UGT ha anunciado este viernes una serie de medidas tras conocerse la sentencia del TSJA, que condena a varios altos cargos de la Ciudad, entre ellos Juan Vivas, a devolver el dinero abonado en concepto de indemnización por residencia. Entre las acciones administrativas y legales que va a tomar el sindicato está llevar por la vía penal al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, para así poder conocer cuánto ha percibido por estos “pluses” por residencia desde el año 2003.
Ramón Lladó, responsable de los Servicios Jurídicos de la UGT, ha argumentado que la vía penal es la única para poder exigir “las retribuciones de Vivas” anteriores a 2013. Sobre la sentencia del TSJA, que llegó tras una demanda presentada en mayo de 2017 por Ciudadanos Ceuta, se han mostrado “satisfechos”. En base a lo dictado, han insistido en que la Ciudad “debería devolver” las cantidades en concepto de residencia desde ese año y hasta la actualidad.
Además, y en base a lo dictado por el tribunal andaluz, el sindicato impugnará las bases de los Presupuestos de la Ciudad correspondientes a 2020. Lladó ha explicado que se puede realizar por “vía directa” ya que aún no se han cumplido los dos meses de plazo máximo en los que se pueden realizar objeciones.
No obstante, Lladó también ha añadido que se impugnarán las bases relativas a los conceptos de residencia y antigüedad de “los presupuestos de 2018 y 2019”.
Con estos motivos, UGT presentó este jueves dos escritos en el Ayuntamiento para solicitar los listados de cargos que hayan cobrado este importe desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2019. El Consistorio tiene un mes de plazo máximo administrativo para facilitar dicha información.
Si UGT considera que “ha percibido retribuciones al margen, lo llevaremos al Juzgado de Instrucción”, ha advertido Lladó.
Antonio Ramírez, portavoz del sindicato, ha acusado a Vivas de “ocultar de los presupuestos sus retribuciones reales”. Ha acusado al Gobierno de solo mostrar las retribuciones correspondientes a residencia a partir del año 2017. “Cuando se implantó el portal de transparencia”, en opinión de Ramírez.
Añadidas a estas acciones, UGT prevé presentar un escrito en Delegación del Gobierno en el cual instan al Estado a que ponga en marcha “a la Fiscalía o a la Abogacía del Estado” para que investigue las cuentas del Ayuntamiento.
Por último, han comunicado que se dirigirán “al Pleno y a todos los grupos políticos para que se devuelva el dinero”.
Una cantidad que, estima UGT puede superar, entre 2018 y 2019, “el medio millón de euros”.
Además, Ramírez ha añadido que exigirán a la Ciudad “que se abran las plazas de interventor y de secretario de carrera”. Precisamente una de las irregularidades que anuncian tiene que ver con lo que Ramírez ha señalado: “Llevamos 20 años sin interlocutor”, en referencia a la figura del interventor de la Ciudad.
Creen que la falta de un funcionario que ocupe este cargo desde hace dos décadas ha provocado los actos de “evidente mala fe” que creen ha realizado el Consistorio.
Achaca a la falta de un interventor, en su opinión, a que en el Ayuntamiento “no existe legalidad”. Ramírez ha insistido en esta figura para que regule cuestiones como que, en los últimos presupuestos, “han destinado cero euros a los funcionarios”.
El Gobierno de la Ciudad ha anunciado que al no ser firme la sentencia del TSJA va a recurrir ante instancia superior, en este caso el Supremo. Tienen claro que “cumpliremos la ley” y rechaza la existencia de “problemas éticos” porque “hay derechos reconocidos” por el Estatuto de la Función Pública. De momento están “recabando informes jurídicos” para saber el alcance de esa sentencia que fue dada a conocer esta misma semana por Ciudadanos. Al estar en ese trámite aún se desconoce si este mes se cobrará ese complemento o no. “Cuando recabemos los informes sabremos qué hay que hacer”, ha detallado el portavoz del Ejecutivo, Alberto Gaitán a los periodistas.
El Ejecutivo no ha contestado específicamente a UGT tras la rueda de prensa ofrecida este viernes puesto que ni tenía conocimiento todavía de las peticiones presentadas por registro. La sentencia declara la nulidad de la base de ejecución de los Presupuestos lo que afecta a la indemnización por residencia cobrada por algunos miembros del Gobierno pero no establece una condena. Es por ello que desde la institución municipal se está buscando asesoramiento para saber qué postura van a adoptar. El Supremo ha reconocido en sentencia reciente la capacidad que tiene la propia Ciudad de organización y control de funcionamiento de servicios.
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