UGT denuncia el “incumplimiento sistemático” de la Ciudad sobre la RPT

La  Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT) entregó ayer en el Registro General del Palacio Autonómico la reclamación previa al contencioso administrativo por el “incumplimiento sistemático” de la Ciudad Autónoma al no aprobar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) tanto para el personal funcionario como para el laboral de la administración local, tal y como explicó el secretario general de esta Federación, Juan Carlos Pérez, en declaraciones a los medios nada más entregar dicho documento.
Para el máximo responsable de la FSP-UGT en la ciudad autónoma, la “gota que ha colmado el vaso de la paciencia” de este sindicato ha sido “las palabras del presidente al decir que es un documento conveniente pero no imprescindible”. Así, Pérez manifestó que la organización sindical a la que representa “entiende que el cumplimiento de una ley no es que sea imprescindible o deje de serlo, sino que es obligatorio”.
El secretario general de la FSP-UGT dijo que la ley 30/84 de 2 de agosto de 1984 “lo dice claramente y obliga a todas las corporaciones locales y administraciones a tener una RPT, incluso en la última ley, el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobada el 7 de 2007, da potestad a la Ciudad Autónoma para aprobar esa relación”.
La FSP-UGT no entiende que en leyes que “van en contra de los derechos de los trabajadores y de los funcionarios, como los recortes salariales o la paralización de la oferta pública de empleo, el cumplimiento sea inmediato y que sobre una ley que se debería haber cumplido hace 26 años el Ayuntamiento haya hecho muchas promesas y nunca lo haya cumplido”.
Pérez adelantó que con este proceso emprendido la organización sindical que representa pretende “o sentar al Ayuntamiento en una mesa negociadora verdaderamente con ánimo y fe de negociar con los sindicatos la RPT, o que el juez la siente y dictamine”.
La RPT es una larga reivindicación sindical ya que las centrales consideran que es un instrumento útil que beneficiaría tanto a los empleados públicos como a la administración local. Además, recuerdan que es, por ley, una obligación.