Un grupo de abogados se querella por los inmigrantes devueltos el 6-F

El Comité René Cassin de abogados de extranjería ha presentado una querella criminal por los inmigrantes subsaharianos que fueron devueltos y en la que imputan a las autoridades políticas o administrativas responsables un presunto delito de impedir el ejercicio de derechos cívicos.

En su querella, presentada ante los juzgados de Ceuta, este comité integrado por abogados andaluces y ceutíes imputa a los querellados no haber ofrecido a los 23 subsaharianos que llegaron a territorio español el 6 de febrero la oportunidad de “solicitar protección internacional o refugio” ni la posibilidad de “exponer de qué país procedían para aplicar, en su caso, el principio de no devolución”.
Otros 15 inmigrantes fallecieron y sus cadáveres fueron localizados en distintas playas, algunas de ellas de Ceuta.
La querella afirma que los hechos “son constitutivos, en principio, de un delito de impedir a una persona el ejercicio de derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes”.
“Las autoridades públicas están obligadas a conocer y cumplir con lo dispuesto en las leyes españolas e internacionales y de la UE sobre el asilo y refugio, la protección internacional y el derecho a la no devolución”, sostienen.
La actitud ante los 23 inmigrantes vulneró, presuntamente, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, la Directiva 2008 del Parlamento Europeo, la Constitución española, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra, la Convención de la ONU contra la Tortura y otros Tratos Degradantes y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Afirma el Comité René Cassin que “el Estado español ni siquiera dio la oportunidad a los migrantes a presentar sus solicitudes y ser oídos, conculcando así los preceptos de obligado cumplimiento a que está sometido el Reino de España”.
Entre otros, piden que se tome declaración como testigos a los guardias civiles que se encontraban prestando servicio en la playa del Tarajal el 6 de febrero y procedieron a entregar a las fuerzas auxiliares o policiales marroquíes a los 23 hombres que llegaron a nado a territorio de soberanía del Reino de España.