UGT, a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación, ha denunciado de manera pública una presunta “estafa” del Gobierno de la Ciudad, acusándole de ocupar contratos temporales de colaboración social para cubrir puestos estructurales de la Administración ceutí a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). “Desde la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo se ha vuelto a perpetrar una nueva estafa a los desempleados especialmente, y en general, a toda la sociedad, al volver a utilizar la Colaboración Social de manera fraudulenta para cubrir puestos estructurales de la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta”, expresaba la central. Señalan que una vez que la Ciudad ya no va a gestionar los Planes de Empleo, con los que supuestamente cubría este tipo de plazas estructurales que deberían asignarse mediante una Oferta de Empleo Público, UGT ha tenido conocimiento de que el consejero de Economía ha solicitado del Servicio Público de Empleo 178 parados en colaboración social para destinarlos a diversos servicios de la Ciudad. El sindicato tacha de “escándalo” que la Ciudad “reincida en estas prácticas fraudulentas” que consideran un perjuicio a los ciudadanos que aspiran a lograr un empleo en la Administración, así como a los desempleados que son contratados bajo este tipo de sistema, “que se ve obligado a realizar tareas por un salario de miseria, que ni siquiera llega al salario mínimo interprofesional”, señalando además que con este tipo de contratos el trabajador pierde días de cotización. “No se cotiza a la Seguridad Social y no le vale el tiempo trabajado para futuras prestaciones y se estafa, por tanto, también a la Seguridad Social que no recauda por un trabajo que debería cotizarse y por ende se perjudica a las arcas públicas, ya que se utiliza un dinero público para un fin perverso, cubrir necesidades estructurales con desempleados indefensos a los que se les paga menos de la mitad de lo que está cobrando el empleado público que tiene a su lado y sin beneficio alguno de cotización o de futuras prestaciones, es decir, se realiza un mal uso de fondos públicos”, acusó UGT. Aseguran que es una práctica ya conocida, señalada y “ratificada” por la Inspección de Trabajo, por lo que de ser así, inciden en que el consejero de Economía, cuando solicita esos programas de colaboración social al SEPE, es supuestamente consciente de que está realizando unas actuaciones que pueden tener “series repercusiones legales”. Desde UGT han puesto a trabajar a su gabinete jurídico para evitar que se cometa “semejante tropelía” y que se tomen las acciones legales oportunas contra los responsables de este posible fraude.