La
UGT ha presentado una demanda contra el Gobierno autonómico por presunto incumplimiento de las distintas sentencias judiciales de Juzgados de lo Contencioso de nuestra ciudad y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en relación con el
nombramiento de cargos públicos como viceconsejeros o asesores.
En una nota de prensa emitida por la UGT se dice que “como ya adelantábamos en el comunicado que emitimos el pasado 18 de mayo sobre la sentencia de los asesores, en el que decíamos que los servicios jurídicos estaban elaborando una denuncia por el incumplimiento reiterado del Ejecutivo Local de las sentencias judiciales y que finalmente fueron calificadas por el propio Tribunal Supremo de fraude de ley, dichos Servicios Jurídicos han terminado de elaborar dicha denuncia”.
La citada denuncia ha sido presentada en el
Juzgado de Primera Instancia de Instrucción nº 4, dada la imposiblidad de acudir a cualquier otro medio, “por la contumacia del presidente Vivas en intentar eludir el cumplimiento de las variadas sentencias en su contra por el desmesurado nombramiento de cargos que, como bien ha quedado demostrado en los Tribunales no se ajustan a derecho".
Señalan que ante “la pirueta de cambiar las denominaciones de todos estos puestos de confianza para prolongar en el tiempo el incumplimiento de sentencias firmes, habiendo llegado al culmen de hacer esta misma operación con una Sentencia del Supremo en Casación, e incluso lo sucedido la semana pasada en la que con una sentencia en contra del Contencioso nº 1, sobre el exceso de asesores se atreven a multiplicarlos por dos, por mucho que pretendan dividir la jornada y en una situación crítica de la economía local, nos ratifican en la idea de que el desapego a la Ley de este Ejecutivo es patente”.
Por esta razón han decidido poner en conocimiento de la jurisdicción competente para que actúe en consecuencia “y se le impida al Gobierno del señor Vivas seguir dilapidando recursos públicos a pesar de tener sentencias en contra. Esperamos que la justicia intervenga en beneficio del bolsillo de los ciudadanos y que se acabe de una vez con estas tretas para eludir la acción de la justicia ya que entendemos que pueden ser constitutivos de prevaricación, malversación de caudales públicos y estafa procesal”.