El área de Servicios Públicos de
UGT de Ceuta celebrará este miércoles a las 19:00 horas una asamblea abierta dirigida tanto a funcionarios como personal laboral, para informar sobre las líneas maestras del ‘Acuerdo Marco para una
Administración pública del siglo XXI’, entre las que se encuentran la amortización del IPC, la restitución de derechos y la mejora de las condiciones de
trabajo. Antonio González, coordinador del Área de Función Pública de UGT Servicios Públicos, ha destacado la reclamación que se da desde la formación sindical por el 20% de plazas vacantes de empleados públicos que tiene la Administración General del Estado en Ceuta, siendo esta muy superior a la media nacional, en torno a un 13%. En cuanto a estos datos, el número de plazas de funcionarios es de 764, de las cuales 140 son vacantes no cubiertos. Por otra parte, las plazas cubiertas de personal laboral son 386 y 120 no cubiertas. El total de empleados públicos de la Administración General del Estado sin contar las Fuerzas de Seguridad ni las Armadas en la ciudad autónoma es de 1.410. “Esto supone un déficit de trabajadores muy importante en servicios esenciales como SEPE, Defensa o Interior, además de una sobrecarga de trabajo para las personas que actualmente forman la plantilla de esta Administración”, ha indicado González, que además ha advertido que en 5 años el 50% de esta “ya tendrá edad para jubilarse, por lo que se agravará mucho más si no se hace una reposición importante”. Asimismo, ha explicado que Ceuta no tiene mucha demanda para los funcionarios públicos debido a que “al ser a nivel nacional, a muchos de los opositores se les hace muy difícil desplazarse a Ceuta debido a la gran distancia a la que se encuentra y que muchos de los que llegan aquí son de Cádiz o Málaga”.
Otro punto importante de su exposición ha sido la petición de una Carrera Administrativa horizontal para que los empleados que tienen vinculación con Ceuta “no se vean obligados a marcharse porque ascienden y ese puesto no se encuentra vacante en la ciudad, de ahí al importancia de la horizontalidad”. Por último, ha aclarado que la lucha por un Real Decreto para el teletrabajo también es un punto necesario ya que actualmente solo se encuentra el plan para el ahorro energético, “que tiene fecha de caducidad”. Además, ha comentado la necesidad de que la nueva ley de Función pública vea la luz, ya que “la legislación actual es muy dispersa en este sentido y el estatuto básico de los trabajadores públicos es muy disperso y no responde a las necesidades actuales”. En este sentido, González ha aclarado que esta tarde en la asamblea hablará detalladamente sobre todos estos temas y sobre los beneficios de este ‘Acuerdo Marco para una Administración pública del siglo XXI’.