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UGT de Ceuta va a interponer durante los próximos días tres acciones judiciales contra la nueva estructura del Gobierno de la Ciudad, una por lo penal contra Vivas y su consejero de Hacienda, Alberto Gaitán, por la presunta comisión de un delito de prevaricación; y dos recursos contencioso-administrativos frente al nombramiento de siete viceconsejeros no electos y ocho directores generales que no son funcionarios de la Administración local. En rueda de prensa, el responsable de los Servicios Jurídicos de la central, Ramón Lladó, ha explicado junto al delegado sindical Antonio Ramírez que con esos quince eventuales se habría vulnerado “tanto la Ley de Bases de Régimen Local como la Constitución”, ya que según recordó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya ha dictaminado que “es ilegal e inconstitucional” que personas no electas entren a formar parte de la estructura del Consejo de Gobierno. El Ejecutivo de Juan Vivas ha presentado un recurso de casación contra esa sentencia ante el Tribunal Supremo que actualmente está pendiente de resolución. Ramírez ha tildado de “bastante grave e irresponsable” que el Gobierno del PP haya recuperado la figura de los viceconsejeros no electos sin esperar a conocer el veredicto del Alto Tribunal, que el letrado ha dado por hecho que no le limitará a pronunciarse sobre la “legitimación activa” de la central sino también “sobre el fondo”. En relación con los directores generales, figura que en el nuevo Gobierno incluye a 16 personas, la mitad personas que no son funcionarias de la Administración local, Ramírez y Lladó han subrayado que la Ciudad debe asumir “íntegras” sus retribuciones, que han situado “alrededor de 90.000 euros al año”, mientras “la carencia de recursos humanos de la plantilla es tal que no hay ni notificadores para tramitar las multas”. En tercer lugar, UGT va a interponer un procedimiento por presunta prevaricación contra Vivas y Gaitán por el nombramiento a finales de junio, “antes de que se constituyese la nueva Corporación”, de cuatro eventuales. "Lay legislación es clara cuando establece que el Pleno debe marcar el número, las características y las retribuciones del personal eventual, algo que no se había hecho cuando se formalizaron esos nombramientos", ha remarcado Lladó, que ha reprochado al PP que durante años haya aprobado distintos Reglamentos nuevos y cambiado nombres de cargos para intentar burlar las "exigencias legales".
Desarrollo reglamentario "ilegal"
El sindicato también considera “ilegal” el desarrollo reglamentario que durante la pasada legislatura aprobó el PP para separar los 25 asesores que como máximo legal se pueden nombrar a disposición de los Grupos Parlamentarios y la Mesa Rectora de la Asamblea de los cargos de libre designación dependientes directamente del Gobierno local. Ramírez ha cifrado en “más de 70 personas” las que percibirán sueldos públicos como cargos políticos durante los próximos cuatro años incluyendo al presidente y sus siete consejeros, los viceconsejeros (7), los directores generales (16), los asesores de los Grupos Políticos y la Mesa Rectora de la Cámara (25), el personal eventual del propio Gobierno (17) y los gerentes de organismos autónomos y sociedades municipales todavía por designar. El sobrecoste en nóminas con respecto a la pasada legislatura se ha cifrado en “unos 2 millones de euros al año”. El sindicalista ha cargado igualmente contra la no ocupación con todas las de la ley, a su juicio, de los puestos de la Secretaría General y la Intervención, cuyos titulares entiende que no vigilan al Gobierno como deberían por depender sus puestos de Vivas, y ha pedido a los partidos políticos con representación en la Asamblea, ahora que el PP no tiene mayoría absoluta, que fuercen la devolución al Pleno de las competencias de personal y que asuman el protagonismo en los Juzgados en los casos en los que al sindicato se le prive de legitimación para actuar.