La cadena de reacciones ante lo ocurrido en el
puerto, con la batalla campal entre inmigrantes que llevó a intervenir a las fuerzas de seguridad, no ha hecho más que comenzar. Ahora es
UGT, a través de su Federación de Transportes, la que exige seguridad para todos los trabajadores, recordando que hay empresas que se van a negar a operar por el nivel de inseguridad reinante. La primera Cepsa, que ha anunciado al sindicato que deja de suministrar combustible en Poniente mientras sus trabajadores no tengan unas condiciones mínimas de seguridad. El sindicato alude a las “
altas dosis de inseguridad”, con “grandes tumultos de personas que campan a sus anchas por zonas donde pasan tuberías cargadas con combustibles inflamables y por donde se hacen operaciones con mercancías peligrosas”, advierte. UGT dice que estas operaciones pueden verse “comprometidas” por esos asentamientos y abordajes, recordando que incluso se hacen fuego a la vista de toda la comunidad portuaria que “vive con asombro esta situación”. Los trabajadores afectados son muchos: transportistas, amarradores, consignatarios, concesionarios, suministradores de combustible… quienes “no deben ir al trabajo con temor a ser agredidos, ni trabajar en un contexto que parece más bien una zona de conflicto de cualquier país tercermundista que un puerto comercial, como consecuencia de todo lo que lleva ocurriendo en los últimos meses”. Y es que pasar ha pasado ya demasiado: trabajadores con puntos de sutura al recibir pedradas, apedreamientos a vehículos, menores fallecidos, batallas campales…. “En el puerto confluyen muchas administraciones, cada una competente en las materias que le asigna el ordenamiento jurídico. La Administración General del Estado tiene competencia en orden público y extranjería, no puede dejar la Delegación en manos del Puerto la resolución de sus propias competencias porque esta no tiene recursos”. Exige aumento de las fuerzas de seguridad ya que las batidas puntuales “no son suficientes”, reclamando a Delegación que sea consecuente con la ciudad dotando unidades permanentes para prevenir estos conflictos. “Unos pocos guardias civiles y policías portuarios no pueden contener la necesidad de centenares de personas, esto es un problema nacional y, por ende, del Estado”. UGT advierte de que el puerto se ahoga y pone de ejemplo la decisión de Cepsa y advierte de que las escalas irán bajando por la inseguridad. “El puerto es una frontera más y como tal debe ser tratada por la Delegación del Gobierno”, concluye. Advierte además que las detenciones que se están haciendo de nada sirven si no existe un plan de actuación rápido.