Los empresarios se equivocan si buscan en la Plaza de los Reyes una respuesta sobre la reanudación del comercio atípico y el paso de mercancía por el Tarajal II, porque las llaves las tienen las autoridades del vecino país y, como hemos dicho en más de una ocasión, las autoridades de Marruecos han decidido acabar con un comercio que no paga impuesto y no genera riqueza en su país.
No ha sido una decisión fácil para Marruecos, porque miles de personas viven de este comercio irregular y, precisamente por ello, las autoridades trazaron una hoja de ruta para acabar poco a poco con este comercio. Comenzaron con prohibir bultos pesados a pie, después con controles de carretera para intervenir la mercancía de los coches patera, continuando con inspecciones y decomisos en los comercios de Castillejos, Tetuán y otras localidades.
La hoja de ruta trataba de asfixiar poco a poco esta actividad para que los ciudadanos marroquíes que viven de este comercio fueran asimilando que esta forma de vida había llegado a su fin. Esto era lo que pretendían y lo han conseguido, porque no son pocos los ciudadanos marroquíes que, venidos de otras ciudades para dedicarse a esta actividad, han retornado a sus localidades de origen sabedores de que vivir de este comercio es misión imposible.
Como decía, Marruecos trazó una hoja de ruta para minimizar el impacto social del cierre total del comercio atípico, pero a este lado de la frontera nada se sabe de cómo podrán subsistir las personas que viven del mismo. Nada se ha hecho, aunque mucho se podría hacer, porque hay miles de marroquíes que trabajan legalmente en Ceuta y Melilla. Marroquíes que trabajan en la construcción y miles de mujeres como empleadas de hogar con sus contratos en regla. Unos puestos de trabajo que tendrían que ser ocupados por ceutíes y melillenses, porque muchos de estos empleos no necesitan una especial cualificación.
Hasta ahora hemos hablado de ciudadanos extranjeros que trabajan legalmente, pero existen miles sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Este ocurre en dos ciudades que están a la cabeza de trabajadores desempleados. Una realidad incuestionable que pone en evidencia que las autoridades españolas no están protegiendo a los ciudadanos desempleados en ambas Ciudades Autónomas, porque las medidas para acabar con estas irregularidades son insuficientes por no decir nefastas.
La pregunta sería: ¿por qué no trabajan las ceutíes y melillenses como trabajadoras de hogar si hay miles de extranjeras aseguradas? La respuesta es sencilla, porque a pesar de estar aseguradas las trabajadoras transfronterizas siguen siendo explotadas con jornadas de trabajos interminables. Señoras que llegan a los domicilios a las siete y media de la mañana y finalizan después de las seis de la tarde. Esa es la razón, no que no quieran trabajar, ni que no estén preparadas, ni que sean unas flojas.
El jueves pasado el portavoz del Consejo de Gobierno del Reino de Marruecos informó de que la situación del comercio atípico volverá a la normalidad en breve. Puede que sea cierto, porque la normalidad es ir agotándolo poco a poco hasta que implemente la última medida que acabará con el comercio atípico, como acabaron en Ceuta y Melilla con las antiguas matuteras. Se trata de abrir la puerta a la importación de estos productos evitando que en nuestras ciudades sean más baratos.
Lamentablemente vivimos en una ciudad con una gran fragmentación social; por un lado, funcionarios con sueldos dignos y, por otro lado, ciudadanos sin empleo o con trabajos precarios que difícilmente llegan a final de mes. Ante esta situación no estaría mal formar a nuestros jóvenes en las profesiones demandadas y, por otro lado, que la inspección de trabajo y la Delegación del Gobierno implanten medidas para que las trabajadoras transfronterizas no sean explotadas, porque sólo con estas medidas podrán trabajar y cotizar las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país.
Se trata de reinventarnos, de tener un plan para que nuestros jóvenes no tengan que emigrar. Se trata de proteger los derechos de nuestros nacionales y, por supuesto, acabar con la explotación silenciosa de los trabajadores marroquíes en ambas Ciudades Autónomas.