieran cobertura a ese transporte, y de la captación del personal de tierra que se encargaría materialmente de la descarga de la droga y la posterior carga en vehículos para su distribución terrestre.
Con fecha 10 de febrero de 2007, este acusado, “ante el temor de ser objeto de investigación policial”, se marchó a Rumanía, si bien telefónicamente siguió realizando las gestiones encomendadas.
El acusado identificado como A.L.A., alias ‘El coletas’, ejercía las funciones de mecánico asegurando el buen estado de la embarcación, que revisó y preparó para el transporte de la droga, ayudándose de otros mecánicos que vinieron expresamente de Algeciras (Cádiz).
Lo primero que acordaron fue conseguir esa embarcación, una 'goma' según señalaban en las conversaciones telefónicas, y, tras diversas gestiones en Motril, el identificado como J.J.F.F., que era depositario judicial de los Juzgados de la localidad, proporcionó una de las que tenía en sus instalaciones, en la finca ‘El Soto’, en Salobreña, a cambio de 80.000 euros.
Otro de los inculpados, M.G.P., de profesión guardia civil y en servicio activo en esa fecha en el Destacamento de Tráfico de Motril y ahora en Ceuta, intervino también activamente en la operación, indica el Fiscal, asumiendo las funciones de facilitar a la organización datos acerca de los movimientos de las patrullas del Instituto Armado, así como información acerca del SIVE. Así, envió un mensaje de texto a J.M.V.R. en el que alertaba del “alcance del radar” o de las cámaras operativas, o le informó de los controles específicos de carretera que llevaría a cabo la Guardia Civil, labores por las que recibió 60.000 euros.
El identificado como M.G.S. compró un GPS para la embarcación y trajes térmicos para sus tripulantes, y preparó el doble fondo del camión que iba a ser usado para el transporte terrestre, que finalmente fue aprehendido; mientras que K.S.V. compró combustible y teléfonos móviles y concretó los términos de la transacción con el contacto en Marruecos.
Finalmente, lograron que la ‘goma’ emprendiera el viaje de ida con destino a Marruecos para la recepción de unos 2.100 kilos de hachís distribuidos en unos 70 fardos de 30 kilos cada uno, el 15 de febrero de 2007, sobre las 20,30 horas. El día siguiente, tras realizar la carga de la droga, se desplegó por los inculpados el dispositivo terrestre para su recepción en las costas granadinas.
Sin embargo, el viaje de vuelta se vio truncado por la aparición sobre las 18,20 horas de ese día de un helicóptero de la Guardia Civil, cuando la embarcación se encontraba a 25 millas de las costas españolas. La sobrevoló y tomó fotografías de sus tripulantes (no identificados), que se asustaron y pusieron rumbo de nuevo a Marruecos, donde descargaron la sustancia y abandonaron la embarcación regresando en barco a España.
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